Hay cinco entidades principalmente de las que la población escapa en busca de mejores condiciones de vida: Estado de México, Guerrero, Tamaulipas, Michoacán y Chiapas. Estos lugares, además son los cinco estados con mayores números de desplazamiento forzado, un fenómeno violatorio de los derechos humanos en el que las condiciones de vida -principalmente los hechos de violencia y toda la actividad criminal en sí- obligan a las personas a dejar sus hogares y emigrar a otros sitios del país.
Para los especialistas, aunque la violencia a la que nos enfrentamos ahora inició en el periodo de Felipe Calderón, ésta ha continuado al grado de que hay municipios donde el Estado de Derecho es inexistente, situación que se complicado aún más por la pandemia, afirma la especialista en migración Eunice Rendón.
La publicación de la Segob “Contextos. Investigaciones sobre movilidad humana” realiza por vez primera un análisis de la migración interna en nuestro país desde que inició la llamada guerra contra el narcotráfico.
En el documento se detalla que se determinaron estas cinco entidades porque se identificó a través de la Encuesta Nacional de la Dinámica Demográfica (ENADID 2018) un alto volumen de personas que declaró haber cambiado de lugar de residencia a causa de la violencia o la inseguridad.
Se habla también de que es un fenómeno en el que tienen que ver muchas causas, como la falta de empleos, a las que además se agregan los asuntos derivados de la inseguridad.
“Las personas migran a causa de las desigualdades generadas por los modelos de desarrollo caracterizados por la escasez de trabajo o la mala remuneración.
“En la actualidad, a estos factores se suman el crecimiento de la inseguridad y de la violencia, así como la degradación del medio ambiente y el cambio climático”, refiere la publicación.
La migración interna causada por la inseguridad, de acuerdo con el informe, se caracteriza por ser el resultado de un conjunto de procesos relacionados con las múltiples violencias que se producen en los lugares de origen, incluida la de género.
Entidades inhabitables por violencia
El informe indica que en el Estado de México es posible que, dado el contexto de violencia y el aumento constante en la comisión de delitos, las personas que habitan en esta entidad se hayan visto en la necesidad de migrar a otras zonas del país o, en algunos casos, hayan optado por la movilidad internacional.
“El Estado de México tiene flujos migratorios hacia 13 de las 32 entidades del país, aunque ninguna de ellas de la frontera norte.
“Así, 22 mil 152 personas han migrado del Estado de México hacia otra entidad, sobre todo a Guanajuato e Hidalgo, dos estados donde el tema de la violencia comienza a hacerse presente, seguido por flujos hacia Querétaro y Tlaxcala, mientras que el resto de la movilidad se dividió entre Aguascalientes, San Luis Potosí, Ciudad de México, Morelos, Puebla, Oaxaca, Chiapas, Yucatán y Quintana Roo.
“Por otro lado, el Estado de México solamente recibió de Ciudad de México y de Guerrero a 2 mil 396 personas por causas de violencia o inseguridad”, explica la información.
La guerra contra el narcotráfico devino en la ramificación de cárteles como el de los Beltrán Leyva en Guerrero.
“Esa estrategia provocó la división de los grandes cárteles mexicanos en células locales. En Guerrero, la fragmentación de la organización de los Beltrán Leyva dio origen a varias organizaciones pequeñas, lo cual, a su vez, implicó un cambio en el modo de operar del crimen organizado en el estado y ello impactó en los niveles de incidencia delictiva de la entidad”, refiere el estudio.
En 47 de 81 municipios que tiene el estado se ha identificado la presencia de algún cártel de la droga.
En lo referente a Tamaulipas, en donde la violencia comenzó a recrudecerse en 2005, fue hasta 2010 que se dio un punto de quiebre, debido a que se agudizó la confrontación por el control de rutas y territorios entre los Zetas y el Cártel del Golfo.
“Los Zetas comenzaron a ganar territorio y a caracterizarse por la violencia con la que lo hacían. Aterrorizaban a sus enemigos, torturaban a sus víctimas y masacraban de forma indiscriminada a personas migrantes.
“Además de estos eventos, se han presentado otros que han alertado a la población y que han convertido algunas zonas en ciudades fantasmas”, explica el documento de Segob.
Respecto a Michoacán, el informe que indica que el estado ha mantenido una imagen que lo ha colocado, desde los años 90, como una entidad violenta, pero es necesario analizar el contexto local para identificar que, aunque la violencia ha sido constante, las formas en las que ésta se expresa se han ido modificando con el paso del tiempo.
“Aunque no se puede establecer una relación causal para explicar la dinámica de las distintas formas de violencia expresadas en el índice delictivo de alto impacto, es posible observar la sincronía del aumento o disminución de estas cifras con la presencia de grupos del crimen organizado, los conflictos territoriales y las violaciones a derechos humanos”.
Estas dinámicas tienen sincronía con la aparición en los siguientes años de más grupos del crimen organizado, en específico Los Caballeros Templarios en 2011, seguido del surgimiento de grupos de autodefensa, dice el estudio.
En Chiapas, desde la década de los 70, se han resentido situaciones como la presencia de grupos paramilitares, además, conflictos territoriales, políticos y religiosos han marcado de forma importante la movilidad de las personas. Como muestra, el conflicto armado de 1994 que dio origen al Ejército Zapatista de Liberación Nacional (EZLN).
“Aquí se presenta un mayor número de enfrentamientos derivados de conflictos territoriales, étnicos y religiosos. Es decir, las causas de la violencia son diferentes en cada caso y, por ello, debe tomarse en cuenta la forma en que impactan a las personas cuando, de acuerdo con cada situación, deciden buscar nuevos lugares de residencia”, se lee en “Contextos. Investigaciones sobre movilidad humana” de la Secretaría de Gobernación.