Estancados en pobreza

De acuerdo a la evaluación del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS) y del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FISMDF), operados por la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), una deficiente aplicación de estos recursos no permite reducir los índices de pobreza extrema.

Ambos fondos están compuestos de recursos de la Federación que son enviados directamente a los municipios para realizar obras que ayuden a eliminar la pobreza con obras que doten de infraestructura y servicios básicos en las comunidades.

Este Fondo es la vía principal para financiar la obra pública local en municipios rurales y semiurbanos.

En el 2015, los recursos del FISMDF ascendieron a 51 mil 411 millones 545 mil 750 pesos.                    
En ese caso, las obras que cumplen el perfil del Fondo son de agua potable, drenaje, urbanización, electrificación rural, infraestructura básica del sector salud y educativo, mejoramiento de la vivienda, mantenimiento de la infraestructura pública y alimentación.

Sin embargo, los municipios utilizan el dinero en obras que muchas veces no sirven para ese fin.

En la evaluación, que fue enviada por la Sedesol a la Cámara de Diputados, se establece que la falta de profesionalización del personal que labora en los municipios entorpece la aplicación de los recursos.

“La carencia o deficiencia de un archivo municipal con los expedientes de obras requiere de una profesionalización del personal municipal responsable del ejercicio de los recursos del Fondo”, establece el informe de evaluación del FISMDF, realizado por la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

Esta deficiencia de preparación incide no solo en la falta de un archivo sobre los proyectos, sino en la hechura de planes a largo plazo.

Por regla general, cada vez que cambia una administración municipal, cambia también el personal que labora en los Ayuntamientos, lo que no permite la continuidad en los proyectos y acciones de los gobiernos locales.

A esto se suma que, de acuerdo a la normatividad vigente, para la asignación de dinero del FISMDF no se requiere demostrar que se cuenta con los recursos humanos y tecnológicos necesarios, así que en ocasiones, cuando llegan las asignaciones, los gobiernos no tienen la capacidad de llevar a cabo los proyectos.

Aunado a ello, la brevedad en la duración de los cargos limita el alcance de los planes de obra que se hagan para el periodo de gobierno.

Así, se priorizan obras que sean rápidas de realizar en lugares cercanos a los centros urbanos, en vez de fomentar el desarrollo de partes más marginadas de las localidades.

A esto se suma la falta de un plan integral que permita desarrollar todos los sectores de las comunidades donde operan estos Fondos.

Por lo regular, las obras se realizan con materiales que no provienen de la región donde se llevan a cabo, lo que limita un desarrollo potencial de toda la zona.

“El desarrollo de obra pública también posibilita la creación de empleo temporal empleando fuerza de trabajo y materiales de construcción locales; por tanto, en la autorización de las obras, debe privilegiarse el abastecimiento de recursos y materiales locales y no simplemente de abastecedoras locales, quienes fungen como intermediarios de otras regiones”, establece el informe.

Estos programas se encargan de disminuir los índices de rezago en las comunidades. Se calcula, por ejemplo, que en el año 2010, el 28.7 por ciento de las viviendas carecía de drenaje conectado a la red pública; el 29 por ciento no estaba conectada a la red de agua potable.

El uso electoral

La falta de personal y capacitación no es lo único que detiene la efectividad total de los programas financiados con recursos de estos fondos.

La evaluación al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social (FAIS), realizada por la consultora Politeia Centro de Estudios en Asuntos Públicos, expone que los políticos se enfocan más en la obtención de beneficios electorales en lugar de atacar el rezago de su población más marginada.

“Los resultados de algunas investigaciones sobre la distribución del FAIS sugieren que aunque la fórmula de distribución está basada en los niveles de pobreza y la intención de proveer infraestructura a las comunidades más marginadas, dicha distribución es definida por el tamaño de la localidad, que a su vez puede estar motivada políticamente dado que las poblaciones más grandes son más rentables durante el proceso electoral”, sostiene la consultoría.

A esto se suma la falta de transparencia en el ejercicio de los recursos de este fondo.

En enero del 2015, por ejemplo, la Sedesol dio a conocer que 92 municipios del país no habían dejado claro en qué gastaron más de 7 mil millones de pesos que les fueron asignados para obras del FAIS.

Otra falla del programa es que los gobiernos locales no trabajan en conjunto con la comunidad.

La evaluación de los programas reveló que en la construcción de las obras y los proyectos no participan todos los sectores que podrían hacerlo, lo que limita su alcance.

“La participación de actores como asociaciones de empresarios, asociaciones religiosas, comités vecinales, ejidatarios y otras organizaciones no gubernamentales sumarían a la preparación de diagnósticos que reflejaran con una mayor certidumbre las necesidades de la población, así como las posibles soluciones para los problemas de servicios básicos”, sostiene el estudio.

Para el 2015, los recursos asignados al FAIS fueron de 58 mil 502 millones de pesos.