La instrucción de López Obrador para que los nuevos mandatarios no sean “tapaderas” de los salientes contrasta con el visto bueno que él mismo dio de algunas administraciones de la oposición, a cuyos titulares incluso invitó a integrarse al Gobierno federal luego de transiciones mucho más tersas de las que se han registrado en entidades donde los exgobernadores asumieron posturas más críticas contra él.
El caso más destacado es el de Quirino Ordaz, exgobernador priista de Sinaloa a quien López Obrador ofreció la embajada de México en España por su “buen trabajo”, pese a que él mismo, como dirigente nacional de Morena, lo acusó en la campaña de 2016 de corrupción y de querer ser gobernador “para seguir robando”. Mientras que Rubén Rocha, hoy mandatario morenista, señaló a Ordaz de financiar una “campaña negra” en su contra.
Situaciones similares ocurrieron en Guerrero, con el priista Héctor Astudillo, y en Nayarit, con el panista Antonio Echavarría, a quienes López Obrador ofreció un lugar en su gobierno tras entregar sus estados a Evelyn Salgado y Miguel Navarro, respectivamente.
Incluso el titular del Ejecutivo ha llegado a hacer la misma invitación a Mauricio Vila, mandatario en funciones de Yucatán hasta 2024 y quien fue incluido como presidenciable de Acción Nacional para dicho año.
José Manuel Urquijo, estratega político por la Universidad George Washington, recalca esta contradicción, considerando que “hay un doble mensaje político. Por una parte dice ‘sí, investiguen’, pero por otra los está invitando a ser parte de su Gobierno en el Servicio Exterior, un entendido que es como para darles unas vacaciones, alejarlos y que no sigan causando molestias por acá en el país”.
Incluso señala la problemática que esto representa para los mandatarios de estos estados, pues “evidentemente permanece un vacío para los gobernadores que se quedan a investigar. ¿Hasta qué punto pueden realmente investigar a los que se fueron cuando han sido invitados por el presidente”.
Para Ricardo Tapia Basurto, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, este es un ejemplo del uso discrecional de la justicia y lo contrasta con la confrontación directa que la nueva administración morenista en Michoacán tiene contra el grupo del exgobernador Silvano Aureoles. Si bien no duda de la corrupción en esa gestión, tampoco descarta prácticas similares a las de los invitados de López Obrador.
“La justicia se está aplicando de forma selectiva contra quienes son percibidos como rivales que no están pactando, mientras que para los están dispuestos a pactar, no hay necesidad de iniciarles procesos, exhibirlos ni nada. Esa es la lógica que tenemos que entender. Que no es nueva, ha sido desde siempre. Hoy simplemente es mucho más evidente el uso discrecional de la justicia mexicana y seguimos pagando por ello”.
