Extinguen… la solución

El combate contra los incendios forestales con helicópteros no es la opción más rentable ni la más barata, y el gobierno lo sabe. 

Durante 13 años, la Fundación Vuelo Verde ha propuesto el uso de aviones cisterna, pero ha sido ignorada. 

El 6 de marzo, el diario Milenio publicó que el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Juan José Guerra Abud, dijo que es “una vergüenza” que México no use estos aviones.

Agregó que la administración anterior no dejó “ni los teléfonos” de las agencias de Estados Unidos y Canadá que atienden estas emergencias.

Esos teléfonos sí estaban en las oficinas de Semarnat. Fueron entregados en un directorio confidencial desde abril de 2011, como consta en correos de los que Reporte Indigo tiene copia.

Sergio Rodríguez Carranza, presidente de la Fundación Vuelo Verde, contesta a Guerra Abud en entrevista.

Dice que “fue tan mal manejada la administración forestal que es creíble que no les hayan dejado los teléfonos”.

Cada año, México destina 5 mil millones de pesos para programas de reforestación manual, como Proárbol, con carácter más de campaña de desarrollo social que interés ecológico.

Para el presidente de Vuelo Verde, este sistema es un “incentivo perverso” para las compañías y los habitantes de las comunidades afectadas.

“Cobran por hora, les conviene que el incendio dure (…). Las empresas necesitan generar recursos”, apunta.

Como son muy caros, los funcionarios esperan “a última hora” para llamar a los aviones, que muchas veces llegan tarde.

Este doble incentivo alcanza también a los jornaleros, a quienes contratan como trabajadores temporales para las brigadas de tierra que ayudan a sofocar las emergencias.

“Si no cobran esos jornales no sobreviven y solamente los cobran cuando hay incendios. Ahí no hay una malicia, hay un hambre, una necesidad. Es una persona que sabe que si hay un incendio hay trabajo, comida. Si el incendio dura más, hay más trabajo”, explica Rodríguez.

Incendio conveniente

En abril de 2011, un incendio en Coahuila destruyó 300 mil hectáreas, equivalentes a una delegación en el Distrito Federal.

El ganador fue Personas y Paquetes por Aire, S.A. de C.V., intermediario mexicano para la contratación de aviones estadounidenses tipo Air Tractor AT 802.

Ganaron 5 millones 700 mil pesos gracias a un sobreprecio de “intermediación”. 

El secretario de Medio Ambiente, Juan Rafael Elvira Quesada, lo sabía. 

Un día antes de firmar el contrato, la Fundación Vuelo Verde hizo llegar a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) una cotización para esos aviones, que no incluía el sobreprecio.

No les hicieron caso. Esto causó tres días de retraso en la llegada de las aeronaves, la renta de un avión estadounidense “que allá nadie quiere, por inútil” y una destrucción ecológica comparable al tsunami que sufrió Japón.

Nadie ha explicado por qué durante 13 años la Comisión Nacional Forestal (Conafor) ha frenado la compra de aviones cisterna con los que podrían restaurarse 50 millones de hectáreas quemadas, equivalentes al territorio de Francia.

El 13 de abril de 2011 a las ocho de la noche, Rodríguez recibió una llamada de la SRE. Le solicitaban ayuda para contratar aeronaves que ayudaran a frenar tres incendios en Coahuila, que iniciaron el 16 de marzo.

Era plena temporada de incendios en Estados Unidos, no había muchos aviones ni helicópteros disponibles. Sólo encontraron un operador en Idaho, EU, que podía dar el servicio.

“Se entregó la cotización en mano en la SRE. Difundió de manera urgente la información a todas las autoridades involucradas”, recuerda Rodríguez. 

A pesar de ello, al día siguiente la Semarnat firmó un contrato con ese mismo operador, a través de Personas y Paquetes por Aire, con el sobrecosto.

“Son operadores serios”, asegura. “Recibieron una solicitud de un empresario mexicano para una contratación, fue el que encareció”. 

Eso provocó también que los aviones llegaran con tres días de retraso. 

Personas y Paquetes por Aire pertenece al grupo Air Link Ambulance. Su especialidad son las ambulancias aéreas, nada relacionado con desastres naturales.

También la dependencia contrató 20 horas con un Boeing 747, que operó durante cinco días y costó 25.7 millones de pesos de recursos del Fondo de Desastres Naturales. 

“Nosotros advertimos claramente que no rentaran un avión 747 de una compañía que está en California.

“Es un avión muy grande, espectacular, pero inútil y muy costoso, tanto así que nunca es contratado en Estados Unidos, siempre está estacionado por lo mismo. Por eso estaba disponible”, detalló el ejecutivo de Vuelo Verde.

Explicaron que ese avión tendrían que operarlo desde San Antonio, Texas.

“Los ciclos operación iban a ser demasiado largos, era un avión muy pesado, tiene que operar a una altura de seguridad muy alta y cuando hace su lanzamiento todo el contenido termina atomizado y no sirve para nada”, explicó. 

Lo contrataron el 12 de abril y gastaron en él 238 mil pesos por hora, según supo Vuelo Verde a través del IFAI. 

Esa emergencia costó 50 millones de pesos al gobierno federal. “Con dos millones, habiendo tenido esos aviones en México, no habría habido incendio en Coahuila”, asegura.

El incendio destruyó 300 mil hectáreas, es decir, el esfuerzo de restauración forestal de jornaleros durante 10 años.

“La restauración de ese incendio costaría, si la lleváramos a cabo, 15 mil millones de pesos”, dice. “En dos semanas se perdió todo lo que se hizo en diez años”. 

Viacrucis de negativas

Vuelo Verde comenzó en  2000 el proyecto de la Brigada Aérea de Seguridad Ambiental. 

Consiste en comprar por medio de esta asociación 50 aviones tipo cisterna para combatir incendios, resembrar los bosques, fumigar y llevar suministros en caso de desastre.

Retoman un proyecto similar que se utiliza en Canadá. Distintas dependencias aportarían de sus presupuestos actuales para que los aviones no estuvieran estacionados.

En la época de incendios forestales “patrullarían” las zonas de desastre; en los meses de lluvias, harían siembra aérea de semillas y para el tiempo de huracanes serían parte de los operativos para llevar suministros a zonas siniestradas. 

La Fuerza Armada proveería el combustible, el mantenimiento y la operación de los pilotos. 

Hasta ahora, todos los funcionarios que han visto el proyecto lo han alabado, incluído el mexicano premio Nobel de Química, Mario Molina. 

Pero han encontrado reticencias, principalmente en Semarnat. En 2004, Vuelo Verde, que entonces se llamaba Aviación Forestal, presentó su proyecto a las autoridades de medio ambiente. Se dio luz verde a las Brigadas.

Días más tarde el propio gerente de Incendios Forestales de Conafor, Fernando Arenas Casas, escribió una recomendación en contra del uso de estos aviones.

“Ahí fue donde sospechamos el interés de proteger el arrendamiento de los helicópteros. Este funcionario tuvo que renunciar, no le quedó de otra”, recuerda Rodríguez. 

Arenas fungió después como presidente de la Unión de Productores de Agricultura Protegida de Durango.

A finales de 2005, Semarnat había aprobado un plan piloto que evaluara el proyecto. Se incluiría en el presupuesto de egresos. Fue sustituido por un proyecto del Partido Verde en Valle de Bravo.

Al año siguiente la oficialía mayor de Semarnat lo autorizó nuevamente, pero no alcanzó a firmarse por el área jurídica antes del cambio de gobierno y “hubo que empezar otra vez todo el trabajo”.

Pasaron seis años y Elvira Quesada nunca les concedió una entrevista, aunque tenían el aval del Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente desde 2007. 

Ante la posible crítica de que con este sistema los miles de jornaleros que habitan en zonas de incendios perderían la posibilidad de un empleo temporal, Rodríguez responde que se requiere un suministro muy importante de semillas para hacer la restauración.

“Está considerado en un proyecto complementario que es la creación del Instituto Nacional de Germoplasma, que le daría empleo a esas mismas comunidades en una actividad de economía secundaria. Se convertiría en lugar de asistencialismo en inversión para el desarrollo”.

El 11 de febrero, recibieron una opinión favorable por parte de la Comisión de Protección Civil de la Secretaría de Gobernación, pero aún ninguna instancia medioambiental les ha permitido presentar su iniciativa.

Hasta ahora los helicópteros seguirán durante esta temporada como la forma que se utilizará para combatir los incendios forestales.