Fiscal anticorrupción, ¿intachable?

El nombramiento del fiscal anticorrupción se perfila ya para ser un proceso cuestionado por la forma en que se ha dado y por las personas que están sobresaliendo.

Los cuatro aspirantes palomeados por el comité ciudadano que emitió su opinión han tenido circunstancias en sus carreras que podrían marcar su paso por la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción, llamada comúnmente Fiscalía Anticorrupción.

Se trata de César Alejandro Chávez Flores, exvisitador de la PGR y por quien se conocieron las fallas de Tomás Zerón en la investigación de los 43 normalistas desaparecidos; José Bernardo Rafael Espino del Castillo Barrón, cuya oficina se vio envuelta en un escándalo por un certificado escolar; Miguel Ángel González Félix, socio del despacho que defiende hoy a Amado Yáñez, dueño de Oceanografía; y Manuel Luciano Hallivis Pelayo, cuestionado por supuestamente no ser transparente en el uso de recursos públicos.

Estos cuatro hombres fueron recomendados por el comité ciudadano conformado por Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del extinto IFE; Silvia Inclán Oseguera, Cristina Puga e Issa Luna Pla, investigadoras de la UNAM; Juan Carlos Sánchez Magallán, editorialista; Ricardo Jiménez González, coordinador del Colectivo Ciudadanos por Municipios Transparentes; y Fernando Nieto Morales, profesor de El Colegio de México.

Ayer, las comisiones de Justicia y Anticorrupción, y Participación Ciudadana del Senado entregaron a la Junta de Coordinación Política de la Cámara alta el dictamen de idoneidad de los 23 candidatos que cumplieron los requisitos y se presentaron a sus comparecencias.

Ahora serán los cinco coordinadores parlamentarios de las bancadas del Senado quienes decidirán quién es el elegido, posteriormente presentarán al pleno su propuesta y ésta deberá obtener dos tercios de los votos de los presentes para convertirse en el primer fiscal anticorrupción del país.

La recomendación del comité ciudadano no es vinculatoria. Los coordinadores parlamentarios podrían optar por no tomar en cuenta su opinión y designar a otra persona.

El proceso también se ha visto empañado por el cuestionamiento de los ciudadanos y las organizaciones de la sociedad civil que impulsaron la creación del Sistema Nacional Anticorrupción.

César Alejandro Chávez y los 43 normalistas

Uno de los cuatro aspirantes considerados como los mejores perfiles para convertirse en fiscal anticorrupción es César Alejandro Chávez Flores, sin embargo él fue presionado por el poder.

Entre marzo de 2015 y septiembre de 2016 fue visitador general de la Procuraduría General de la República. Cargo en el que fue encargado de evaluar tanto técnica como jurídicamente la actuación del Ministerio Público de la Federación.

En ese periodo, Chávez Flores realizó una auditoría a la investigación del caso de los 43 estudiantes desaparecidos en Iguala. Sus conclusiones cayeron como bomba en la PGR: se responsabilizó a Tomás Zerón de Lucio y a otros funcionarios de cometer irregularidades y afectar el derecho a la verdad.

Tres semanas después de dar a conocer el informe, y dos días antes de que Zerón saliera de su cargo como titular de la Agencia de Investigación Criminal, Chávez Flores fue destituido. Tiempo después reconoció que fue presionado para “reconsiderar” el informe final, a lo que él no accedió.

“Sé lo que es ser sujeto de presiones, de intereses económicos, de intereses políticos, que se manoteé en la mesa por un secretario de Estado, por un titular de un organismo descentralizado”, dijo a senadores en su comparecencia como aspirante a la Fiscalía Anticorrupción.

Además de ser visitador general de la PGR en dos ocasiones, Chávez Flores ha sido contralor de Pemex y ha ocupado diversos puestos en la Secretaría de la Función Pública.

José Bernardo Del Castillo, escándalo en Educación

José Bernardo Rafael Espino Del Castillo Barrón es otro de los candidatos que fueron calificados como ideales para convertirse en fiscal anticorrupción.

Actualmente se desempeña como titular de la Dirección General de Profesiones de la Secretaría de Educación Pública.

Apenas unos meses después de tomar posesión del cargo, en julio del 2015, en la SEP estalló un escándalo por un audio dado a conocer en redes sociales en el que se escucha a Favio Calderón Bárcenas, asesor de la Dirección General de Profesiones, haciendo gestiones con una funcionaria para favorecer a la sobrina de otro servidor público de la SEP que había presentado un certificado de bachillerato falso.

En el audio, se escuchó a Favio Calderón prometer que llamaría a sus conocidos en la PGR para enterrar el asunto y después hacer las gestiones para tener un certificado auténtico. La beneficiaria sería Alejandra Malo, sobrina del entonces (y todavía) director general de Educación Superior Universitaria de la SEP.

Calderón Bárcenas fue despedido, el funcionario trabajaba como su asesor.

A esto se suma que en junio de 2016, la revista Proceso publicó un artículo en el que analizaba los contratos otorgados por Alejandro Murat (hoy gobernador de Oaxaca) cuando era director del Infonavit. Uno fue firmado con el despacho Molrod, Silber y Asociados, S.C., especializado en temas de crimen organizado, por 64 millones de pesos; nada relacionado con el tema de vivienda. Del Castillo Barrón es socio fundador, como consta en la síntesis curricular que entregó al Senado.

Miguel González Félix y el caso Oceanografía

Otro de los recomendados por el comité ciudadano para ocupar la titularidad de la Fiscalía Anticorrupción es el embajador Miguel Ángel González Félix.

González Félix también ha participado en varias firmas como abogado litigante en México y Estados Unidos.

Es socio de la firma de abogados Maney & González-Félix, con sede en Houston, Texas, y en la Ciudad de México.

Este despacho representa a Oceanografía y a su dueño, Amado Yáñez Osuna –hoy preso en el Reclusorio Sur- en una demanda civil presentada el 26 de febrero de 2017 contra Citigroup, en Nueva York, en la que le exige reparar los daños que sufrió su empresa por las supuestas falsas acusaciones en su contra.

En la demanda, Oceanografía acusa a Citigroup de haber tramado un fraude para culpar a la empresa y así ocultar un desfalco mayor cometido por su filial en México, Banamex.

El caso Oceanografía es considerado uno de los mayores escándalos de corrupción en el país.

La empresa presuntamente cometió fraude a Banamex pidiendo dinero prestado y presentando como garantía cuentas por cobrar de servicios prestados a filiales de Pemex, pero con facturas alteradas. El banco asegura que el desfalco fue superior a los 5 mil millones de pesos.

Ahora, el despacho de Miguel Ángel González Félix -quien además de trabajar en el Servicio Exterior Mexicano también fue coordinador de Asuntos Internacionales de la PGR-, defiende a Amado Yáñez y busca que Citigroup pague una indemnización multimillonaria por haber destruido la reputación de Oceanografía.

Manuel Hallivis Pelayo, los recursos públicos

El cuarto aspirante calificado como idóneo para convertirse en fiscal anticorrupción es Manuel Luciano Hallivis Pelayo.

Desde enero de 2014 es magistrado presidente del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA). En el 2008, fue electo por un periodo de 15 años como magistrado de este Tribunal; es decir, su encargo terminaría hasta el 2023. El cargo del fiscal anticorrupción culminaría el 30 de noviembre del 2018.

Es decir, Hallivis está dispuesto a renunciar a su magistratura en el TFJA para permanecer alrededor de 20 meses en la Fiscalía Anticorrupción.

En mayo del 2014, el diario Reforma publicó que Hallivis Pelayo fue cuestionado por supuestamente operar la destitución del entonces magistrado David Jiménez González de la Junta de Gobierno del Tribunal, por haberle pedido cuentas por la forma presuntamente opaca en que se gastaban los recursos presupuestales.

“El contralor y el presidente magistrado siempre se molestaron de que les pidiera transparencia en los recursos públicos que maneja el Tribunal. Nunca respondieron a ninguna de mis peticiones, solo han actuado con absoluta impunidad”, citó Reforma a Jiménez González.

Hallivis negó las acusaciones. Su principal argumento fue que Jiménez se había extralimitado en sus funciones, pues la solicitud de informes sobre presupuestos y auditorías a la Contraloría del Tribunal correspondía únicamente al pleno y no a la Junta de Gobierno. Además de que no se le podían dar auditorías que aún estaban en proceso.