Fiscalización del proceso electoral, tarea pendiente
Las revelaciones del caso Lozoya donde acusa la inyección de sobornos millonarios en la campaña presidencial de Peña Nieto y los videos que involucran a Pío López Obrador en un posible financiamiento ilícito al partido Morena, ponen en entredicho la capacidad del INE para revisar los recursos utilizados en cada proceso electoral
Eduardo BuendiaA unos días del banderazo que marcará el inicio del proceso electoral más grande en la historia del país, la fiscalización de comicios pasados y de los que se celebrarán en 2021 vuelve a ser tema de discusión.
La revisión de todos los recursos que ingresaron a campañas con el objetivo de promover candidaturas o para impulsar partidos es una tarea que el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene pendiente de concretar de manera satisfactoria.
Es por ello que el proceso electoral del siguiente año pondrán a prueba una vez más al órgano electoral, el cual deberá registrar todo el dinero utilizado por los aspirantes a los más de 3 mil 500 cargos públicos que estarán en juego, entre ellos 15 gubernaturas y las 500 diputaciones federales.
Las recientes revelaciones sobre el proceso judicial que enfrenta Emilio Lozoya Austin, exdirector de Pemex, reabrieron los cuestionamientos sobre un posible financiamiento ilícito en la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto en 2012 como parte de los millones de dólares entregados por la empresa brasileña Odebrecht, vinculada a la repartición de sobornos a cambio de contratos en al menos 13 países de América Latina.
Pese a que el árbitro electoral y la Fiscalía General de la República (FGR) están investigando la posible entrega de recursos que no fueron reportados por el entonces candidato priista, a ocho años de la proceso electoral, la ciudadanía todavía desconoce si Peña Nieto llegó al máximo cargo político del país apoyado por la inyección de dinero proveniente del extranjero.
“En el caso de Odebrecht, este individuo (Emilio Lozoya) está señalando que hubo una serie de sobornos por una cantidad que pasa de 100 millones de pesos, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña del 2012 a la Presidencia de la República; y el que después fue presidente (Enrique Peña Nieto) y su secretario de Hacienda (Luis Videgaray) son las personas que este individuo, que está presentando la denuncia, señala que fueron los que le ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales extranjeros que colaboraron y trabajaron para la campaña”, informó Alejandro Gertz Manero, titular de la FGR, en un video difundido el 11 de agosto.
A los escándalos políticos sobre recursos no reportados a las autoridades, se sumaron los videos difundidos en los que se observa a Pío López Obrador, hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador y operador de Morena, recibir dinero de David León Romero, quien fue asesor de Manuel Velasco durante su gestión como gobernador de Chiapas y dirigió la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en el actual Gobierno federal.
Las grabaciones, de acuerdo con investigaciones periodísticas, ocurrieron en 2015: una en un restaurante y otra en una casa que se presume es la de León Romero.
Tras la circulación de los videos en diversos medios de comunicación y redes sociales, Andrés Manuel López Obrador aseguró que el caso que involucra a su hermano Pío y a David León no es comparable al del PRI con Odebrecht.
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“Nosotros hemos venido luchando durante muchos años y nos ha financiado el pueblo, como ha sucedido cuando se han llevado a cabo revoluciones”, dijo Andrés Manuel durante su conferencia matutina del 21 de agosto.
A finales de julio, León Romero fue designado por el presidente como director de la empresa del Estado que se encargará de distribuir medicinas, vacunas y material médico a todo el país. López Obrador lo calificó como “uno de los mejores servidores públicos del Gobierno” y anunció su salida de la CNPC.
Sin embargo, luego de que se conocieron las grabaciones de la entrega de sobres con dinero, David León admitió su participación e indicó que no ocupará el cargo conferido por el jefe del Ejecutivo hasta que se aclare la situación.
El lunes las senadoras del PAN Xóchitl Gálvez y Kenia López Rabadán presentaron una denuncia penal en contra de Pío López Obrador ante la FGR por los delitos de peculado, peculado electoral y lavado de dinero. Las legisladoras consideran que los recursos recibidos por el hermano del presidente fueron para financiar de manera ilícita campañas electorales.
“Que se investigue lo que todo mundo vio en televisión, que son dos videos y un audio donde claramente un funcionario público, ahora exfuncionario, le está dando dinero por cierto, en fajitos bien acomodados, al hermano del presidente”, dijo Gálvez a su salida de la Fiscalía General.
Por su parte, la Dirección Nacional Extraordinaria del PRD interpuso otra denuncia ante la FGR en contra del jefe del Ejecutivo, su hermano Pío y David León, por financiamiento ilegal a campañas del partido político Morena.