Fondo de abundancia y opacidad

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Aunque mucho se habla sobre las dificultades que enfrentará el país para reconstruir las zonas afectadas por los terremotos de septiembre, existe una bolsa de miles de millones de pesos que se utiliza de manera discrecional que bien podría ser revisada en la negociación presupuestal del 2018.

La negociación del destino del dinero público en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2018 será complicada no sólo por el tema de la reconstrucción, sino por el proceso electoral que transcurre en todo el país; el más grande en toda la historia de México.

Ahí es cuando las cosas se complican. La existencia de una bolsa discrecional de recursos, que es utilizada con fines de negociación política, ensombrece no sólo la transparencia en el manejo del erario en pleno año electoral, sino el destino de recursos que bien podrían ser utilizados para la recuperación del país.

Se trata del Ramo 23, una bolsa de recursos que va principalmente a los estados del país en la que se encuentran inscritos varios programas y fondos donde además muchos de éstos no cuentan ni con reglas de operación y se gastan muchos más recursos de los que se presupuestan al inicio del año.

Más de 25 mil millones de pesos se etiquetan con total discrecionalidad en forma de subsidios y para los que no se tienen reglas de operación.

Y aún peor: el gasto efectivo es mucho mayor a lo presupuestado a inicios de año; al final del ejercicio, el Gobierno habrá gastado miles de millones de pesos más de lo planeado sin rendir cuentas sobre por qué decidió mandarlos a tal o cual obra o localidad.

Es ahí donde se encuentran radicados los fondos “de los moches”, las bolsas de recursos públicos con las que –se denunció públicamente- diputados hacían negocios turbios cobrando comisiones a cambio de asignación de dinero para obras a municipios o a ciertas empresas.

El tema del Ramo 23 se ha politizado en San Lázaro. El priista Jorge Estefan Chidiac, presidente de la Comisión de Presupuesto, afirma que es un escándalo que pertenece al PAN, pero que tomarán las previsiones para que no se repita en 2018.

“Si nos obligan a usar nuestra mayoría la usaremos. Si están en disposición de hacer las cosas sensatamente, razonablemente y con entendimiento con mucho gusto le entramos. Si van a estar de intransigentes, pues tenemos la mayoría”, ha dicho Estefan Chidiac.

Dentro de ese Ramo no sólo se encuentran estos fondos, sino otros como el Fondo de Desastres Naturales (Fonden), el Fondo de Capitalidad o el Fondo de Apoyo a Migrantes.

Para el año 2017 el Ramo 23 tuvo asignados 131 mil 865 millones de pesos; una gran cantidad de ellos se asignan e invierten con total discrecionalidad como herramientas políticas o para favorecer la imagen de los legisladores como gestores de obras –lo que les sirve para posicionarse rumbo a su siguiente meta electoral-.

Recursos opacos

Los recursos que se encuentran dentro del rubro de Desarrollo Regional son los que históricamente se han prestado para hacer un uso discrecional de ellos.

Algunos fondos y programas tienen su destino bien definido. Están ahí el Fondo Metropolitano que da dinero a las principales ciudades del país y al que se destinaron 3 mil 240 millones de pesos; El Fondo de Apoyo a Migrantes, con 263 millones; el Fondo de Capitalidad, con 2 mil 450 millones que se otorgan a la Ciudad de México; y el Fondo para Fronteras, con 750 millones.

Pero ahí también radican otros recursos que no tienen reglas de operación para su manejo porque se inscriben dentro de los subsidios; es decir, se entregan de manera absolutamente discrecional.

Se trata de los “Proyectos de Desarrollo Regional”, que tiene 17 mil 343 millones de pesos etiquetados para este año; del “Fondo Regional”, donde radican 2 mil 315 millones; los “Programas Regionales”, con 2 mil 837 millones de pesos; y el Fondo de Fortalecimiento Financiero, al que se le etiquetaron 3 mil 243 millones de pesos.

En total, lo etiquetado para fondos discrecionales de obras suman más de 25 mil 738 millones de pesos; el gasto, al final del año, es exponencialmente mayor.

En el caso del Fondo de Fortalecimiento Financiero, se realizó una modificación a la asignación de 3 mil 243 millones y se subió a 20 mil 101 millones de pesos, un aumento del 519 por ciento.

Se trata de un Fondo sin reglas de operación a través del que se llevan a cabo 349 proyectos de inversión que van desde la pavimentación de calles, la construcción de centros comunitarios o gimnasios, la construcción de techumbres en escuelas o la construcción de unidades médicas.

Al segundo trimestre del 2017, el avance en el pago de ejercicio de este programa era ya de 19 mil 71 millones de pesos; es decir, a medio año fiscal, ya el recurso se había ejercido en un 95 por ciento. Mucho más rápido que cualquier otro programa presupuestal.

Para el ejercicio del 2018, la Secretaría de Hacienda no envió recursos etiquetados para este Fondo.

La opacidad de los ‘moches’

Fue un escándalo. En noviembre del 2013, un diario de circulción nacional reveló que los diputados del PAN cobraban un moche por la asignación de dinero público y obras en los estados y municipios del país.

Se reveló el modus operandi: el entonces coordinador de los legisladores panistas, Luis Alberto Villarreal, se reunía con alcaldes de diversos municipios en sus oficinas y después enviaba a uno de sus cercanos para informar sobre la comisión que debía pagarse para que el dinero “bajara” a las localidades.

El dinero con el que se hacían negocios era el de tres fondos que habían sido creados en la negociación presupuestal de diciembre del 2012. Se trataba de presupuesto para un fondo de pavimentación, otro para instalaciones deportivas y uno más para cultura.

El pretexto para la creación de estos tres fondos fue que los recursos bajarían directamente a los municipios para construir obra social o impulsar actividades comunitarias.

A pesar de las denuncias públicas y de que el asunto llegó hasta la Procuraduría General de la República, nadie fue castigado y año con año los legisladores han reactivado este fondo que ahora engloba los tres rubros de pavimentación, deporte y cultura en el Fondo para el Fortalecimiento de la Infraestructura Estatal y Municipal (conocido como Fortalece).

Cada año los diputados etiquetaban un monto que iba hasta los 20 millones de pesos para enviarlos a los municipios o las obras que decidieran con total discrecionalidad y sin tener un criterio obligatorio para que se fueran a sus localidades.

Para evitar en lo posible los malos manejos, en la negociación del Presupuesto de Egresos de la Federación se establecieron controles para el ejercicio de ese dinero y reglas de operación para el acceso a los recursos.

Para el 2018, el PRI ha anunciado que cancelará definitivamente  Fortalece para tratar que la mayor parte de los recursos se destinen a las labores de reconstrucción.

“El Partido Revolucionario Institucional plantea la desaparición de Fortalece; ni un centavo a ninguna diputada ni diputado para poder disponer de ello. El dinero no sobra, en consecuencia, la Comisión de Presupuesto tendrá la oportunidad de que en ese manejo de recursos, en esta reasignación, la prioridad la siga llevando la reconstrucción nacional”, afirmó César Camacho, coordinador de los diputados del PRI.

No sólo eso. Los priistas buscan modificar la Ley Federal de Responsabilidad Hacendaria para que quede expresamente prohibido que los diputados puedan decidir directamente dónde ejercer recursos públicos, como en el caso de este Fondo.

Sin embargo, lo que no se dice es que el Fortalece representa apenas el 6.8 por ciento de los recursos del Ramo 23 al tener asignados 8 mil 970 millones de pesos  para este año.

Hay otros programas en ese Ramo que se manejan aún con mayor opacidad que el Fortalece.

Bolsas millonarias

El Ramo 23, llamado Provisiones Salariales y Económicas, es una bolsa de recursos creada y manejada por la Secretaría de Hacienda para hacer llegar dinero público a estados y municipios en programas que no dependen de una secretaría gubernamental específica.

Se encuentra ahí el Fondo de Desastres Naturales, que para el 2017 tuvo recursos por 6 mil 35 millones de pesos; y el Fondo de Prevención de Desastres Naturales, con 179 millones.

Dentro de este Ramo se encuentran los recursos para aportaciones de prestaciones a los trabajadores del Estado, como la seguridad social, fondos de ahorro y los seguros a favor de los servidores públicos, englobados en el rubro de “situaciones laborales supervinientes” que tiene etiquetados 9 mil 558 millones de pesos para este 2017.

A otro rubro llamado “Provisiones Salariales y Económicas” le fueron asignados 8 mil 895 millones de pesos.

Ese dinero son “recursos destinados a apoyar las previsiones salariales y económicas que perciben los servidores públicos de la Federación por concepto de incremento a las percepciones, creación de plazas y otras medidas de carácter económico, laboral y contingente”, establece la Estrategia Programática del PEF 2017.

Otros programas consumen miles de millones de pesos. En “Seguridad y Logística”, dinero que se gasta en “actividades sustantivas” de seguridad nacional, se etiquetaron mil 169 millones de pesos; para el “Programa de Separación Laboral”, con el que se pagan las indemnizaciones a los burócratas que son despedidos, se destinaron 882 millones de pesos.

Ahí también se encuentran los subsidios para las tarifas eléctricas, donde se enviaron 43 mil 114 millones de pesos; y la “Provisión para la Armonización Contable”, que son subsidios por 55 millones de pesos que se dan a estados y municipios para capacitar y modernizar a sus unidades de contabilidad.

En ese mismo Ramo se etiquetaron 80 millones de pesos para la “Conservación, Operación y Mantenimiento de la Cámara de Diputados”; y para la “Operación y Mantenimiento del Programa de Seguridad y Monitoreo en el Estado de México”, al que se le asignaron mil 502 millones de pesos.

Además, existe un rubro de “Gastos Asociados a Ingresos Petroleros”, donde se engloban las aportaciones a los Fondos de Estabilización por 18 mil 420 millones de pesos.

A todos estos rubros se suman otros relacionados con el desarrollo regional, que es donde se esconden las bolsas de recursos cuyo manejo es hecho con discrecionalidad.

La bolsa

Necesaria, vigilancia ciudadana

Una situación de crisis como la que enfrenta el país después de los sismos de septiembre pasado obliga aún más a los ciudadanos a vigilar el ejercicio del dinero público.

Leonardo Núñez, catedrático del Tecnológico de Monterrey y miembro fundador de la organización “Nosotrxs”, consideró que para evitar un gasto excesivo en rubros que no son necesarios, es vital que la ciudadanía aprenda cómo utilizar las herramientas públicas para obtener información y así seguir el destino de cada peso público.

Autor del libro “¿Y dónde quedó la bolita? Presupuesto de egresos ficticio” (Aguilar, 2017), Núñez afirmó que el interés de la ciudadanía es el principal antídoto contra el mal uso del dinero público.

“El componente ciudadano ha estado relativamente ausente de la discusión del Presupuesto; no hay una preocupación ciudadana. Y no es necesariamente por apatía, sino por una falta de las herramientas necesarias para hacer un seguimiento adecuado.

“Y hay que vigilar eso porque la inercia institucional es la misma; básicamente la forma de gastar es la misma de hace 100 años y los equilibrios políticos no se han movido, así que lo que tiene que cambiar es la parte ciudadana”, comentó Núñez, en entrevista.

Ante la existencia de fondos opacos en el Presupuesto de Egresos –y más en el 2018-, lo mejor que pueden hacer los ciudadanos y las organizaciones es echar luz sobre la forma en que el gobierno presupuesta y hace adecuaciones al gasto para saber, al final del año, si gastó o no más de lo que se planeó en actividades que no eran necesarias en tiempos de crisis, como la que se vive después de los terremotos.