Los servidores públicos no han cumplido con la presentación de su declaración patrimonial, fiscal y de intereses, conocida como 3 de 3. El próximo 31 de mayo vence el plazo para cumplir con este requisito en Nuevo León.
María de Lourdes Williams Couttolenc, titular de la Contraloría y Transparencia del Gobierno del Estado, no ha informado cuántos funcionarios estatales y municipales han cumplido con presentarla. La funcionaria, quien tomó protesta en diciembre del año pasado ante las y los diputados del Congreso local, tiene dentro de sus competencias vigilar que la prestación de los servicios públicos sea conforme a los principios de legalidad, eficiencia, honradez, transparencia e imparcialidad.
La negativa de entregar la declaración patrimonial y de intereses se extiende a los candidatos
Se estima que en total existen 70 mil funcionarios que tendrían que llenar los formatos y presentar este requisito, dispuesto en la Ley Responsabilidades Administrativas del Estado de Nuevo León. Todos los servidores públicos de la entidad deberán presentar su declaración patrimonial y de intereses, luego de que así lo aprobó el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción de Nuevo León (SEANL).
Los nuevos formatos de declaración patrimonial, fiscal y de intereses entraron en vigor a partir del 1 de mayo de 2021. Servirán para que la Secretaría Ejecutiva del SEANL tenga una base de datos de cada servidor público, que será subida a la Plataforma Digital Nacional.
Es posible que haya más tiempo del establecido para cumplir con la 3 de 3. Pero hasta el momento no se establece cuál será la nueva fecha límite para entregar la documentación.
La negativa de entregar la declaración patrimonial y de intereses pareciera ser un mal de los servidores públicos que se extiende a los candidatos a diputados, alcaldes y gobernador, pues son pocos quienes han entregado su información.
En esta elección se registraron un total de 550 candidatos de todos los partidos y coaliciones. Para la gubernatura son siete abanderados, 241 fórmulas para diputaciones locales y 302 planillas para ayuntamientos y sólo cuatro han presentado su declaración patrimonial y de intereses, además de la fiscal.
“Los servidores públicos a que se refiere el presente artículo, así como los candidatos a puestos de elección popular, estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial, de conflicto de intereses y declaración fiscal ante las autoridades competentes en los términos que determine la ley estableciendo además sanciones aplicables en caso de incumplimiento”, dice el artículo 105 de la Constitución local.
Retraso en 3 de 3 afecta a ciudadanos
La falta de cumplimiento de los funcionarios para entregar los formatos con la declaración patrimonial, fiscal y de intereses ha atrasado la activación de la plataforma del Sistema Estatal de Información, que será manejada por la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción.
Este retraso impide que los ciudadanos puedan consultar las declaraciones, los servidores públicos en contratos, aquellos que han sido sancionados, la fiscalización y las denuncias.
La Secretaría Ejecutiva del SEANL hará una base de datos de cada servidor público, que será subida a la Plataforma Digital Nacional
El titular de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción, Joaquín Ramírez de la Cerda, dijo que la declaración 3 de 3 es uno de los principales proyectos del Sistema Nacional Anticorrupción.
“A pesar de las condiciones de contingencia que prevalecen a nivel mundial, se han logrado avances sustantivos en dos de los principales pilares del Sistema Estatal Anticorrupción, como son la Política Estatal Anticorrupción y el Sistema Estatal Anticorrupción”, precisó el secretario.
La Plataforma Digital Nacional se convertirá en una fuente de inteligencia para construir integridad y combatir la corrupción.
“Este es un procedimiento muy importante que deben cumplir los funcionarios”, dijo Ramírez de la Cerda.
El secretario descartó la implementación de los formatos de declaraciones de situación patrimonial, de intereses y fiscal para particulares ante las resoluciones del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la materia.
