[kaltura-widget uiconfid=”39952882″ entryid=”0_bes8m0d2″ responsive=”true” hoveringControls=”false” width=”100%” height=”75%” /] El momento de pasar de las promesas de campaña a las acciones está cada vez más cerca.
En el camino para cumplir sus compromisos con la ciudadanía los nuevos mandatarios estatales deberán lidiar con el endeudamiento que heredaron de las administraciones pasadas y con la recaudación deficiente de impuestos.
Ante un escenario económico difícil el margen de maniobra de los gobiernos locales para desarrollar infraestructura y atender las necesidades de los pobladores depende de sus capacidades financieras para realizar proyectos propios o de habilidades políticas para atraer inversión federal.
Chiapas, Guanajuato, Jalisco, Morelos, Puebla, Tabasco, Veracruz, Yucatán y la Ciudad de México comprometen un amplio porcentaje del dinero del que pueden disponer libremente en el pago de la deuda, además son sumamente dependientes de los recursos federales que se les asignan para desempeñar sus funciones debido a que la mayoría presenta deficiencias en la recolección de recursos.
Al estado del Golfo le siguen Chiapas, que destinó 71.1 por ciento de los 6 mil 257 millones de pesos con los que cuenta para cubrir sus gastos.
Morelos empleó 62.9 por ciento de los 9 mil 867 millones de pesos de ingresos disponibles para pagar su deuda; Jalisco usó 50.8 por ciento de los 14 mil 703 millones de pesos libres y la Ciudad de México utilizó 48 por ciento de 184 mil 792 millones de pesos de su ingreso libre.
En los casos de Guanajuato, Puebla, Yucatán y Tabasco, la utilización de su presupuesto libre para contener la deuda fue de entre 41 y 23 por ciento, y sus ingresos alcanzaron entre 36 mil 610 millones y 14 mil 437 millones de pesos.
La falta de capacidad de los estados para obtener ingresos propios ha provocado que se tengan que endeudar para cumplir con sus obligaciones, explica Carlos Brown Solá, coordinador del Programa de Justicia Fiscal del Centro de Análisis e Investigación, Fundar.
“La recaudación propia de las entidades es ridícula. La deuda viene de que no recaudan lo suficiente para cumplir con sus obligaciones. Los estados tienen ingresos propios bajos con participaciones cada vez más comprometidas y aportaciones que ya están etiquetadas”, comenta en entrevista con Reporte Índigo.
El especialista de Fundar dice hay un descuido del gasto social, es decir, en los montos que se deberían destinar a educación, salud e infraestructura para mejorar la calidad de vida de las personas.
“La lógica es que las participaciones federales sirvan para otra cosa totalmente distinta, como en proyectos propios sin que la Federación, de manera paternal, diga cómo gastarlo. Los estados cada vez más están aportando a la deuda y menos al beneficio social”, agrega Brown Solá.
El presidente de la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, coincide con que existe una deficiencia recaudatoria por parte de los estados.
“En las reuniones que hemos tenido con gobernadores y presidentes municipales está cobrando fuerza un tema que desde hace tiempo se había abandonado y que tiene que ver con abrir un debate para que las autoridades hagan un esfuerzo por cobrar impuestos. Sobre todo para hacer más eficiente la recaudación de predial o de nómina y creo que en estos días vamos a lograr buenos acuerdos”, señala Ramírez Cuéllar en entrevista con Reporte Indigo.
Depender de los recursos federales
Los nuevos gobernadores que ya asumieron el cargo o están por hacerlo se encontrarán con presupuestos que dependen en muy amplia medida del dinero que la Federación les entrega a través de participaciones, aportaciones y de Ramos como el 23, que tiene como fin cubrir provisiones salariales o financiar proyectos de infraestructura.
En el caso de las aportaciones federales, los gobiernos estatales no disponen de ese dinero de manera libre, debido a que ya tiene un fin específico.
Los mandatarios tanto electos como en funciones se darán cuenta el próximo año que la mayoría del presupuesto ya estará comprometido para la operación de las dependencias y otros entes, así como para el pago de la deuda.
De los nueve estados que renovaron gobernador el presupuesto de Chiapas es el que más depende del dinero federal.
La entidad que va a gobernar el morenista Rutilio Escandón proyectó en su Ley de Egresos un gasto por 89 mil 270 millones de pesos para este 2018, de los cuales 85 mil 374 millones de pesos tuvieron su origen en el dinero federal, es decir un 96 por ciento de todo presupuesto. El resto es por ingresos locales.
En un escenario similar estará el gobierno de Veracruz que encabezará Cuitláhuac García. Para este año el cálculo de gasto público de esa entidad fue de 113 mil 654 millones de pesos, de los cuales un 85 por ciento fue por participaciones y aportaciones de la Federación.
La misma situación se replica en otras demarcaciones como Morelos, donde ya gobierna el exfutbolista Cuauhtémoc Blanco y en la cual la dependencia a los recursos federales para este año ha sido del 80 por ciento.
En los estados de Puebla y Guanajuato, el dinero de sus gobiernos tampoco proviene de sus propios ingresos, para este 2018 su dependencia al dinero de la Federación fue de 79.4 y 75.6 por ciento, respectivamente.
Del dinero que emplea Tabasco para sus funciones de este año, el 74.7 por ciento también es de la fuente federal, un caso parecido ocurre en Jalisco, donde el porcentaje es del 73 por ciento; mientras que Yucatán llega al 62.3 por ciento.
De las nueve entidades, la Ciudad de México, que será gobernada por Claudia Sheinbaum, es la que menos depende del Gobierno federal, pues de sus recursos sólo el 43 por ciento no se recauda en la capital
Los diputados de Morena Alfonso Ramírez Cuéllar y Mario Delgado aseguraron en entrevista con Reporte Indigo que para el Paquete Económico 2019 las participaciones y aportaciones federales que comprenden la mayoría del presupuesto de los estados no será modificado.
No obstante, los legisladores mencionaron que en el caso del Ramo 23 se analiza la posibilidad de desaparecerlo o transparentarlo, debido a que al no ser dinero que tiene un fin en específico, se presta a un uso discrecional.
“Está abierto el debate, algunos están proponiendo que el Ramo 23 desaparezca mientras que otros están criticando de manera severa el sobreejercicio. Principalmente hay un consenso de terminar con la discrecionalidad y la opacidad en otros fondos y convenios que se entregan sobre la base de favorecer a algunas entidades que tienen algún signo partidario.
En el caso de las participaciones y aportaciones federales prácticamente lo único que se va a hacer es garantizar una aplicación eficiente pero se van a mantener”, detalló Ramírez Cuéllar.
Mario Delgado, quien en días recientes propuso eliminar el Ramo 23 plantea que los recursos sean redirigidos a las dependencias para mejorar su ejercicio y sobre todo que sea más sencilla su rendición de cuentas.
“El Ramo 23 funciona como un baúl donde se meten una gran diversidad de fondos para financiar proyectos. Mi planteamiento es desaparecer el Ramo 23 porque eso dificultaría las ocurrencias que han terminado en los famosos ‘moches’”, afirmó el líder de la bancada de Morena en San Lázaro.
Megaproyectos por favoritismo
Ante la falta de recursos en los estados para desarrollar proyectos de infraestructura debido a sus carentes sistemas de recaudación, los gobernadores dependen de lo que el Gobierno federal quiera darles.
Esto deriva en un cabildeo por las megaconstrucciones, una alternativa que recae más en la estrategia política que en las finanzas estatales para cumplirle, de alguna manera, a los electores.
“Dependen de que la Federación decida invertir en su estado, esa es parte de la vulnerabilidad, de la buena voluntad del Gobierno federal y qué tan bien se lleven el gobernador y los diputados federales con éste, es una visión desde el centralismo y no desde el fortalecimiento de lo local”, expresa Carlos Brown.
Morena ganó en cinco de nueve estados que eligieron gobernador. Acción Nacional triunfó en Guanajuato, Yucatán y Puebla mientras que Movimiento Ciudadano consiguió la mayoría de votos en Jalisco.
El líder de la bancada guinda en la Cámara de Diputados, Mario Delgado, menciona que los representantes de los estados están en el proceso de manifestar susnecesidades en infraestructura y aspiraciones de gasto para la asignación de presupuesto, pero que el reparto de recursos priorizará los proyectos de López Obrador.
La ruta del Tren Maya, uno de los 25 proyectos clave de Andrés Manuel López Obrador, abarca cinco estados, dos de los cuales serán gobernados por Morena, es decir, Tabasco y Chiapas.
En el estado de Tabasco, el cual será gobernado por el morenista Adán Augusto López, el próximo presidente planea la construcción de una nueva refinería en Dos Bocas, Paraíso.
La Ciudad de México, a cargo de Claudia Sheinbaum, será otra de las entidades consentidas del líder de Morena.
La exdelegada de Tlalpan prometió la interconexión de las estaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro Constitución de 1917 y Santa Marta. El tabasqueño se sumó al proyecto para extenderlo a nivel federal en los municipios Los Reyes y La Paz del Estado de México.
López Obrador apadrinó las candidaturas de Cuauhtémoc Blanco y Cuitláhuac García. Además, ya ha entrado en diálogo con los gobernadores electos Diego Shinué, de Guanajuato, y Enrique Alfaro, de Jalisco. Con la única que no se ha reunido es con Martha Erika Alonso, gobernadora electa de Puebla, debido a las impugnaciones en contra de su triunfo promovidas por Morena.
Finanzas ‘sanas’
Los gobiernos estatales deberán hacer frente a los costos financieros y sociales de cargar una deuda que no necesariamente adquirieron ellos y que mermará su ejercicio y el de las siguientes administraciones.
“Endeudarte para pagar la deuda que ya tienes es meterte en una camisa de 11 varas. Los estados no tienen ingresos propios suficientes para dar servicio a esta deuda”, advierte el especialista de Fundar, Carlos Brown.
También explica que contraer deuda no necesariamente es malo. Una opción que tienen las próximas nueve gubernaturas para sanar sus finanzas es realizar inversiones que generen réditos sociales, es decir, invertir en infraestructura, educación y salud.
Los recursos orientados a este fin generarán mejores condiciones de vida para los ciudadanos y existe la posibilidad de que las empresas privadas se sientan atraídas para instalarse en el estado.
“Los congresos locales tienen un papel fundamental aunque usualmente no tiene la capacidad técnica para analizar las condiciones en las que se endeudan. Pero cuando está alineado al partido del gobernador, que también tiene mayoría legislativa, hay complicidad para adquirirla”, menciona Brown
De nueve estados que renuevan gubernatura, en siete de ellos hay una coincidencia entre el partido en el poder y el que tendrá mayoría en el Congreso local. Salvo en Jalisco, donde los diputados de Movimiento Ciudadano son más pero no los suficientes para alcanzar mayoría y en Yucatán, donde el Ejecutivo está en manos del PAN y el legislativo recae en el PRI.
Los poderes de las entidades deberán optar por otras opciones que les permitan sanar sus estados financieros y con ello poder impulsar sus compromisos con la ciudadanía.
“En este contexto, suponiendo que se hiciera un ajuste a las transferencias federales, los estados tienen tres alternativas: tomar medidas impopulares como es la creación de impuestos o un aumento a los ya vigentes; otra opción es reducir el gasto en partidas suntuarias o innecesarias como publicidad oficial o viáticos; o recurrir al endeudamiento”, agrega Díaz.
El investigador asegura que la opción de contratar deuda, además de no ser lo más recomendable, tendría que ceñirse a los candados que impuso la Ley de Disciplina Financiera que entró en vigor en 2016 para que no ocurran casos de endeudamiento excesivo como el de Coahuila o Chihuahua.
“Los estados van a tener que ajustar su gasto. Seguramente es ahí donde veremos cambios y lo preocupante es que ellos decidan hacerlo en áreas como infraestructura, salud o educación en vez de aplicarlo en la burocracia”, concluye Diego Díaz.