Emiliano Calderón, coordinador de Estrategia Digital Nacional de Presidencia, señaló que se han presentado 50 denuncias ante la Secretaría de la Función Pública (SFP) por contratos millonarios otorgados a empresas cercanas a funcionarios por servicios informáticos de gobiernos anteriores, lo que calificó de “estafa magistral”.
Denunció que se usó a conveniencia las partidas presupuestales para enmascarar el gasto en tecnología ya que se ocultó en rubros como “sistemas administrados”, “integrales”, “seguridad”, entre otros.
Es la estafa magistral, es difícil encontrar los robos, es difícil probar porque había contratos firmados, pero todos los casos donde hemos visto robos abiertos están informados en el órgano interno de control.
Lo anterior lo señaló al presentar el “Diagnóstico sobre las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) y acciones correctivas en el Gobierno Federal”
Dijo que en otras administraciones les decían “contraten, y empiezan a contratar”; sin embargo, aseveró que con la Ley de Austeridad ya no se adquieren equipos “sin ton ni son” porque ahora deben ser aprobados con estrictos criterios.
Calderón dijo que los contratos y bases de licitación favorecían a ciertos proveedores, y en algunas ocasiones se pedían características únicas que sólo una empresa podía dar y no se daban oportunidades para cambiar de proveedor
Comentó que se favorecía a empresas particulares a costa del erario público, lo que fue una constante en muchas compras de gobiernos pasados.
Puso como ejemplo en el caso del ISSSTE para el centro de datos se otorgaron 46 contratos en 2019 que significaron un gasto de 556 millones de pesos anuales, pero ahora se destinarán 322 millones de pesos, es decir un ahorro de 42%.
En el caso de la Secretaría de Relaciones Exteriores, para su “Centro de datos y seguridad de la información” se contrató a una empresa por 146.8 millones de pesos anuales por otorgar los servicios de centro de datos y seguridad informática, pero ahora se pagan 87.6 millones de pesos, un ahorro de 40.3%.
Señaló que ahora se centralizan los gastos y políticas en TIC; todos los proyectos deben ser aprobados por una instancia centralizada; se reutilizan sistemas de cómputo e infraestructura; se consolidan compras junto con la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda.
Además se prioriza el software libre y de estándares abiertos; se abre la posibilidad de construir
sistemas propios y poderlos compartir, y se da pie a la competencia y diversifica las opciones tecnológicas, así como se promueve la contratación de PyMEs.
