El procedimiento de juicio político contra el exgobernador de Morelos, Graco Ramírez, sigue elevando poco a poco sus niveles de seriedad en el Congreso local. Un caso que se ha intensificado a la par con la caída de cuatro funcionarios más de la administración del perredista.
Con la confirmación brindada este 5 de diciembre por la Fiscalía Anticorrupción, son siete exfuncionarios del sexenio de Ramírez Garrido los que están vinculados a proceso por ejercicio indebido del servicio público, mientras que al otrora titular del Ejecutivo se le persigue por la omisión de más de 123 millones de pesos durante su último año al frente de Morelos.
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De acuerdo con información proporcionada por la Junta Política y de Gobierno del Congreso local, los dos procedimientos de juicio político contra Graco Ramírez –entregados a la Comisión Instructora el pasado 2 de diciembre– son por la omisión de 2 millones 566 mil 670 pesos para el Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana (IMPEPAC), recursos establecidos en el Decreto del Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2018, correspondientes al gasto operativo de los meses de abril, junio, julio, agosto y septiembre de 2018.
Recursos que nunca fueron entregados y que, de acuerdo con el expediente de integración del dictamen del juicio contra el exgobernador, representó una falla que puso en riesgo el normal desarrollo de las funciones del IMPEPAC, y violó los derechos fundamentales de los ciudadanos morelenses.
La segunda acusación –la más grave– que pesa sobre Ramírez Garrido y sus colaboradores más cercanos fue por la omisión de ministrar en tiempo y forma el presupuesto correspondiente a la Fiscalía General de Morelos. Una deuda que del periodo de 1 de enero al 30 de septiembre de 2018 ascendió a la cantidad de 120 millones 826 mil 135 pesos, situación que de acuerdo con los documentos que integran el expediente “vulneró la esfera jurídica de los ciudadanos, atentando contra los derechos fundamentales, puesto que causó limitaciones al buen funcionamiento del ente constitucional autónomo, poniendo en riesgo la investigación de los delitos, la defensa de la legalidad de los ciudadanos, la representación de la sociedad en juicio”.
Por estas omisiones, el Congreso de Morelos responsabilizó tanto al exgobernador, Graco Luis Ramírez Garrido Abreu, como a dos de los integrante más cercanos de su gabinete: la excontralora, Adriana Flores Garza, por no ejercer las facultades de fiscalización; así como a Jorge Michel Luna, exsecretario de Hacienda de la entidad, a quien también se le imputa el abandono de su cargo tres días antes de que cesaran los efectos de su nombramiento.
Ambas denuncias fueron presentadas el 27 de septiembre por el consejero jurídico del Poder Ejecutivo, Samuel Sotelo Salgado, determinadas como procedentes a principios de este mes y se encuentran en periodo de desahogo de pruebas, el cual se prevé concluya el próximo 23 de diciembre para dar inicio a la etapa de alegatos en la ciudad de Cuernavaca.
Van por cuatro colaboradores de Graco Ramírez más
Sin embargo, la omisión de 123 millones 392 mil 805 pesos durante el último año de gobierno no es el único escándalo que persigue a la administración del PRD encabezada por Graco Ramírez.
Este jueves 5 de diciembre la Fiscalía Anticorrupción de Morelos confirmó la vinculación a proceso de cuatro exfuncionarios más involucrados en el desvío de recursos y sobrecosto en obras públicas inconclusas que caracterizó al sexenio del exmandatario regional. Una administración que corrió de 2012 a 2018 y en donde se dieron registros superiores al 95 por ciento de contratos por adjudicación directa.
La Fiscalía especializada logró revocar las sentencias de amparo otorgadas por un juez de control a los impedían la vinculación a proceso de los exfuncionarios de las secretarías de Desarrollo Sustentable y Obras Públicas, acusados de estar relacionados con la construcción de una planta valorizadora de residuos sólidos, ubicada en la localidad “El Zarco” del municipio de Yautepec.
Para esta obra, se habrían destinado más de 13 millones 800 mil pesos, pero la planta nunca entró en operación, con un avance reportado de únicamente el 40 por ciento de su construcción; entregada por la empresa y recibida de manera indebida como si estuviera terminada al 100 por ciento.
“Por tal motivo, Einar “N” exsecretario de Desarrollo Sustentable, Rafael “N” ex subsecretario de la misma dependencia, así como Sergio “N” y José “N” ex subsecretarios de Obras, quedaron vinculados por el delito de Ejercicio Indebido del Servicio Público, relacionados con la carpeta de investigación FECC/150/2018”, informó la Fiscalía Anticorrupción a través de un comunicado.
Asimismo, la dependencia detalló que por esta misma causa se mantiene un procedimiento contra Patricia Izquierdo, exsecretaria de Obras Públicas, Lucero Campos Mercado, exdirectora de Infraestructura y Marco Antonio García Hernández, exsupervisor de Obras. Siendo siete los integrantes de la pasada administración a los que se les mantiene un proceso a la par del que se lleva a cabo en el Congreso de Morelos.
Investigaciones abiertas desde el mes de mayo de 2019 pero puesto en pausa gracias a los amparos presentados por la defensa de los imputados.
Una vez presentada la apelación por la Fiscalía, se encontraron elementos suficientes para demostrar que los exservidores públicos debieron ser vinculados a proceso, por lo que la Sala del Circuito Único en Materia Penal Oral con sede en Jojutla del Tribunal Superior de Justicia de Morelos determinó por unanimidad revocar dicha protección.
