Certificado: sí ‘ISO’ daño

Al liderazgo mundial de Grupo México en la industria de la minería, lo acompañan otros primeros lugares: en impunidad y destrucción.

Se trata de una de las empresas que más daños ambientales y afectaciones a la salud ha provocado, y que inhibe el desarrollo económico de diversas partes del país. Además, nunca ha recibido una sanción ejemplar.

En sus 70 años de historia, el consorcio administrado por Germán Larrea Mota-Velasco también ha explotado los bienes de la nación a cambio de mínimas contribuciones fiscales. 

Tan solo en el 2013, las ventas netas de esta firma superaron los 77 mil 952 millones de pesos, mientras que el pago de derecho por cada hectárea bajo su control osciló entre los 6 y 129 pesos por semestre.

Para los especialistas, esa cantidad es irrisoria si se compara con las ganancias de la transnacional, que en los últimos 20 años ha protagonizado una serie de conflictos sociales.

Y es que cuando no incumple con medidas para preservar el medio ambiente, termina por afectar la salud de comunidades enteras o poner en riesgo la vida de sus trabajadores.

Aún así, la empresa líder en la venta de cobre se asume como una empresa social y ambientalmente responsable a través de su portal de Internet, donde presume certificaciones como la ISO 14001:2004. 

El accidente en la Mina Pasta de Conchos en febrero de 2006, con sus 65 muertos, fue solo la punta del Iceberg. 

La Mina Buenavista del Cobre en Sonora con el derrame de 40 millones de metros cubico de sulfuro de cobre, parece ser la cola de un cúmulo de irregularidades. 

En su historial, Grupo México deja constancia de acusaciones por maltrato laboral, negligencia, abusos y relaciones de poder. Recientemente se evidenció que también miente y manipula la ley.

Por eso, la Comisión Investigadora sobre el desastre ecológico de la mina de Sonora en la Cámara de Diputados determinó que Grupo México es culpable de los daños ambientales; en consecuencia, pidió que pierda su titulo de concesión.

A esta postura se suma la de la Presidencia de la República y hasta la del gobernador de esa entidad, Guillermo Padrés Elías, quienes en el discurso exigen que la empresa pague por sus errores.

Sin embargo, en la práctica ese escenario se ve lejano.

Hasta el momento, Grupo México no ha suspendido operaciones en Buenavista del Cobre ni ha aportado los 2 mil millones de pesos que prometió para resarcir el daño provocado a los más de 22 mil habitantes de la región.

La multa a la que se hizo acreedora por parte de la Secretaría del Medio Ambiente  y Recursos Naturales –con base en la Ley de Responsabilidad Ambiental- podría ser de 40 millones, lo que significa tan solo el .03 por ciento de sus ingresos anuales.

Aún en el caso de que la sanción alcanzara los mil millones de pesos, el golpe a la economía de la empresa tampoco repercutiría significativamente, ya que esa cantidad representa el 3.4 por ciento de sus ingresos, de acuerdo a la revista Forbes.

Por si fuera poco, sus intenciones de explotar nuevas minas avanzan. 

Uno de los nuevos proyectos de Grupo México está ubicado en el límite de Baja California y Baja California Sur –El Arco– donde autoridades locales afirman que las negociaciones van en serio.

Una historia de atropellos

Grupo México enfrentó su primera crisis el 19 de febrero de 2006, cuando en la Mina Pasta de Conchos se registró una explosión que dejó atrapados a 65 trabajadores a 150 metros de profundidad.

En las primeras declaraciones, la firma dijo que el percance había sido el resultado de una acumulación de gas.

La empresa -ubicada en San Juan de Sabinas, Coahuila- fue cuestionada por organizaciones civiles, luego de darse a conocer que ya se habían registrado fallas en los sistemas de ventilación.

Comenzaron la búsqueda de los mineros atrapados, pero el avance no solo fue lento, sino que en abril del 2007 se suspendió.

La empresa argumentó que de acuerdo con un peritaje entre el 25 y 75 por ciento de la mina estaba inundada por lo que posiblemente el agua estaría contaminada con VIH, tuberculosis y hepatitis.

Como resultado de esas labores de rescate lograron recuperar solo dos de los cuerpos.

Los gobiernos de Vicente Fox y Felipe Calderón terminaron por apoyar al consorcio de Larrea y dejaron sin castigo a los responsables de la tragedia. 

Los deudos siguen buscando justicia en la Corte Interamericana  de Derechos Humanos. Hasta el momento, esa justicia no ha llegado. 

Sin embargo, la Secretaría de Economía renovó el título de concesión bajo un esquema de unificación denominado “Los Laureles”, con lo cual se abre la posibilidad de que la mina vuelva a operar.

La huelga de Cananea

Otro conflicto en el que se vio involucrado Grupo México se desarrolló en Cananea Sonora, cuando los trabajadores estallaron la huelga.

Ese derecho fue pasado por encima, cuando la empresa la disolvió con el apoyo de la Policía Federal y la Secretaría del Trabajo.

Los mineros sindicalizados acusaron la violación del Contrato Colectivo de Trabajo y la falta de seguridad en las instalaciones. En respuesta, la administración calderonista respondió con una infructuosa persecución en contra del polémico líder sindical, Napoleón Gómez Urrutia. 

Las malas condiciones de infraestructura que denunciaron entonces los mineros, fueron las mismas que Grupo México adujo para conseguir el fin de las relaciones laborales por causa de fuerza mayor. Entonces sí fueron tomadas en cuenta. 

Los conflictos se replicaron en Taxco, Guerrero, y en Sombrerete, Zacatecas. 

Asociaciones ambientalistas detectaron que la presencia de partículas de plomo, mercurio, cianuro, cobre, zinc y arsénico, entre otros, han afectado el sistema nervioso y los pulmones de la población cercana a esos municipios.

También provocan cáncer y malformaciones congénitas.

Tragedia en San Luis

En febrero de este año, Grupo México dio a conocer que en la Mina Charcas de San Luis Potosí otros cinco trabajadores murieron mientras hacían labores de mantenimiento. 

“Al parecer, el mecanismo de un eje se rompió desbalanceando la calesa o elevador donde se encontraban nuestros trabajadores, provocando su caída al fondo del tiro de acceso a la mina”. Se leía en el comunicado. Así se acreditó un nuevo problema de seguridad.

Familiares, vecinos y excompañeros de los cinco mineros muertos denunciaron para medios locales que el Grupo México improvisó instalaciones para que los trabajadores accedieran al lugar, lo que motivo el accidente. 

De acuerdo a los testimonios grabados en video, la empresa adaptó una calesa, originalmente usada para transportar material, para que los trabajadores ascendieran de la mina. En uno de estos traslados, se rompió un cable que sostenía la “jaula” en la que se transportaban los mineros y se desplomó. 

En el video que realizó el diario Pulso de San Luis Potosí se recogen los testimonios de los deudos de los cinco mineros fallecidos, Teódulo Rivera López, Benito Arriaga, Blas Guzmán, Juan García e Isidro Rodríguez.

El agua contaminada que derramó el vaso

La familia Larrea parecía intocable hasta que la Cámara de Diputados entregó las conclusiones de la investigación sobre el daño ambiental que provocó la Mina Buenavista del Cobre.

A diferencia de los demás conflictos en los que Grupo México se ha visto involucrado, en el del derrame de los 40 mil metros cúbicos de ácido sulfúrico al río Sonora, existe presión por parte de los legisladores que consideraron necesario quitarle la concesión de la mina a la empresa transnacional.

Derivado de su investigación, encontraron que la compañía mintió en sus declaraciones. Que no activó la alerta cuando se registró el derrame. Que se actuó a petición de un habitante de la población y que como medida reactiva, se alteraron escenas del incidente.

Como parte de la indagatoria, los diputados de la comisión creada para evaluar el desastre ecológico, advirtieron que la firma debe crear un fondo de, por lo menos, 5 mil millones de pesos para reparar los daños.

Y es que detectaron que los habitantes de la zona no se han beneficiado de la explotación del subsuelo, que se ha puesto en riesgo vidas humanas, la conservación del medio ambiente y el desarrollo económico de la región.

En el documento se puede leer que la empresa, lejos de actuar responsablemente con el medio ambiente y la población, provocó afectaciones que todavía no se pueden calcular.

También, los legisladores de todas las bancadas aprovecharon para hacer un llamado a las autoridades federales para redoblar esfuerzos en la supervisión de la mina con miras a quitarle la concesión.

‘Vamos a seguir denunciando las anomalías’

De acuerdo con la diputada federal por el Partido del Trabajo, Lilia Aguilar, el actuar de Grupo México cínico. Afirma que la compañía de Germán Larrea no quería pagar por los daños causados a los habitantes de al menos 7 poblados cercanos a los cauces de los ríos Sonora y Bacanuchi.

Aguilar asegura que la empresa ha hecho lo imposible por manipular a los pobladores de la zona para que, a cambio de mil pesos, deslinden de responsabilidades a la compañía.  

Es más, la diputada sostiene que la creación del fideicomiso que anunció el gobierno por 2 mil millones de pesos no existe, que solo se trata de un argumento mediático para calmar a la población.

“Tenemos evidencia que el personal labora en condiciones deplorables, que la población de los siete municipios aledaños ha perdido cosechas y ya tiene problemas de salud”, detalló la legisladora.

Del fideicomiso nada está claro, indicó.

“No sabemos quien lo va administrar, en qué se va ocupar y las reglas de operación para que los afectados puedan recibir una compensación por sus perdidas”.

Para la integrante de la Comisión Investigadora, es necesario que se imponga un castigo ejemplar a la empresa que tiene un historial de abusos.

“Vamos a seguir denunciando las anomalías. Y difundir a los habitantes de Sonora que no deben deslindar de responsabilidades a Grupo México, ya que los problemas a la salud pueden aparecer con el tiempo”, advirtió Aguilar.

La empresa debe pagar: Guillermo Padrés

El gobernador de Sonora, Guillermo Padrés reconoció que el desastre ecológico provocado por el derrame de los 40 metros cúbicos de ácido, es el peor daño ambiental de la historia minera.

Por esa razón, destacó, Grupo México tendrá que asumir las consecuencias.

En entrevista con Reporte Indigo, el mandatario explicó que el derrame de sulfato de cobre a los causes del río Sonora no solo provoca daños ambientales, sino económicos y de salud a quienes viven las periferias de la mina.

“Hemos luchado desde el primer día. Ya tenemos una serie de denuncias penales, civiles y mercantiles en contra de la empresa”, aseguró Padrés.

El mandatario indicó que la empresa de Germán Larrea ha hecho mucho daño, pero que se trata de una responsabilidad compartida, ya que también existen errores de supervisión.

Eso significa que las autoridades federales, principalmente la Secretaría del Medio Ambiente y Recursos Naturales no verificó la forma en que operaba la Mina Buenavista del Cobre.

“El programa de apoyo por parte del gobierno del estado ha destinado en este mes mas de 120 millones de pesos para la zona del desastre , pero es una meta muy corta para lo que se requiere, aún con los 2 mil millones”, dijo.

Padrés detalló que como parte medular de la ayuda, se instalaron centros de acopio donde se les compra sus cosechas, también se están perforando pozos de agua, y la entrega de dinero a lecheros y agricultores.

Ante las propuestas de quitarle la concesión de la mina, Padrés se limitó a decir que cueste lo que cueste la empresa debe hacerse responsable, y dentro del marco de la ley.

Falta supervisión en sector minero

El especialista en impacto ambiental, Jorge Escobar, explicó que el sector minero está regulado, pero que por la naturaleza de sus actividades hay un descuido en la supervisión.

Escobar detalló que existen vacíos legales sobre las obras de mitigación posteriores al cierre de una mina, lo cual abre la posibilidad de que se registren daños a la salud a largo plazo.

El miembro de la Academia Mexicana de Impacto Ambiental considera que sí hay una falta de supervisión por parte de las autoridades en ese sector y se requiere de un programa de reacción inmediata.

Sobre la multa que se pretende fijar a Grupo México por el desastre ecológico en Sonora, Escobar advierte que existe permisividad de contaminar a quienes puedan pagar una multa, pero no hay una política para inhibir ese tipo de desastres ecológicos. 

De acuerdo con su análisis, las actividades mineras tienen un cambio de uso de suelo del .86 por ciento, pero se trata de un terreno que es sumamente difícil reutilizar tras el cierre de una mina. 

“Aquí lo importante no es la dimensión del daño sino la intensidad con que se deteriora. Eso la hace similar a las afectaciones que deja la industria petrolera.

“La compensación de servicios ambientales y la retribución económica a la población son temas que la minería debe privilegiar para llegar a un acuerdo cuando se tengan este tipo de incidentes. Eso y el manejo de los residuos”, detalló.

Escobar alertó sobre las ambigüedades del fideicomiso que anunció el gobierno, pues la cantidad que se estima es similar a los fondos que se van a utilizar para reconstruir Baja California Sur después del huracán y no hay punto de comparación.

El amigo del poder

Germán Larrea Mota-Velasco es el segundo hombre más rico del país. Su fortuna, según la más reciente publicación de la revista Forbes, asciende a 14 mil 700 millones de dólares. 

Es presidente y director ejecutivo del Consejo de Administración de Grupo México y Southern Copper Corporation, compañías que tienen como fuente de riqueza la minería y el transporte.

El hijo de Jorge Larrea –fundador de Grupo México– y asumió la dirección del consorcio en 1995, para convertirla en la tercera empresa de mayor productor de cobre del mundo.

Además, sus operadoras Ferromex y Ferrosur son de las empresas de ferrocarriles más importantes del mundo.

Según Forbes cuenta con 13 minas en operación, así como diez en exploración en México, Estados Unidos, Chile y Perú. 

Hasta el viernes pasado tenía acciones en Grupo Televisa. Sin embargo, el presidente de Grupo México fue separado del Consejo de la televisora por ocultar a la empresa que planea convertirse en postor de nuevas cadenas de televisión, según anunció Joaquín López Dóriga.