‘Hay mala intención’

Desde el sexenio de Felipe Calderón, todos lo sabían pero lo callaron. Reporte Indigo lo publicó a principios de este año: Pemex tenía las pruebas de que Jaime Camil Garza había recibido sobornos como “representante” de Siemens en México

Pero los hilos sueltos están por todos lados, el más nuevo apunta hacia César Nava, exdirector jurídico de la paraestatal, a quien Pemex acusa de participar en una “conspiración criminal” para cometer un fraude en su contra. El panista se desempeñó como director jurídico de la petrolera entre 2001 y 2003.

La demanda por 500 millones de dólares presentada por Petróleos Mexicanos en contra de la empresa alemana Siemens, en Nueva York, a mediados de diciembre, tuvo como elemento crucial al dueño de la Inmobiliaria Cima Brisas en Acapulco.

La nueva demanda indica que Nava, en complicidad con Camil Garza y Luis Enrique Bouchot, exdirector jurídico de Pemex Refinación, habría cometido irregularidades en perjuicio de la paraestatal durante las obras de reconfiguración de la refinería de Cadereyta, Nuevo León.

Pemex acusó a su exdirector jurídico de impedir el cobro de un cheque por 102 millones de dólares como parte de un esquema para presuntamente defraudar a la empresa.

La querella fue interpuesta por “obras de baja calidad” hechas en Cadereyta, las que inclusive causaron un accidente, dijo a CNNMéxico un vocero de la paraestatal.

Nava, de acuerdo con la denuncia, ordenó en mayo de 2002 a una subordinada abstenerse de cobrar dos cartas de crédito por 102.8 millones de dólares que servirían para compensar violaciones contractuales. 

De acuerdo a El Economista, la mención a Nava forma parte de la ampliación de una demanda que Pemex interpuso en diciembre pasado en una corte de Nueva York contra SK Engineering y Siemens, acusadas de cometer un supuesto fraude por 182 millones de dólares mediante la empresa Conproca.

El recurso legal fue presentado el pasado 8 de mayo ante la Corte para el Distrito Sur de Nueva York.

La demanda acusa también a otros exfuncionarios de Pemex de haber aprobado el pago de “varios recibos fraudulentos”.

Estos fueron identificados como Eduardo Vargas Cabrera y Máximo Téllez Rosas, quienes fueron vetados de trabajar en el sector público debido a las irregularidades.

La postura blanquiazul

El presidente del PAN, Gustavo Madero, consideró que la información revelada sobre este caso es parte de una campaña en el marco de las próximas elecciones estatales del 7 de julio.

“Hasta ahora solo hemos escuchado filtraciones de un periódico”, dijo el líder nacional albiazul, “que no ameritan todavía un pronunciamiento mayor”.

En la conferencia de prensa donde dio a conocer la iniciativa para crear el Instituto Nacional Electoral, Madero indicó que hay cosas muy extrañas en los señalamientos.

“Como que no coinciden las fechas”, dijo. “(Nava) no era funcionario de la paraestatal; no hay consistencias en las fechas”, indicó

El presidente del PAN pidió que se dé oportunidad a que Nava presente su defensa ante estas acusaciones.

“Sólo Reforma y Televisa están insistiendo en la materia”, dijo en conferencia de prensa..

Por su parte Ernesto Cordero, presidente del Senado y quien fue compañero de Nava en el gabinete de Calderón, planteó que el caso de la demanda de Pemex contra su correligionario sea investigado a fondo.

“Que se investigue y que se aclare (…) No nos adelantemos, vamos a esperar que se investigue y que se aclare”, señaló.

Una defensa a la carta

Tras el anuncio de Pemex, César Nava envío una carta en la que expone su postura sobre el tema

1. Como es del conocimiento público, mi desempeño como Abogado General de Pemex abarcó de octubre de 2001 a octubre de 2003. Los hechos relativos a presuntos pagos ilegales realizados por particulares a funcionarios de Pemex con motivo del proyecto “Cadereyta” se habrían realizado según información divulgada por diversos medios de comunicación en el año de 2004.  Salta a la vista que, para entonces, había dejado el suscrito su cargo en Pemex.

2. Pretender ligar esos posibles hechos supuestamente verificados en el año 2004 con mi gestión durante el año 2003, rebasa y contradice la más elemental lógica. Por lo tanto, rechazo categóricamente que se me pretenda vincular con esos supuestos actos de corrupción.

3. Mi desempeño en la función de Abogado General de Pemex, al igual que en el resto del servicio público se guió en todo momento por los principios de legalidad, honradez, imparcialidad y profesionalismo. Mi gestión fue auditada tanto por la Secretaría de la Función Pública como por la Auditoría Superior de la Federación.

4. Pretender ensuciar mi reputación y asociarme con posibles hechos ilícitos presuntamente cometidos por particulares y servidores públicos sólo puede obedecer a una lógica ajena a la recta procuración de justicia.

5. En sentido contrario a lo publicado por el diario Reforma, durante mi gestión como Abogado General, jamás “impedí que Pemex cobrara varias cartas de crédito”. Pemex jamás renunció a derecho alguno de cobro de las garantías emitidas por el consorcio “Conproca” a su favor.

6. Tan es así que un año más tarde, se celebró el “CONVENIO PARA FACILITAR LA RESOLUCIÓN DE LAS CONTROVERSIAS RELATIVAS AL PROYECTO CADEREYTA EN EL MARCO DEL ARBITRAJE SEGUIDO ANTE LA CORTE INTERNACIONAL DE ARBITRAJE CELEBRADO EL 27 DE JUNIO DE 2003”. A esa fecha, las cartas de crédito a favor de PEMEX continuaban vigentes a la firma del mismo.

7. Es decir, en ningún momento renunció Pemex a garantía alguna de las establecidas por Conproca a su favor.

8. Además, por común acuerdo entre las partes, se sujetó la exigibilidad de las garantías al resultado del laudo del arbitraje. De obtener un resultado favorable en el mismo, Pemex habría tenido expedito y a salvo su derecho para colectar las garantías suficientes.

9. Más aun, como se desprende de la lectura de este convenio, Pemex OBTUVO GARANTIAS ADICIONALES  a las ya existentes que sumaban 187.2 millones de dólares, destacadamente una nueva carta de crédito por 40 millones de dólares para garantizar los trabajos relativos a un sector específico del proyecto.

10. Es importante resaltar que el mencionado convenio fue autorizado en su momento por el Consejo de Administración de Pemex Refinación. Para su firma se contó con la opinión favorable de la Secretaría de la Función Pública

La defensa

1. Los supuestos hechos ocurridos en mayo de 2002 con los que se me pretende asociar a supuestos hechos ilícitos presuntamente ocurridos en 2004 no guardan ninguna relación temporal ni lógica alguna con éstos;

2. En mayo de 2002, Pemex no renunció a garantía alguna ni hizo “descuento” alguno a Conproca, antes bien mantuvo en todo momento sus derechos de cobro sobre las garantías;

3. Conproca prorrogó todas y cada una de las garantías a favor de Pemex;

4. Las partes acordaron sujetar su exigibilidad al resultado del laudo arbitral;

5. Mediante el convenio de 2003, que fue aprobado por el Consejo de Administración de Pemex Refinación con el visto bueno de la Secretaría de la Función Pública. Pemex obtuvo garantías adicionales a las ya existentes; y

6. Por todo ello, queda manifiesta la malsana intención de asociarme a presuntos hechos ilícitos presuntamente ocurridos en 2004, año en el que no me encontraba ya en el cargo en el que honrosamente serví de 2001 a 2003.

Secreto a voces

En su edicón del 29 de enero de este año, Reporte Indigo evidenció que  Pemex tenía las pruebas de que Jaime Camil Garza había recibido sobornos como “representante” de Siemens en México