Herencia para Silvano

Tras los primeros acercamientos entre el gobernador sustituto y el electo de Michoacán, ha trascendido la falta de información que se le ha otorgado al nuevo jefe del ejecutivo entorno a los principales problemas sociales que afronta el estado, en donde no existe un informe completo de los temas medulares, como las autodefensas, el nivel de la deuda pública o los acuerdos establecidos con los grupos magisteriales que mantienen movilizaciones en toda la entidad.

El gobierno estatal de Salvador Jara Guerrero ha regateado información –en los primeros acercamientos- sobre la condición del estado de Michoacán frente al tema de las autodefensas. En ese sentido no se ha aportado información que pudiera ayudar al próximo gobernador a instrumentar una política pública entorno al más grave conflicto social que enfrenta la entidad.

El gobierno de Salvador Jara Guerrero se ha justificado para no brindar información sobre las autodefensas, según fuentes del interior del equipo de Silvano Aureoles, aduciendo que ese tema es llevado por el gobierno federal, en donde la administración de Michoacán no ha tenido ninguna injerencia.

Caso similar ha ocurrido con el tema de la deuda pública del estado, la que asciende a más de 36 mil millones de pesos, en donde el gobierno de Salvador Jara Guerrero ha incrementado la deuda en casi 2 mil millones pesos, pero ha argumentado desconocer sobre el particular, “debido a que el gobierno federal es que maneja las finanzas del estado”.

Tampoco en el tema de los acuerdos con los sindicatos de los trabajadores –democráticos e institucionales-  de la educación se ha planteado un panorama real al nuevo gobernador de Michoacán, toda vez que la administración de Salvador Jara Guerrero “se ha limitado al cumplimiento de los acuerdos establecidos en el periodo de gobierno de Fausto Vallejo Figueroa”.

En los primeros acercamientos que mantiene el gobierno sustituto que está a punto de concluir con la encomienda dictada desde la presidencia de la república, tampoco se ha esclarecido el tema de la situación social que prevalece en el estado, en torno a la problemática generada en los municipios en donde operan las mineras internacionales, como Aquila y Lázaro Cárdenas.

En ese renglón, el gobierno estatal de Jara Guerrero, argumenta total desconocimiento sobre el asunto, explicando al gobernador electo Silvano Aureoles Conejo, que ese tema escapa de la influencia local “por tratarse de un asunto entre la minera y los pobladores locales, en donde no cabe la injerencia de la administración estatal”.

Hasta el momento no existe una postura del gobernador electo, frente la herencia de la administración de Fausto Vallejo-Jesús Reyna-Salvador Jara, la que habrá de recibir en menos de 60 días en total desconocimiento sobre los avances y proyecciones que se tienen en los tópicos estatales que han valido para catalogar como gestión fallida la del periodo de gobierno que concluye el 30 de agosto próximo.

Autodefensas, sin interlocución

Dentro de la pesada herencia que recibirá la administración de Silvano Aureoles Conejo del gobierno de Salvador Jara Guerrero, destaca el conflicto generado por la aparición de los grupos de autodefensa, que continúan activos manteniendo el control de decenas de poblaciones en todo el estado.

La administración estatal en funciones ha reconocido que no hay interlocución con los grupos de autodefensa. En la secretaría de Gobierno no se ha diseñado una política que atienda ese asunto.

El gobernador electo ha buscado conocer a los interlocutores del movimiento civil armado, pero en la administración estatal nunca se consideró esa posibilidad, por considerarlos como grupo marginales de la ley.

El gobernador electo –trascendió por fuentes cercanas- ha solicitado información medular sobre el caso del fundador de las autodefensas, José Manuel Mireles Valverde, pero la administración de Salvador Jara ha respondido que no se tiene una ficha curricular del hombre que puso al estado de Michoacán en la mira de todo el mundo.

Pese a que por lo menos 12 grupos de autodefensas han solicitado dialogo con el gobierno estatal a fin de buscar una salida negociada a la crisis de violencia que se vive en la entidad, el gobierno de Michoacán que a punto está de concluir su gestión, ha reconocido que a ningún grupo armado se le ha dado espacio para el diálogo.

La deuda, en el olvido

El gobernador Salvador Jara Guerrero no ha querido proporcionar información a la gestión administrativa que inicia, argumentando desconocerla.

Cabe señalar que la deuda pública del estado se ha atribuido al desaseo financiero que tuvieron los gobiernos perredistas de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy Rangel, así como al priista de Fausto Vallejo Figueroa, Jesús Reyna García y Salvador jara Guerrero, en cuyo ejercicio se ha aumentado en más de 2 mil millones de pesos la deuda.

El informe financiero que se prepara para ser entregado al gobernador electo Silvano Aureoles solo contiene información referente al movimiento de las finanzas en la gestión de Fausto Vallejo, dejando fuera a los periodos de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy.

El informe sobre la deuda pública que prepara el gobierno de Jara Guerrero, es la copia de la Auditoría Superior del Estado del gobierno federal, en donde la mayor responsabilidad del endeudamiento del gobierno  de Michoacán recae en los periodos de Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García.

Pretenden comisión anticorrupción

De acuerdo a fuentes del interior del equipo del gobernador electo, la intención planteada al gobernador Salvador Jara, es la creación de una comisión “anticorrupción” cuya finalidad será determinar las áreas administrativas del gobierno local en donde se presumen actos de corrupción en la gestión de Fausto Vallejo.

La comisión anticorrupción sería el grupo de funcionarios del gobernador electo Silvano Aureoles Conejo que conocería de primera mano dependencias y funcionarios que han desviado recursos del erario, a fin de iniciar los procesos penales correspondientes.

Esa comisión podría dejar a salvo a diversos funcionarios de la administración de Lázaro Cárdenas y Leonel Godoy Rangel que han sido identificados en el periodo de Salvador Jara como los responsables del quebranto financiero que afronta la entidad, en donde  no se ha logrado el encarcelamiento de ningún responsable.

La comisión anticorrupción también investigará sobre el desvío de fondos públicos en los gobiernos municipales, donde se presume que al menos –en el orden de las partidas federales-cerca del 70 por ciento de las administraciones locales mantienen irregularidades en cuanto al gasto programado y el gasto ejercido en las obras realizadas en los últimos tres años.