El estudio “Costos de la Impunidad”, elaborado por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) y Creatura, Critical Thinking Advocates cuesta al país 422 mil 390 millones de pesos al año, es decir 0.57 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
“El país atraviesa por una grave crisis de impunidad que erosiona aún más la confianza de los mexicanos en sus instituciones. Esta situación ha traído innumerables costos, varios de ellos irreparables y difíciles de cuantificar.
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“Miles de vidas se han perdido, otro tanto de familias ha quedado marcada para siempre por la desaparición de uno o varios de sus miembros, y no se puede despreciar la pérdida del bienestar físico y psicológico de víctimas y sus familiares”, afirmó Patricia de Obeso, de Creatura, consultoría especializada en investigación, facilitación y documentación de procesos de incidencia para el cambio social.
Dijo que el estudio hace una estimación sobre del costo económico de la impunidad. “Acotamos los costos de la impunidad a aquellos relacionados con homicidios, desapariciones y desplazamientos forzados durante la guerra contra el narcotráfico que inició en 2006”.
Según estimaciones del estudio, si existiera una efectividad institucional como en Costa Rica, para el 2030 el PIB del México podría ser de 3 puntos menos al actual. Si se continúa así, para el 2050 el costo ascendería a 8.7 billones de pesos una pérdida de 13 por ciento de crecimiento del PIB, advierte el estudio.
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Durante la presentación del informe, los especialistas que lo elaboraron afirmaron que el estado con mayor índice de impunidad, en promedio para el periodo 2010-2016, es Guerrero con 97.5 por ciento; mientras que Baja California obtuvo el más bajo nivel, con un promedio de 91.9 por ciento para el mismo periodo. La impunidad en México, en dicho periodo, varió entre 92 por ciento y 97.5 por ciento.
La investigación determina que existe una clara correlación estadística entre la impunidad, la desaparición de personas y el desplazamiento forzado, es decir, que en la medida en que el aparato de justicia mexicano sea más eficiente y logre sancionar a más agresores, disminuirá el número de desapariciones y actos de desplazamiento forzado.
