La llegada de un exfuncionario público al Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción de Jalisco, como acaba de ocurrir con David Gómez-Álvarez Pérez, ha puesto en entredicho la independencia de ese órgano que debía mantener una integración solo ciudadana.
La reciente designación ha generado críticas por tratarse de un exfuncionario público que se ha mantenido siempre en estrecha cercanía con la clase política hegemónica del estado, lo que podría comprometer las actuaciones del ente al que llega.
Por ejemplo, en la administración estatal que encabezó el exgobernador del PRI, Aristóteles Sandoval Díaz, que apenas concluyó en diciembre pasado, Gómez-Álvarez Pérez ocupó el cargo de Subsecretario de Planeación y Evaluación, lo cual le valió pagos totales por 4 millones 974 mil 950 pesos, de acuerdo con el portal de la nómina oficial del Estado.
Gómez-Álvarez Pérez mantuvo la cartera de la Subsecretaria de Planeación y Evaluación desde el inicio del gobierno de Sandoval Díaz, en marzo de 2013, hasta agosto del año 2016, tiempo suficiente para hacerse de esos casi 5 millones de pesos que le fueron provistos por la administración priista.
El exfuncionario de Sandoval Díaz, elegido ahora como integrante del órgano ciudadano del Sistema Estatal Anticorrupción, fungió además como consejero presidente del Instituto Electoral de Jalisco (IEPC) de octubre de 2008 a julio de 2010
Un cargo al que no se llega sin que haya antes una negociación con los partidos políticos de la entidad.
El involucramiento de Gómez-Álvarez Pérez con los grupos de poder político se hizo manifiesto el 4 de octubre pasado, cuando reunió en su casa particular al gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y al secretario federal de Hacienda y Crédito Público, Arturo Herrera Gutiérrez.
“El viernes por la noche tuvimos una charla informal con empresarios, académicos y el Gobernador @EnriqueAlfaroR, organizada por @GomezAlvarezD y @transversal_t. En este foro escuchamos puntos de vista y preocupaciones de estos jaliscienses”, escribió Herrera Gutiérrez en sus redes.
Conflicto de interés en el Sistema Anticorrupción
El Comité de Participación Social tiene como una de sus principales misiones el fungir como un vigía independiente del Sistema Estatal Anticorrupción para verificar que este opere adecuadamente, sin favoritismos ni complacencias para nadie. De ahí el riesgo en que ahora se le sume un perfil como el de Gómez-Álvarez Pérez.
El propio Comité señala que “tiene la responsabilidad de vigilar el funcionamiento de todo el Sistema en el estado, de proponer políticas públicas, metodologías e indicadores de evaluación contra la corrupción, y de generar mecanismos para que la sociedad participe en su prevención y denuncia”.
La elección del exfuncionario efectuada este 22 de octubre por la Comisión de Selección del Sistema Anticorrupción se concretó a pesar de que la administración que encabezó Sandoval Díaz, y de la cual formó parte Gómez Álvarez, aún tiene cuentas públicas que están bajo revisión de la Auditoría Superior del Estado (ASEJ), lo que podría constituir un conflicto de interés para el primero.
La Ley del Sistema Anticorrupción local faculta en su Artículo 21 a todos los miembros del Comité de Participación Social, como lo será desde el 1 de noviembre Gómez-Álvarez Pérez, a que puedan “acceder sin ninguna restricción, por conducto del Secretario Técnico, a la información que genere el Sistema Estatal (Anticorrupción)”, que incluye a la ASEJ y a los órganos internos de control de las dependencias.
El Artículo 23 señala además que “el Comité de Participación Social podrá solicitar al Comité Coordinador (del Sistema) la emisión de exhortos públicos cuando algún hecho de corrupción requiera de aclaración pública. Los exhortos tendrán por objeto requerir a las autoridades competentes información sobre la atención al asunto de que se trate”.
Una de las tareas del Comité de Participación Social es vigilar que el Sistema Estatal Anticorrupción opere adecuadamente, sin favoritismos ni complacencias
Sus polémicas
David Gómez-Álvarez Pérez ha estado envuelto en al menos un par de polémicas de 2013 a la fecha. Una de estas referente a un presunto de caso de favoritismo desde el servicio público y, por tanto, de corrupción. La otra fue un incidente en el que se le señaló de intentar amedrentar a una periodista.
El primer caso se remonta al 2013 cuando fungía como subsecretario de Planeación del Estado y usó el puesto para asignarle un contrato de 943 mil pesos a uno de sus propios empleados y amigo: Erick Lobo Duarte, dueño de la firma IPS Consulting, según lo documentó el diario Mural.
El entonces subsecretario adujo que Lobo Duarte había sido su empleado por honorarios del 15 de marzo al 15 de junio de ese año, sin embargo, se constató que al momento de emitir la invitación para el concurso -el 12 de junio- Lobo Duarte seguía trabajando para él.
La segunda polémica es más reciente y se dio en redes sociales el 14 de agosto pasado. Los hechos sucedieron cuando el exfuncionario publicó una columna sobre la presa El Zapotillo, que recibió el siguiente comentario de la reportera Jade Ramírez Cuevas Villanueva, del Canal 44 de la UdeG: “No encontré la cara de bostezo. No tienen ni idea de lo que habla “Medidas de compensación” ay junior en decadencia…”.
El exfuncionario le respondió pero arrobando al director del Canal 44, Gabriel Torres Espinoza, a quien llamó “amigo”, y solicitó que “subiera el nivel” de su equipo: “Perdón, ¿tú eres especialista en algo o solo reporteas como para descalificar así? Sé del tema. Estudié con el grupo Harvard-MIT. Urge subir el nivel de algunos del canal estimado amigo @Gabriel_TorresE”.
La reacción del exfuncionario fue calificada como un “amedrentamiento” por Frida V. Rodelo, académica e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi).
“Es de pésimo gusto que busques amedrentar a una periodista con la frase ‘urge subir el nivel de algunos del canal estimado amigo @Gabriel_TorresE’ [director del @CANAL44TV]”, respondió Frida V.
