Órganos electorales, bajo la lupa

Después de las elecciones del 4 de junio, los órganos electorales –tanto locales como el nacional-, están bajo la lupa por su actuación.

Las autoridades electorales del Estado de México y Coahuila, y el propio Instituto Nacional Electoral (INE) están bajo sospecha.

La omisión ante las denuncias sobre la intervención del gobierno en las elecciones; la falta de fuerza en las sanciones para frenar esa intervención; los cuestionamientos sobre el PREP; o la negativa para contar nuevamente todos los votos emitidos el 4 de junio, han colocado un manto de incertidumbre sobre la actuación de la autoridad electoral.

Esta circunstancia da una pista de cómo será la elección del 2018, donde habrá un proceso electoral federal y 30 estados tendrán elecciones locales.

Ahora los tribunales electorales deberán resolver las impugnaciones y peticiones de nulidad con argumentos legales que convenzan a todos los involucrados pues, de no lograrlo, se abonará más a la desconfianza.

Esta desconfianza se suma a combatir el abstencionismo o si debe haber o no segunda vuelta electoral.

La revisión de los gastos de campaña y la resolución de todas las denuncias que se han hecho sobre los procesos electorales de este año, es la última oportunidad que tendrán para dar certidumbre a los ciudadanos, rumbo a la elección del 2018.

El día de ayer estaba programada una reunión del INE con los partidos políticos para analizar la serie de irregularidades registradas en las elecciones del pasado 4 de junio.

Lorenzo Córdova, presidente del organismo electoral, reiteró que los partidos políticos están en su derecho de pedir la anulación de los comicios sin consideran que hubo anomalías graves.

“Yo no especularía sobre la posibilidad de que se anulen las elecciones. Por supuesto, es un derecho de los propios partidos solicitarlo a las propias instancias jurisdiccionales y estas son las que van a tener que hacer un balance de las pruebas que presenten los propios partidos y serán los tribunales los que tomen la decisión en su momento”, señaló Córdova.

Autoridades cuestionadas

Los señalamientos contra los organismos electorales han ocurrido desde antes del día de la elección.

Los partidos de Oposición acusaron a los consejeros electorales, tanto locales como nacionales, de ser omisos ante la intervención de los gobiernos estatales y el federal a favor de los candidatos priistas en el Estado de México y Coahuila.

A unos días de la elección del 4 de junio, incluso, la candidata del PAN a la gubernatura del Estado de México, Josefina Vázquez Mota, pidió al INE atraer la elección y hacer algo ante la intervención gubernamental evidente, según su consideración.

“En los últimos meses hemos sido testigos de la intervención del Gobierno federal y del gobierno del Estado de México en las elecciones para favorecer al candidato del PRI. En su desesperación han roto todo tipo de reglas democráticas. Se está configurando una auténtica elección de Estado. No reconocerlo así implica ser cómplices de las trampas que el PRI-gobierno está llevando a cabo”, sentenció Vázquez Mota en una carta entregada al INE el 26 de mayo.

“Parece haber complacencia o complicidad de las autoridades electorales locales. Lamentablemente, el Instituto Electoral del Estado de México está cooptado y no han hecho nada ante las evidentes irregularidades del PRI, pero también de Morena”, aseguró la candidata.

Además de señalar lo que consideran una elección de estado en el caso del Edomex, la Oposición también acusó al INE por tener dificultades para la acreditación de sus representantes de casilla –que no pudieron pasar al conteo de votos el domingo de la elección- y, desde antes del comienzo de las campañas políticas, de haber quitado la pauta de la elección en los medios del Valle de México.

Otras dudas surgieron en la jornada de la elección y en los días posteriores. Tanto en Coahuila como en el Estado de México se cuestionó al Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP). En el primer caso, por haber computado solo el 70 por ciento de las actas y, en el segundo, por tener supuestos errores en la suma de votos.

En Coahuila, además, se acusó que algunos paquetes electorales habían sido manipulados antes del cómputo distrital y que varios de los consejeros electorales estaban relacionados en cierta manera con el PRI, lo que levantó aún más la sospecha sobre la imparcialidad de su labor.

En el Estado de México, las dudas crecieron cuando, en redes sociales, se hizo viral un video que supuestamente comprobaba la alteración del PREP para dar más votos al candidato priista Alfredo del Mazo.

Incluso, en el interior del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), hubo preocupación por la falta de certeza que se había generado.

Gabriel Corona, consejero del IEEM, planteó que es responsabilidad del propio órgano despejar esas dudas.

“Estamos en una situación donde han surgido muchas dudas que, nos gusten o no, son responsabilidad de todo el Instituto y son producto del PREP.

“Es importante hacer el recuento, porque el PREP no ha dado la certeza que requeríamos para este proceso electoral”, consideró Corona, cuando se dio a conocer que solo se recontaría parte de los paquetes electorales que se habían considerado originalmente.

Gracias a su postura, el IEEM abrió 3 mil 421 paquetes electorales en el cómputo distrital, aunque se planteó abrir únicamente 2 mil 936.

En el caso de Coahuila y el Estado de México, ahora la elección continúa su camino en tribunales, donde ya se han resuelto algunas de las denuncias que los partidos presentaron en la campaña política.

INE, responsable

Con la reforma político electoral del 2014, que extinguió al Instituto Federal Electoral y creó al Instituto Nacional Electoral, llegó también el cambio en la forma de nombrar a los consejeros electorales estatales.

Al hacer la reforma, la idea del Congreso de la Unión era arrancar a los Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) a los gobiernos de los estados, para evitar que hubiera influencia del gobierno en las elecciones.

La reforma establece que es el INE quien realiza el nombramiento de estos consejeros electorales locales. También que los OPLE son los encargados de organizar y vigilar las elecciones en sus entidades.

Sin embargo, al INE le quedaron facultades como la posibilidad de atraer la elección de un estado o la de fiscalizar los gastos de campaña –rebasar los topes de gasto es causa de anulación de la elección entera-.

Para Horacio Duarte, presidente de Morena en el Estado de México, el INE es el responsable último de lo que ocurre en las elecciones en todo el país.

“El INE tiene una responsabilidad institucional, jurídica y política por ser el gran órgano conductor del sistema nacional de elecciones. Sin embargo, nos da la impresión de que desde el INE se quiere abdicar de esa responsabilidad y solo dejar que los OPLEs tengan a su cargo las elecciones en los estados. Ese es un error jurídico y una forma de lavarse las manos (…).

“Todo esto prende la alerta respecto a la actuación del INE rumbo a la elección que viene en el 2018. Me parece tan absurdo que el próximo año, que vamos a tener 30 elecciones locales, más toda la elección federal, el INE no sea capaz de garantizarle a los partidos ni tener representantes de casilla”, criticó Duarte en una conferencia.

Morena ve que, en la elección del Estado de México, el INE ha tomado decisiones que influyeron en el rumbo de todo el proceso.

La primera de ellas fue cuando el INE decidió –“de manera ilegal y absurda”, acusa Duarte- quitar la pauta de radio y televisión en el Valle de México, pues se dejó a los electores sin información de las campañas electorales.

“Ahí hay una responsabilidad, incluso, de violación a la Constitución por parte del Consejo General del INE que no garantizó a los electores del Estado de México información suficiente, veraz y confiable”, afirmó Duarte.

La otra falla del INE en el proceso local de este año fue en el sistema de registro de representantes de casilla, pues no permitió que fueran correctamente vigiladas las casillas el día de los comicios.

Sin embargo, Horacio Duarte ve la principal falla del INE en el nombramiento de los consejeros electorales locales, pues aunque la intención era quitárselos a los poderes políticos de los estados, en los hechos no se ha consumado.

“La responsabilidad política que tiene el INE de haber nombrado OPLEs con tanta debilidad institucional, consejeros en los estados que no se comportan como órganos electorales autónomos, sino que de facto se convierten en empleados de los gobiernos de los estados.

“Vemos el caso de Coahuila, que no pueden avanzar en el PREP, que no tienen autoridad política. En el caso del Estado de México, el consejo del IEEM llegó a plantear firmar un pacto de civilidad con el secretario general de gobierno del Estado de México; eso los desnuda de cuerpo completo. Entonces, hay una responsabilidad del INE sobre ese tema”, consideró Duarte.

Ahora, el INE tiene en sus manos la revisión de los gastos de campaña y, para el dirigente estatal de Morena, esa es una oportunidad de volver a ganar la confianza ciudadana al hacer una revisión profunda y correcta de todos los gastos y no quedarse solo en el discurso de buenas intenciones.

“A estos consejeros del INE les encanta solo andar de viaje en el mundo, presumiendo la democracia mexicana, pero no son capaces de garantizar un registro de 38 mil representantes de casilla; o no son capaces de garantizar condiciones de equidad. Son muy buenos para escribir artículos académicos, en los medios de comunicación; pero no son capaces de poner un freno al Gobierno federal, a los gobiernos de los estados, que hacen y deshacen a su antojo.

“Creo que nos encontramos frente a un nuevo modelo de complicidad electoral en el país, donde participan los estados, la federación y, lo más grave, ya la degradación es en las autoridades electorales”, sentenció.

Duarte llamó a que se hagan ejercicios como los hechos por la autoridad electoral en el pasado, como las investigaciones por el caso de los llamados “Amigos de Fox” o el “Pemexgate”, en el que se impusieron multas millonarias al PAN y al PRI por violar la ley.

El pecado original

La historia mexicana no tiene memoria de otro conflicto poselectoral tan grave como el del 2006.

Fue en la elección de ese año, cuando Felipe Calderón Hinojosa derrotó a Andrés Manuel López Obrador por el 0.56 por ciento de los votos, que la autoridad electoral también tuvo su mayor crisis de credibilidad.

Las dudas hacia la autoridad electoral, sin embargo, no tuvieron su origen el día de la elección sino 3 años antes.

Todo se remonta a la forma en que fueron elegidos los consejeros electorales, la misma forma que hoy afecta a quienes ocupan un espacio en el Consejo General del INE.

Luis Carlos Ugalde, exconsejero presidente del IFE, explica en su libro “Así lo viví” (Grijalbo, 2008) el origen del descrédito que la autoridad electoral tenía en el 2006 y las consecuencias que este tuvo al presentarse una elección tan cerrada como la de ese año.

A eso, Ugalde le llama “el pecado original”: la forma poco transparente y sin consenso con que fueron electos los consejeros electorales en el 2003 –él, entre ellos-, que obedeció a cuotas de partidos –igual que ahora- en la que negociaron en opacidad.

“Todo era informal, discreto, poco transparente. Lo escribo años después con plena conciencia de que yo mismo fui beneficiario de ese método (haberlo sido no me impide cuestionarlo).

“Desde el primer día como presidente del IFE, padecí sus consecuencias, que dieron pie a la sospecha y a la descalificación. Ya intuía desde entonces que el método de negociación podría causar, tiempo después, estragos y conflictos. Desconocía la magnitud, sin embargo”, narra Ugalde.

El problema más grave, escribió, fue que el PRD quedó fuera de la negociación de las cuotas para el IFE, lo que le ganó de inmediato el rechazo de ese partido que, en el 2006, llevaría a Andrés Manuel López Obrador como su candidato presidencial.

“Habíamos nacido con un ‘pecado de origen’, como muchos analistas bautizaron la falta de unanimidad en nuestra designación. Pero, a diferencia de los pasajes bíblicos, el pecado de origen no había sido causado por los nuevos consejeros, sino por el conflicto y la falta de unanimidad entre partidos al seno del Congreso (…).

“Nuestro pecado de origen provenía no solo de la falta de transparencia con que habíamos sido seleccionados, sino, además, de la falta de reglas claras para decidir (…) Esa falta de transparencia alentaba la sospecha de que los aspirantes a consejeros podíamos hacer pactos secretos e inconfesables a cambio de ser apoyados”, reflexionó.

Esta forma de elegir a los consejeros electorales, mediante el sistema de cuotas partidistas, fue la principal fuente de desconfianza en el IFE que él presidió.

Lo mismo ocurre hoy día. Los consejeros electorales son escogidos por la Cámara de Diputados y ahí, son los grupos parlamentarios más importantes quienes deciden a quién impulsarán.

“Esa es la aparente contradicción que siempre ha colocado a los consejeros en una situación incómoda: ser designados por los actores a los cuales deben regular y sancionar”, asentó Ugalde.

Esta designación por cuotas partidistas también incluye a los magistrados de los tribunales electorales, incluido el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), lo que resta credibilidad a las decisiones que se toman también en ese órgano.

Voto obligatorio, ¿la opción?

El alto porcentaje de abstencionismo ha abierto el debate sobre la pertinencia de hacer valer el voto obligatorio con sanción en el país.

En este modelo se obligaría a los electores a acudir a las urnas y, de no hacerlo, se les aplicaría una sanción.

Aunque la disposición existe en la Constitución Política, hasta hoy es letra muerta, pues no se establece ninguna sanción.

Para Armando Soto Flores, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, el voto obligatorio con sanción puede ser una alternativa para consolidar el sistema democrático mexicano.

“Los distintos factores que existen en nuestro país, como la apatía, el desinterés, la desconfianza, el descontento generado por los partidos políticos e instituciones electorales, han orillado al ciudadano a tener una baja participación en los procesos electorales (…).

“El abstencionismo y la baja participación ciudadana nos obliga a fortalecer nuestro sistema electoral y de partidos políticos, sobre todo para que los candidatos, una vez que triunfen, obtengan una verdadera representatividad y legitimidad”, expone Soto Flores en su ensayo “El voto obligatorio con sanción: una alternativa para lograr la democracia en México”, publicado en la Revista de la Facultad de Derecho de la UNAM.

La falta de participación hace que los gobernantes lleguen al poder con poco respaldo popular, lo que deriva después en problemas de gobernabilidad.

Enrique Peña Nieto, por ejemplo, ganó con 38.21 por ciento de los votos; sus rivales, Andrés Manuel López Obrador, Josefina Vázquez Mota y Gabriel Quadri, recibieron 31.59, 25.41 y 2.29 por ciento, respectivamente. Es decir, el presidente de la República fue apoyado por solo un tercio de las personas que votaron.

En el 2012, la participación ciudadana fue del 63 por ciento.

El 53 por ciento de los ciudadanos que votaron en Edomex representó uno de los porcentajes más altos en los últimos años en este estado donde en promedio votaba el 47 por ciento.

En Coahuila el pasado 4 de junio votó el 61 por ciento de la lista nominal, un porcentaje que, aunque bajó en comparación al 2011, sigue estando muy por encima de la media nacional.

El voto obligatorio con sanción busca que los ciudadanos estén obligados a ir a las urnas, como sucede en países como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Perú y Uruguay, donde se imponen multas económicas a quienes no acudan a las urnas.

En México, la Constitución Política contiene la disposición para sancionar a las personas que no acudan a votar.

En su artículo 36, la Carta Magna establece como una de las obligaciones del ciudadano “Votar en las elecciones y en las consultas populares, en los términos que señale la Ley”, dice en su fracción tercera.

En el artículo 38, la Constitución señala como una de las causas por las que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos cuando “por falta de cumplimiento, sin causa justificada, de cualquiera de las obligaciones que impone el artículo 36”.

Y va más allá: “Está suspensión durará un año y se impondrá además de las otras penas que por el mismo derecho señalare la Ley”, reza la fracción primera de ese artículo.

“Nuestro país necesita que el voto obligatorio lleve aparejada una sanción, para aplicar el espectro y los porcentajes de votación, abonando con ello mayor respaldo a la gobernabilidad de nuestros representantes, cerrando así la motivación de la ciudadanía a participar en el quehacer democrático”, expone Soto Flores.

El experto señala que la sanción por no votar debería incluir multas económicas o, en caso de no poder pagarlas, que se le impida realizar trámites de gobierno o cumpla con un arresto.