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Salvador Jara, como Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública, ha gestionado su propia jubilación
Hoy, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Michoacán tiene abiertos al menos 32 expedientes que apuntan hacia actos de corrupción ocurridos en la administración de solo un año con cuatro meses y 15 días, de Salvador Jara Guerrero.
También se investigan los manejos financieros “inadecuados” que hicieron al menos siete presidentes municipales.
Fuentes de la Contraloría Estatal revelaron a Reporte Indigo que actualmente existen investigaciones que pretenden esclarecer el manejo y destino de un fondo superior a los mil 300 millones de pesos, que podría constituir el mayor quebranto a las finanzas del estado en los últimos 10 años. No se descarta la posibilidad de llamar a cuentas a 32 funcionarios estatales y siete ediles.
El propio ex gobernador Salvador Jara podría ser llamado para que explique el destino de diversas partidas federales que no fueron aplicadas a los renglones etiquetados, como educación, salud y seguridad pública. Y para aclarar la forma en la que permitió que pese a la existencia de algunas partidas oficiales, la deuda pública creció sin aparente justificación.
En su último informe, Jara Guerrero detalló que entregó una deuda final de 26 mil 926 millones de pesos, pero las cuentas oficiales revelan que rebasa los 34 mil millones de pesos, a donde se agregaron recursos obtenidos mediante créditos que no fueron aplicados a ningún programa oficial de gobierno.
Las dudas sobre la verticalidad administrativa de su gestión han crecido en los últimos días al salir a la luz pública que mientras era gobernador se ascendió –como por decreto- su nivel académico a investigador “C” de tiempo completo, con el que ha alcanzado su pensión vitalicia de 51 mil pesos mensuales.
Ahora, mientras es Subsecretario de Educación Superior de la Secretaría de Educación Pública ha gestionado su propia jubilación.
Un grupo de diputados de oposición al PRI, encabezados por Daniel Moncada Sánchez, han insistido en tribuna que el ex gobernador Jara aclare la forma en que se dispuso de los fondos federales en el último tramo de la administración fallida que comenzó el depuesto Fausto Vallejo Figueroa.
En el Congreso del estado la principal oposición para que se investiguen los manejos financieros, de Salvador Jara y sus antecesores Fausto Vallejo Figueroa y Jesús Reyna García, ha salido de algunos integrantes de la Junta de Coordinación Política, encabezada por el perredista Pascual Sigala, también operada por los priistas Adriana Hernández Iñiguez, Raymundo Arreola Ortega y Ernesto Núñez Aguilar.
Este último diputado se benefició con una de las notarías otorgadas por Fausto Vallejo Figueroa, entregada a la esposa de Núñez Aguilar. Además él mismo fue actor central de un escándalo de corrupción cuando se reveló una conversación en donde aceptaba quedarse con “una mochada” de 2 millones de pesos de un programa federal para impulsar el turismo en Zitácuaro.
Investigación de largo alcance
El fondo de mil 300 millones de pesos que se pudo haber desviado en los meses de gobierno de Salvador Jara, que incluye la posible participación de 32 funcionarios estatales, no es la única investigación que tiene pendiente el gobierno de Silvano Aureoles.
También podrían sumarse los nombres de por lo menos otros cinco funcionaros de primer nivel de la administración de Jesús Reyna García y de ocho colaboradores de Fausto Vallejo Figueroa.
La investigación de la Contraloría también podría alcanzar a cuatro funcionarios que sirvieron en el periodo de Leonel Godoy Rangel y a otros cinco de la administración de Lázaro Cárdenas Batel.
En suma, el monto global que desde el gobierno del perredista Cárdenas Batel hasta el del priista Salvador Jara, no se ha podido ubicar en su destino y podría llegar a más de 2 mil 100 millones de pesos, por lo que no se descarta que las averiguaciones pasadas también se retomen en la actual gestión administrativa.
Una de las mayores inconsistencias que se han detectado en el pasado manejo de fondos oficiales ha sido la falta de aplicación de los programas federales, principalmente los destinados a programas para el combate a la pobreza y para el fortalecimiento de la infraestructura de los municipios.
Alcaldes con cola
Aun cuando los nombres de los ex presidentes municipales investigados por desvíos de recursos no han sido dados a conocer, se estableció la posibilidad de que en los próximos días la Procuraduría de Justicia solicite al menos dos órdenes de aprehensión contra los ediles, pese a la oposición de algunos diputados.
La del municipio de La Piedad es una de las administraciones que están bajo la lupa de la Contraloría. Esa administración tuvo dos alcaldes en el periodo de gobierno pasado, y se ha establecido que fondos para obras fueron aplicados a seguridad personal de uno de ellos, sin la debida justificación.
Existen casos como el de Churintzio, en donde pese a que la administración municipal terminó prácticamente su periodo de gobierno pasado con el Palacio de Gobierno cerrado por la aparente falta de recursos -hasta para el pago de la nómina-, el estado entregó las aportaciones correspondientes en tiempo y forma, sin que esos montos fueran aplicados a su destino.
La investigación de la Contraloría también se extiende hacia Apatzingán, cuyo alcalde electo fue encarcelado por presuntos nexos con el crimen organizado –sin que se pudiera demostrar el señalamiento-, y al que se le podría requerir para que explique una partida de 34 millones de pesos que no fue aplicada en obras y servicios.
Los 33 municipios en donde surgieron los grupos de autodefensa, cuyos presidentes fueron obligados a renunciar o a trabajar bajo la instrucción de los civiles armados, son los que mayor cantidad de irregularidades administrativas presentan, por eso no se descarta la posibilidad de que los ediles sean llamados a explicar sus manejos económicos.
El blanco principal
A Jara Guerrero se le cuestiona el desmedido uso de recursos oficiales destinados para su servicio personal. Sobre ese renglón no hay registro ni evidencia detallada de los dineros aportados.
En la Contraloría del Estado no se habla de desaparición de expedientes contables, pero sí de información incompleta que permita conocer el comportamiento administrativo bajo el cual operó el primer círculo de contacto del ex gobernador, cuyos montos nunca fueron revelados públicamente por ninguna instancia de transparencia.
Los malos manejos
En mayo, Michoacán ya era uno de los estados que más impuestos pagaba en el país; 70 por ciento de su presupuesto lo tenía comprometido en el pago de su deuda. El congreso local acusó al gobernador Salvador Jara de incrementar la deuda con manejos administrativos poco claros.
