Jueces oscuros

En año y medio, el hijo del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Rubén Oseguera, “El Menchito” ha sido capturado tres veces…

Pero ya sea por considerar que no hay pruebas suficientes o porque se cometieron atropellos en su detención, los jueces han ordenado liberarlo.

En enero del 2014, la Procuraduría General de la República (PGR) detuvo por primera vez a Rubén Oseguera, hijo de Nemesio Oseguera, “El Mencho”.

Al jóven de apenas 24 años se le acusó de coordinar la compraventa de droga, controlar las finanzas y ordenar los homicidios de grupos rivales a la organización delictiva de su representación.

En octubre de ese mismo año fue puesto en libertad cuando un juez federal con sede en Jalisco así lo ordenó. Inmediatamente fue recapturado por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) que lo trasladaros a la SEIDO.

“El Menchito” fue consignado nuevamente, pero al Cefereso 2, Occidente, en Puente Grande, Jalisco, de donde de nuevo fue dejado libre el 26 de diciembre de 2014 por la orden de un juez federal en Toluca, quien determinó que no había evidencia suficiente.

El 23 de junio, agentes policiales detuvieron por tercera vez a Oseguera en Jalisco, lo trasladaron a la SEIDO en la Ciudad de México y se le consignó por tres delitos federales.

Una vez más, la juez federal Nadia Villanueva decretó el auto de libertad, tras considerar que se cometieron atropellos en su detención como la falta de un defensor de oficio o el ingreso a su domicilio sin orden judicial.

El criterio de la juez chocó en el imaginario mexicano, cuando todo el país se dio cuenta -por las escenas de televisión- que hasta un fusil de asalto con el nombre de “El Menchito” estaba entre las posesiones del detenido.

Pero aun así, la juez desestimó los señalamientos.

Tras ser liberado por tercera vez, el hijo del líder del CJNG fue reaprehendido y acusado ahora de desaparición de personas.

El viernes, el juez segundo de lo especializado concedió una solicitud de arraigo hasta por 40 días para Oseguera pedido por la PGR.

 Pero esta no es la primera ocasión en que un juez federal, haciendo uso de su criterio legal, determina la liberación de un criminal, al que -más allá de las pruebas- su trayectoria social lo denuncia.

Rafael Caro Quintero, el hombre que prácticamente formalizó y organizó el trasiego de drogas en el país para convertirlo en la empresa que representa hoy, encarna también una de las pifias más agudas del sistema judicial mexicano.

El “narco de narcos” fue liberado en medio de una sentencia polémica que fue rechazada días después por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Caro Quintero fue excarcelado el 9 de agosto del 2014, después de que un fallo judicial desechara varias causas en su contra.

Un Tribunal Colegiado argumentó que sus derechos fueron violentados al ser enjuiciado en un juzgado federal, cuando los ilícitos por los que fue procesado fueron siempre del fuero común.

“El R1” puso de cabeza al sistema judicial tras su salida, que aunque fue corregida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, a los tres magistrados que decidieron abrirle la puerta de la cárcel estatal de Puente Grande nunca se les llamó a cuentas.

Aunque en agosto del año pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pidió el expediente de uno de los jueces y solicitó un informe al Consejo de la Judicatura Federal (CJF) sobre la actuación de los magistrados que fallaron a su favor.

La punta de la madeja

Para el doctor Rogelio Sánchez Mora, especialista en derecho de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, la debacle de la credibilidad en el Poder Judicial mexicano comenzó con la libertad de la francesa Florence Cassez, quien fue puesta en libertad, no porque fuera inocente, sino porque fue “víctima del Estado”. 

“La liberación de esa mujer, siendo culpable de secuestro, fue la que debilitó el sistema judicial mexicano”, asegura.

En el caso de la liberación de Cassez, dijo Sánchez, también tuvieron responsabilidad las televisoras mexicanas que transmitieron en vivo el montaje, ya que ese acto sería luego el argumento para poner en libertad a una mujer que no demostró su inocencia, sino que demostró que el Estado fue malo con ella.

Sin sanciones para la jueza

El Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación no ha manifestado postura alguna sobre la investigación que organismos civiles reclaman contra la jueza Nadia Villanueva Vázquez, quien ordenó la liberación de Rubén Oseguera, “El Menchito”.

Aunque, al menos medio centenar de jueces y magistrados federales han sido objeto de señalamientos por parte de organismos civiles a causa de las liberaciones de reos socialmente acreditados en sus conductas ilícitas, el Consejo de la Judicatura del Poder Judicial de la Federación no ha aplicado proceso de investigación sobre la mayoría de ellos.

La mayor parte de las investigaciones que se llevan a cabo en el seno de ese órgano colegiado recaen en funcionarios menores de los juzgados federales, la mayoría de las veces señalados por maltrato, desacato a instrucciones superiores o retraso en el trabajo procesal.

Esto a diferencia de los jueces y magistrados acusados de tener vínculos con casineros, quienes sí han sido suspendidos por parte del Consejo de la Judicatura Federal.

De acuerdo a cifras de la propia Judicatura federal, en el 2014, la mayoría de las investigaciones que se hicieron se instruyeron por conductas laborales de bajo rendimiento o conflictos personales con el mando jerárquico.

En el 2013, la Judicatura abrió apenas 12 investigaciones, pero ninguna de ellas tocó a jueces o magistrados, solo se actuó contra actuarios, notificadores y secretarios de juzgados.

En el 2012 la historia no fue distinta: se abrieron 26 averiguaciones, y en el 2011 se hicieron 9 procesos de investigación, pero tampoco se llamó a cuentas a los jueces que despertaron sospecha entre la sociedad.

Al ‘amparo’ de la Ley

Algunos de los casos más emblemáticos en los que las decisiones de un juez,  de conceder la libertad a presuntos delincuente, han sido cuestionadas.

> Martín Beltrán Coronel, ‘El Águila’

El 25 de septiembre del 2014, el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Jalisco ordenó la libertad de Martín Beltrán Coronel, “El águila”.

El sobrino del narcotraficante Ignacio “Nacho” Coronel había sido detenido en Zapopan, Jalisco, en mayo del 2011.

Beltrán Coronel estaba en posesión de 4 millones 428 mil pesos, armas y balas, pero el total de artículos fue asegurado en varios cateos, no solo cuando fue detenido, por lo que el tribunal ordenó al fiscal que argumentara y fundamentara bien las imputaciones, pues se violaba el principio de presunción de inocencia.

> Roberto Beltrán Burgos, ‘El doctor’

El 21 de septiembre del 2014, un juez federal del Estado de México eliminó los cargos de delincuencia organizada y delitos contra la salud a Roberto Beltrán Burgos, alias “El doctor”, considerado uno de los mayores operadores del Cártel de Sinaloa.

En mayo del 2009, soldados del Ejército capturaron al presunto lugarteniente de Joaquín “El Chapo” Guzmán, en Culiacán, Sinaloa.

Tras 5 años en la cárcel, “El doctor” fue liberado cuando un juez federal del Estado de México lo absolvió al considerar que la PGR no acreditó que este hombre, que siempre dijo ser un empresario ajeno al narcotráfico, tuviera siquiera lejanamente un vínculo con la organización de “El Chapo” Guzmán.

> Sandra Ávila Beltrán ‘La Reina del Pacífico’

El 28 de septiembre de 2007, Sandra Ávila Beltrán fue detenida por agentes federales en la Ciudad de México.

Se le acusó de ser una de las más importantes operadoras del cártel de Sinaloa y encargada de las “relaciones públicas” de la organización de Joaquín “El Chapo” Guzmán Loera.

En 2012, fue llevada a Estados Unidos para ser juzgada por tráfico de cocaína; un año después se declaró culpable en un tribunal de ese país por lo que se le condenó a 70 meses de prisión.

El 6 de febrero del 2015, la magistrada del Segundo Tribunal Unitario del Tercer Circuito giró una orden de liberación y ordenó la inmediata libertad de Ávila Beltrán, argumentando que la mujer ya había sido juzgada por el mismo delito, tanto en México como en el extranjero.

La excepción

El único momento en que el Consejo de la Judicatura Federal decidió entrar a revisar y sancionar la conducta de un juez -a causa del otorgamiento de una libertad cuestionada-, fue en enero del 2013.

En esa ocasión, el juzgador federal Efraín Cázares López fue llamado a cuentas, luego de haber permitido la liberación de los funcionarios del llamado “Michoacanazo” quienes fueron acusados de ser parte del grupo criminal La Familia.

En esa ocasión, hasta la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió avalar como “constitucional y legalmente valido” el proceso instruido contra el juez de Morelia, al que se le relacionó también en un círculo de protección otorgada al hermano del gobernador de Michoacán Leonel Godoy Rangel, Julio Cesar Godoy Toscano, quien se encuentra a la fecha prófugo de la justicia.

Decisiones polémicas

Otros presuntos delincuentes dejados en libertad tras la determinación de jueces del Poder Judicial de la Federación.

> Rogelio González Pizaña “El Kelín”
Operador de Los Zetas

> José Gil Caro Quintero “Jogil”
Integrante del Cártel de Sinaloa

> Ricardo García Urquiza “El doctor”
Operador del Cártel de Juárez

> Arturo Hernández González “El Chaky”
Principal sicario del Cártel de Juárez

> Adán Medrano Rodríguez “El Licenciado”
Operador del Cártel del Golfo