Juez ordena detención de Eugenio Hernández para extraditarlo
El Procurador General de la República y agentes del Ministerio Público también fueron notificados para que el ex gobernador sea puesto a disposición de un Centro de Justicia Penal Federal
Indigo StaffUn juez federal ordenó la detención provisional de Eugenio Hernández Flores, ex gobernador de Tamaulipas, con el fin de extraditarlo ya que lo busca la justicia de Estados Unidos para ser juzgado por lavado de dinero.
Según la investigación norteamericana, el ex gobernador junto a su cómplices Oscar Gómez habrían robado 300 millones de pesos del gobierno de Tamaulipas mediante la creación de contratos falsos.
Desde 2015, la oficina de la Interpol en Washington emitió una ficha roja buscando a Hernández Flores por ese delito, además de asociación delictuosa y fraude bancario.
El documento fue resuelto y firmado por Raymundo Serrano Nolasco, Juez de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio del Centro de Justicia Penal federal.
Reporte Indigo tuvo acceso a dichos documentos donde se señala la advertencia y se detallan los delitos por los cuales se libró orden de aprehensión en contra de Hernández Flores por la Corte Federal de Distrito para el Distrito Sur de Texas en Estados Unidos.
Asociación Delictuosa para cometer lavado de dinero, operar un negocio de envíos de dinero sin licencia y asociación delictuosa para cometer fraude bancario.
“Agregando qué tal orden de captura librada en contra de Eugenio Javier Hernández Flores continúa vigente y ejecutable para llevar a cabo su aprehensión. Por tanto, se emite la resolución correspondiente”.
“Se libra orden de detención provisional con fines de extradición contra Eugenio Javier Hernández Flores”, agrega el documento y se detallan los motivos de la orden de aprehensión en contra del ex Gobernador.
“Entre el año dos mil cinco y mayo de dos mil quince, Eugenio Javier Hernández Flores y Oscar Manuel Gómez Guerra, usaron contratos falsos para robar dinero al gobierno mediante la utilización de un banco de alimentos ficticios, un contrato sobre tecnología ficticio y a través de medios ilegales. En total, con las citadas maquinaciones lograron robar alrededor de 300 millones de pesos al gobierno de Tamaulipas”.
Eugenio Flores utilizó a su socio para crear las empresas que al final recibieron los contratos y después mediante otras empresas mexicanas conocidas como “fantasmas” abrieron cuentas bancarias legítimas en territorio estadounidense, donde se recibía el dinero robado.
Ya que el dinero se encontraba en las cuentas de las empresas fantasmas, los maquinadores de la estafa recibieron el dinero en sus cuentas particulares, Óscar Gómez a la suya y el ex gobernador a la de un intermediario que la justicia norteamericana comprobó estaba para su beneficio.
Además del desvío de fondos, Óscar Gómez estuvo involucrado en la inflación de contratos legítimos en los cuales se vieron beneficiados.
“Esta actividad, incluía cobros de más, por cantidades importantes y valores inflados por licitar contratos gubernamentales”, agrega el documento.
Los sobornos y pagos realizados se vieron reflejados en los fondos sobre pagados de los contratistas que los restaban después de que se contabilizaron los contratos. El dinero era pagado a familiares del ex gobernador.
La investigación rastreo los fondos a través de varias instituciones financieras en Estados Unidos a las que entregaron documentos falsos.
“Al final, toda esta actividad fue realizada por Óscar Manuel Gómez Guerra, a nombre de Eugenio Javier Hernández Flores a fin de establecer una red compleja de empresas y de cuentas bancarias tanto en México como en los Estados Unidos de América, con el objetivo común de robar fondos del gobierno de Tamaulipas por medio de varias maquinaciones, así como de esconder las ganancias por medio de una operación grande de lavado de dinero” resalta el escrito.
La investigación fue realizada gracias a un testigo que participó y ayudó a los implicados en sus delitos, sin que fuera revelada su identidad.
El Procurador General de la República y agentes del Ministerio Público también fueron notificados para que el ex gobernador sea puesto a disposición de un Centro de Justicia Penal Federal.
Desde el seis de octubre, día en el que fue detenido el ex mandatario de Tamaulipas, se encuentra en el Centro de Ejecución de Sanciones local, tras el auto de formal prisión dictado en su contra y que lo encuentra culpable por los delitos de peculado y lavado de dinero. La Fiscalía local lo acusa de haberse apropiado de mil 600 hectáreas y de un predio subvaluado.
Aquí el documento firmado por el juez: