La apuesta por todo
El Plan Nacional de Desarrollo para muchos es un proyecto de esperanza que marca el rumbo del país, pero para otros representa un paso más hacia la incertidumbre en materia económica, ya que no se detalla cómo se ejercerán los recursos ni los resultados que se obtendrán de manera concreta en el largo plazo
Nayeli Meza y Viviana BranEl futuro sigue marcado por la incertidumbre. A pesar de que la Cuarta Transformación ha hecho varios esfuerzos por demostrar que las estrategias de su gobierno funcionarán, aún existen factores que impiden que el sector privado y otros organismos apuesten todas las fichas a su favor.
Tras una espera de varios meses, finalmente el presidente Andrés Manuel López Obrador puso sobre la mesa el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019-2024, documento que establece, con una esencia antineoliberal, la ruta a seguir en materia económica, política y social durante su sexenio.
Aun con todos los pronósticos en contra, el gobierno mantiene el optimismo de que se logrará una tasa de crecimiento promedio anual de 4 por ciento, es decir que para el cierre del sexenio el Producto Interno Bruto (PIB) debería crecer 6 por ciento.
Sin embargo, esta apuesta no termina de convencer, sobre todo, a los más escépticos, ya que en los primeros meses del gobierno las cosas no han salido como se esperaba y el proyecto del PND, presenta algunas inconsistencias.
Para empezar no se dieron a conocer los resultados de las consultas para la elaboración del mismo en las que participaron ciudadanos y diversos especialistas de todo el país. También destaca que es la primera vez en que los legisladores podrán hacer adecuaciones.
Raymundo Tenorio, director de proyectos del Centro de Estudios Interdisciplinarios y Prospectiva (CEIP), opina que, al menos en el papel, este plan cumple con las expectativas, pero el problema está en que muchos de los objetivos que se establecen solo se quedan en una carta de buenas intenciones, pues no se profundiza. En otras palabras, el documento solo contiene los qués, pero no los cómos.
“El Plan Nacional cumple con las expectativas que tiene el mismo gobierno, pero no termina de convencer a los inversionistas. Lo que más llama la atención es que pareciera que se busca imponer un modelo económico con tintes nacionalistas y centralistas basado en el mercado y desarrollo interno dejando de lado a los extranjeros”, comenta el también integrante del Comité Nacional de Productividad.
Entre las propuestas del PND se establece un fomento a la creación de empleos mediante programas sectoriales, proyectos regionales y diversas obras de infraestructura.
Las pequeñas y medianas empresas (pymes), que generan aproximadamente 90 por ciento de los empleos en el país, también destacan en la fórmula del plan, ya que se retoma una idea impulsada durante la administración pasada: simplificar los requisitos para la creación de nuevos negocios.
Aunque el deseo de impulsar modalidades de comercio justo y economía solidaria en el campo llama la atención, los esquemas que se pretenden desarrollar pueden llegar a ser insuficientes para impulsar el crecimiento de las zonas más marginadas en el país donde el nivel de pobreza supera al 50 por ciento de la población.
Los principales organismos empresariales del país, Coparmex y el CCE, se han manifestado a favor de la necesidad de crear las condiciones necesarias para lograr un crecimiento económico sostenido, pero reconocen que esto no se logrará en tanto no se implemente un gran número de políticas públicas bien planeadas y que se pongan en práctica de forma eficiente.
Durante el primer trimestre del año, el PIB se contrajo 0.2 por ciento respecto al cuarto trimestre de 2018, de acuerdo con la estimación oportuna del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
Esta cifra es la más baja que se reporta durante el primer semestre de un sexenio desde el gobierno del expresidente Ernesto Zedillo, cuando la economía se contrajo 5.7 por ciento de enero a marzo de 1995, tras el ‘error de diciembre’.
Raymundo Tenorio asegura que esto fue resultado de la ausencia de una estrategia integral, por lo que el gobierno está obligado a instrumentar un programa de desarrollo que evite una mayor afectación.
Jugada riesgosa
El futuro del país está en juego. Y el Plan Nacional de Desarrollo (PND) será el que definirá el camino.
El equipo del presidente Andrés Manuel López Obrador deberá tirar los dados sobre la mesa sin errores o de lo contrario no lograrán cumplir con sus objetivos al cierre del sexenio.
Sin embargo, en toda historia hay un hilo negro, y en esta no es la excepción, ya que cerca de 30 artículos de naturaleza tributaria se incluyeron en el PND, mismos que, de acuerdo con la Asociación Nacional de Empresarios (Andi), no tienen relación con los objetivos y estrategias del plan.
La asociación aseguró en un posicionamiento que algunas de esas normas irregulares fueron incluidas desde la ponencia para el segundo debate, las cuales no fueron analizadas pero sí votadas por las comisiones.
Al dar a conocer este hecho pidieron a las autoridades retirarlas del proyecto de ley, ya que no cumplían con el principio de consecutividad, el cual exige que los asuntos hayan sido revisados durante todo el trámite legislativo para evitar que se declaren como inconstitucionales por la Corte.
Entre las disposiciones tributarias que se incluyen en el PND se encuentran la inclusión de contribuciones a las superintendencias; tasas por la consulta previa; nuevos bienes exentos de IVA (arroz, bicicletas y motocicletas); la reducción del IVA para combustibles; el incremento de tarifas y aranceles (textiles), sobretasas al servicio de energía eléctrica, aportes a fondos de estabilización y la exoneración de parafiscales a las cooperativas, entre otros.
Incluir normas tributarias que no tienen relación con los objetivos, metas y estrategias del PND refleja un desconocimiento del gobierno mexicano en el principio de unidad de materia, cuya esencia se vio afectada al incluir artículos por llenar espacios vacíos e inconsistencias de leyes precedentes.
Roberto Colín, contador fiscal del Colegio de Contadores de México, asegura que el único problema que se puede generar con la inclusión de estos artículos es que la administración no pueda sufragar todos los gastos para llevarlos a cabo tal como se citan en el documento.
“Si los puntos de la propuesta no se enfocan bien a ciertas políticas no se llegará al crecimiento que se está prometiendo. Todo requiere de una estrategia en donde los recursos se distribuyan de manera correcta”, detalla el especialista.
Finanzas y deuda pública
Los resultados sobre la situación económica y financiera del país alcanzaron mejores resultados de lo esperado durante el primer trimestre del año, de acuerdo con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
El balance primario registró un superávit de 98 mil 1 millones de pesos, que se comparó con un superávit programado de 81 mil 636 millones de pesos. Asimismo, el balance público registró un déficit de 24 mil 483 millones de pesos, el cual es menor al déficit previsto en el programa de 67 mil 703 millones de pesos.
De enero a marzo, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), registraron un déficit de 17 mil 816 millones de pesos, en línea con la meta anual de un déficit de 2.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB).
Con la propuesta del PND se espera que los resultados obtenidos hasta el momento mejoren.
Otro de los temas que causa incertidumbre, es que al iniciar su mandato, el presidente se comprometió a no incrementar o crear nuevos impuestos, sin embargo, a juzgar por cómo pinta el panorama actual, queda entredicho cómo se resolverá este problema, ya que los recursos se encuentran limitados.
Roberto Colín explica que las medidas que se tomarán para no incrementar y crear nuevos tributos dependerá de la coordinación que tenga la Unidad de Inteligencia Financiera, a cargo de Santiago Nieto, con la SHCP para combatir la evasión fiscal.
As bajo la manga
El rescate al sector energético se coloca al centro del Plan Nacional de Desarrollo (PND). El punto que sobresale en el documento es que la carga fiscal de Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) será evaluada por el Gobierno federal, con el objetivo de hacer más rentables y eficientes sus finanzas.
En el documento se reconoce que en el sexenio pasado la producción del crudo cayó al grado de que México pasó de ser exportador a importador de petróleo y combustibles refinados.
Pemex anunció una pérdida de mil 900 millones de dólares en el primer trimestre de 2019, a pesar de que el precio del petróleo subió 40 por ciento durante el mismo periodo.
Además, la empresa dirigida por Octavio Romero Oropeza reconoció que no puede cumplir con su meta de 1.8 millones de barriles diarios.
Durante enero-marzo de 2019, los ingresos presupuestarios del sector público se ubicaron en 1.29 billones de pesos, monto inferior en 68 mil 700 millones de pesos a lo previsto por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, de acuerdo con el último informe sobre las finanzas públicas.
La meta del presidente Andrés Manuel López Obrador es clara: rescatar a Pemex y a CFE para que vuelvan a operar como palancas del desarrollo nacional.
“Ambas empresas recibirán recursos extraordinarios para la modernización de sus respectivas infraestructuras”, se lee en el documento, aunque no se especifican los montos.
Mario Di Costanzo, exasesor en la Comisión de Hacienda y Crédito Público, opina que el PND sigue replicando el mismo error de la Cuarta Transformación, al no explicar cómo se ejercerán los recursos ni de qué forma se transparentarán
“Es lamentable que a estas alturas no se cuente con el programa o plan de inversión para Pemex y CFE, y solo se quede en buenos deseos. Al gobierno se le está olvidando que en los cómos está el detalle y en este momento no se tiene certeza de lo que va a ocurrir con exactitud con estas dos Empresas Productivas del Estado”, refiere el también expresidente de la Condusef.
Por ahora, lo único de lo que se tiene claridad es que se rehabilitarán las refinerías existentes, se construirá una en Dos Bocas, Tabasco, y se modernizarán las instalaciones generadoras de electricidad, particularmente las hidroeléctricas, de las cuales algunas operan con maquinaria de 50 años de antigüedad y producen muy por debajo de su capacidad.
En el caso de la refinería de Tabasco, la secretaria de Energía Rocío Nahle declaró en días pasados que entre el 8 y 10 de mayo se dará a conocer el fallo para la empresa que realizará la gestión del proyecto.
A mediados de abril, los consorcios Bechtel-Techint y Worley Parsons-Jacobs, así como las empresas Technip y KBR solicitaron una prórroga para entregar sus respectivas propuestas.
Lo que se sabe hasta ahora, es que la refinería tendrá una capacidad de 340 mil barriles por día y el terreno de la construcción será de aproximadamente 566 hectáreas de propiedad federal.
Otros de los pilares del Plan Nacional es tener un acercamiento con las poblaciones que se han visto afectadas por las instalaciones de Pemex y CFE, así como atender las inconformidades sociales derivadas de las altas tarifas.
En el documento destaca un apartado que hace alusión a la producción de energía con fuentes renovables para apoyar a las comunidades.
Mario Di Costanzo asegura que muchas voces desean rescatar al sector energético, pero surgen diversas interrogantes sobre cómo se van a sacar adelante tantos proyectos si se le está limitando el acceso a los inversionistas extranjeros.
“Se habla de rescatar al sector energético, pero el discurso solo suma a lo que ya se ha dicho sin ninguna novedad. Esto es alarmante porque la producción petrolera aún no se recupera, las finanzas de Pemex no reflejan una mejoría y lo que se quiere hacer demanda muchos recursos que no se sabe de dónde pudieran salir”.