Los trabajos de seguridad y desarrollo de la entidad corresponden legalmente a la coordinación entre gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación
Tras un año de haber estado al frente de la administración estatal de Michoacán, designado como funcionario con plenos poderes presidenciales para resolver el conflicto de las autodefensas, el comisionado para el desarrollo y seguridad del estado Alfredo Castillo fue relevado ayer de su encargo.
El inesperado anuncio de la salida del comisionado lo hizo el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, durante su vista a Michoacán.
Osorio Chong llegó para evaluar el programa de intervención del Gobierno Federal, que tiene como objetivo establecer el estado de derecho.
Apenas el pasado 22 de octubre, el mismo Osorio Chong, ante la insistencia de reporteros que “candidateaban” a Castillo para resolver el problema de seguridad en Guerrero -surgido tras la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa- aseguró: “Castillo no se va a Guerrero, se queda en Michoacán”.
Este jueves, el encargado de la política interna del país aseguró que la salida de Castillo no representa la culminación de la presencia de la Federación en la entidad.
“En Michoacán continuarán las acciones para detonar el desarrollo integral”, aseguró y anunció que el nuevo enlace con la Federación será el general Felipe Gurrola Ramírez.
El militar de la vieja escuela tiene experiencia en el combate al narcotráfico.
Castillo apenas tuvo tiempo de despedirse. Los últimos renglones de su informe los destinó a agradecer al gobernador Salvador Jara el apoyo brindado a las acciones del Gobierno Federal.
También manifestó su convencimiento de que será la historia la que habrá de emitir el juicio final sobre el trabajo realizado en un año a favor de los michoacanos.
Investigaciones con reacciones
Pese a que la salida del comisionado Alfredo Castillo se había tornado en el tópico del discurso de todos los actores políticos de la entidad, fue finalmente la balacera del pasado 6 de enero en Apatzingán -en donde perdieron la vida al menos 9 personas y otras 10 resultaron heridas- la que propició su salida del cargo.
Antes de la matanza de Apatzingán, Castillo había soportado estoicamente toda suerte de cuestionamientos.
Ni siquiera la detención y encarcelamiento del fundador de los grupos de autodefensa, José Manuel Mireles, había hecho que se minara su posición.
La liberación de los 43 acusados de homicidio fue la puntilla que no esperaba. 72 horas antes de la salida de Castillo, la PGR había ordenado el cese del delegado de esa dependencia en Michoacán, Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, un hombre muy cercano al comisionado.
Se le culpó de haber integrado al vapor las averiguaciones previas penales con las que fueron consignadas 44 personas.
Y es que en solo 24 horas la PGR estableció que los consignados dispararon sobre sus compañeros y que algunos de ellos estuvieron en dos lugares a la vez, agrediendo a las Fuerzas Federales.
Las inconsistencias de la averiguación fueron recriminadas por un juez federal, quien ordenó la inmediata liberación de los detenidos, que habían sido recluidos en el penal federal de Tepic, Nayarit.
La liberación de los detenidos por la matanza de Apatzingán, ocurrida el pasado 6 de enero por la madrugada, fue un duro revés al trabajo de pacificación de la comisión encabezada por Alfredo Castillo.
La misma subprocuradora Jurídica y de Asuntos Internacionales de la Procuraduría General de la República, Mariana Benítez Tiburcio, reconoció “irregularidades en la actuación del Ministerio Público” que arrojó falsos positivos en los peritajes de balística, lo que representó la exoneración de la mayoría de los acusados.
La Segob por encima de la Comisión
El subprocurador Rodrigo Archundia Barrientos fue el que materializó la decisión de remover al delegado de la PGR en Michoacán, Guadalupe Alfredo Becerril Almazán, asignando en el cargo a Bertha Paredes Garduño, una mujer muy cercana a la exprocuradora Marisela Morales Ibáñez, con quien trabajó desde la coordinación jurídica de la entonces SIEDO.
Paredes Garduño ha sido también delegada de la PGR en el estado de México.
La salida del delegado de la PGR en Michoacán que fue gestionada al más alto nivel de la Presidencia de la República significó el posicionamiento de la Secretaría de Gobernación por encima de la comisión presidencial encabezada por Castillo.
Este jueves se hablaba que la presencia de Osorio Chong en Michoacán sería para oficializar el respaldo del presidente Enrique Peña Nieto al trabajo del comisionado.
Hasta el último momento de su visita Osorio Chong dejó ver su ponderación del trabajo del comisionado.
El último acto
El rostro del comisionado Alfredo Castillo nunca evidenció su salida. A lo largo de la jornada que enmarcó la visita del secretario de Gobernación para hacer una evaluación del Plan Michoacán, el rostro de Castillo fue el mismo: parco, serio, pensativo. Ni un asomo de enojo, tristeza o desencanto. La institucionalidad se impuso, o su inocencia lo sorprendió.
Antes de saberse fuera de la comisión para el desarrollo de Michoacán, Alfredo Castillo fue claro al precisar en un informe los logros obtenidos en un año de trabajo: anunció el retornó al estado de derecho, aseguró la desarticulación de la mayoría de las células del cartel de Los Caballeros Templarios y logró la desmovilización de diversos grupos de autodefensa.
La información que se ventiló en lo que fue una réplica del informe que el propio comisionado ya había presentado ante la cámara de diputados el pasado 13 de enero, resaltó la disminución en el índice de secuestros y extorsiones en los municipios de la zona de Tierra Caliente.
Destacó el trabajo que hizo para fortalecer las instituciones policiales en la entidad, las que –reconoció- estaban minadas por la corrupción de los grupos criminales. A ello atribuyó el restablecimiento gradual del estado de derecho en Michoacán.
No los mencionó por su nombre, pero el comisionado hizo clara referencia al logro que en materia de seguridad significó la anulación de los principales líderes del cartel michoacano de las drogas, en donde destacan los nombres de los abatidos Nazario Moreno Gonzalez, Enrique Plancarte Solís y Francisco Galeana Núñez, así como el encarcelamiento de Dionisio Loya Plancarte y de otros 16 jefes de plaza y encargados de las células criminales que asolaron las principales poblaciones del estado de Michoacán.
El balance final del comisionado, para ubicar al Michoacán de hace un año con el actual, se aludió a la detención de 224 servidores públicos, quienes se encuentran procesados en cárceles federales por delitos graves como halconeo (informar al crimen organizado sobre movimientos de los elementos de seguridad pública), homicidio, secuestro, delitos contra la salud, delincuencia organizada, extorsión, enriquecimiento ilícito y peculado.
Poco sirvió
Entre la información expuesta –que de nada sirvió para sostenerse en el cargo- destaca la consignación penal contra un exgobernador interino y secretario de gobierno, tres exsecretarios de primer nivel, un exdiputado local, seis presidentes municipales, un tesorero, dos síndicos, 11 directores municipales de seguridad pública, tres subdirectores de seguridad pública municipal, ocho policías ministeriales, 29 policías estatales y 150 policías municipales.
Ya pedían que se fuera
Pese al saldo positivo ofreció públicamente el comisionado Alfredo Castillo, desde su comparecencia ante diputados federales, las voces de los principales aspirantes al cargo de gobernador insistían en que era necesaria su salida de la entidad, en donde su labor ya era cuestionada por ejercer la administración pública por encima de la autoridad constitucionalmente establecida.
Luisa María Calderón, la aspirante del PAN a la gubernatura de Michoacán, refirió que de llegar ella al mando del ejecutivo estatal, buscaría que no existiera el cargo de comisionado, toda vez que los trabajos de seguridad y desarrollo de la entidad corresponden legalmente a la coordinación entre gobierno estatal y la Secretaría de Gobernación.
En repetidas ocasiones pidió públicamente la salida de Castillo y que el mando de la seguridad en Michoacán lo coordinara el secretario Miguel Ángel Osorio Chong.
El precandidato del PRD, Silvano Aureoles Conejo, también cuestionó la comisión que encabezó Castillo.
El senador adujo que hubo invasión de funciones que eran de competencia exclusiva del gobierno estatal, por ello estimó que de llegar a la gubernatura de Michoacán no permitiría que el comisionado siguiera ejerciendo el poder que por decreto se le entregó sobre la entidad desde el 15 de enero del 2014.
El abanderado del PRI, Ascención Orihuela fue menos agresivo en su discurso.
Se manifestó por llevar a cabo una discusión –nunca dijo con quién- a fin de valorar la permanencia del comisionado Alfredo Castillo una vez que se designara por voto popular al nuevo encargado de la gubernatura de Michoacán.
Fue el único de los precandidatos que reconoció el avance en materia de seguridad que se logró por parte del enviado del presidente Peña Nieto.
¿Quién es Gurrola?
> El General Pedro Felipe Gurrola Ramírez que fue anunciado como nuevo enlace de la Federación y el estado para coordinar las acciones de seguridad en Michoacán, era hasta ayer el jefe de la 21 zona militar con sede en Morelia.
> Fue hasta hace poco jefe de la 12 Zona militar con sede en Irapuato.
> El general es originario de la comunidad de El Salto, en Pueblo Nuevo, Durango, donde nació el 25 de marzo de 1956.
> Se dio a de alta en el Ejército Mexicano como cadete del Heroico Colegio Militar en Septiembre de 1970. Fue ascendido a General de Brigada, el 20 de noviembre del 2003.
> Es egresado del Colegio Militar, estudió la licenciatura en Administración Militar en la Escuela Superior de Guerra.
> Tiene experiencia en el combate al narcotráfico. Es experto paracaidista y egresado como Ranger de la escuela de Infantería en el Fuerte Benning, en Georgia, Estados Unidos. También tiene formación en Economía Política por el Instituto de Integración Iberoamericana y una Maestría en Planeación y Seguridad Nacional por el Centro de Estudios Superiores Navales.
