Los multifamiliares Atria y Nubo, por un lado, han modificado sus obras sin contar con las licencias necesarias, pero han esquivado las multas que la autoridad les ha fincado mediante el olvido o suspensiones judiciales
Mientras el mazo de la justicia cayó con todo su peso sobre la Torre Tanarah, en el municipio existen proyectos inmobiliarios que la administración del alcalde Ugo Ruiz tuvo la oportunidad de derrumbarles excedentes y no lo hizo.
En algunos fue la propia autoridad sampetrina la que decretó en un inicio el procedimiento de demolición y después lo suspendió. O en otros, simplemente hizo caso omiso de los metros adicionales que se edificaron.
Son al menos 4 obras en las que el Municipio no ha actuado con el mismo rigor mostrado el viernes pasado, cuando el alcalde Ruiz, con mazo en mano, inició simbólicamente el proceso de demolición en Torre Tanarah, tras un año de litigios.
Los multifamiliares Atria y Nubo, por un lado, han modificado sus obras sin contar con las licencias necesarias, pero han esquivado las multas que la autoridad les ha fincado mediante el incumplimiento y suspensiones judiciales.
En cambio, el exclusivo Club Ejecutivo también ha realizado alteraciones urbanísticas que han sido detectadas en inspecciones municipales, pero nunca se inició ningún procedimiento para sancionarlo.
Y en el caso de una barda perimetral, la desarrolladora Inmobiliaria Laica, S.A. de C.V., empresa de la familia Lobo, consiguió que la propia administración de Ruiz se retractara de una demolición decretada por la Secretaría de Desarrollo Sustentable de San Pedro.
Multan, pero no derriban
A pesar de que el edificio Atria, ubicado sobre la transitada avenida Lázaro Cárdenas, tiene excesos que representan un riesgo para los ciudadanos, el Municipio sampetrino resolvió sólo multarlo y no demoler sus metros adicionales.
A diferencia de Torre Tanarah, hace dos años la Secretaría de Desarrollo Sustentable únicamente le fincó una sanción económica que hasta el momento no ha pagado.
Aún así, el proceso de demolición nunca se inició.
Los promotores de esta obra desarrollaron en este edificio 861 metros cuadrados fuera del permiso.
El entonces secretario de Desarrollo Sustentable, Enrique Ávila, resolvió el 13 de diciembre de 2013 imponer una multa de 25 mil cuotas, equivalente a un millón 558 mil 250 pesos, que no han sido liquidados sin consecuencias.
La resolución derivó de una inspección municipal del inmueble que detectó modificaciones al proyecto sin contar con las autorizaciones.
“Con las infracciones apreciadas en las obras se deduce que por el adelantado grado de avance de las obras y lo extenso de los metros de construcción realizados sin permiso ocasiona un riesgo en la integridad física de los vecinos del lugar.
“Se apercibe al interesado que antes de realizar cualquier trabajo de construcción deberá regularizar la situación del inmueble”, concluyó Ávila en el procedimiento administrativo.
La licencia del edificio multifamiliar en ese momento era para 125 departamentos, sin embargo, luego de diversas modificaciones al proyecto ahora se busca edificar 249 viviendas, casi el triple de lo que en un inicio se pretendía construir ahí.
La resolución fue notificada a Gustavo Adolfo Backhoff Pliego, apoderado de las empresas Trazzo Urbano Internacional, S.A. de C.V., e Inmobiliaria Centro Monterrey, S.A. de C.V., ambas responsables del desarrollo.
“Efectuó trabajos de construcción en el inmueble propiedad de su representada sin contar con la debida autorización de esta Secretaría”, se lee en el documento.
Municipio impide demoler multifamiliar
La torre de departamentos Nubo, localizada en la avenida San Ángel, fue multada y amenazada hace dos años con demolerle sus metros de excedente.
La advertencia, sin éxito, provino del entonces secretario de Control Urbano de San Pedro, Aldo Decanini, pero en lo que va de la administración del alcalde Ugo Ruiz nunca se ha hecho efectiva la sanción.
Durante una inspección del 6 de junio de 2012, la autoridad detectó que el desarrollo no contaba con permisos para realizar una serie de modificaciones al proyecto original.
Eliminación de cajones de estacionamiento, ampliación de construcción, cancelación de áreas verdes y violación a la altura de un muro de contención, fueron parte de las alteraciones observadas en la revisión.
Las irregularidades motivaron a Decanini a emitir el 23 de julio de 2012 una resolución en la que multaba a los desarrolladores por 3 mil cuotas y ordenó la suspensión de las obras.
El exfuncionario no sólo mencionó que la clausura y la multa prevalecerían hasta obtener los permisos, sino que también se procedería a derribar las modificaciones que estaban fuera de la norma municipal si no se obtenían las autorizaciones.
“En el caso de que no se obtenga la licencia correspondiente, se ordenará la sanción de demolición de lo que no se encuentre autorizado”, resolvió el arquitecto.
Los constructores Óscar Sánchez García y Adán Héctor Lozano Arrambide impugnaron las sanciones en un juicio de nulidad, que concluyó a su favor con el levantamiento de los sellos de clausura en el inmueble.
Sin embargo, un grupo de vecinos de la colonia Valle de San Ángel pidió revocar esta medida cautelar, ya que la licencia de construcción de Nubo ya había expirado cuando se le concedió el beneficio en esa resolución judicial.
Por ello, los distintivos de suspensión de la obra fueron recolocados y el proceso de demolición debía de continuar, pero sin notificar a los quejosos, el Municipio nuevamente levantó los sellos de clausura y el excedente no fue derribado.
Exentan a Club Ejecutivo de demolición
El exclusivo Club Ejecutivo es otro caso en el que se detectaron obras sin permiso y ni siquiera se inició un procedimiento para demoler sus excedentes.
El Ayuntamiento sampetrino detectó las irregularidades en el inmueble, ubicado en la colonia del Valle, mientras los propietarios edificaban un nivel adicional sin tener autorizaciones municipales.
Aunque la diligencia que constató las anomalías se realizó hace seis meses, hasta la fecha el Municipio no ha impuesto una clausura al edificio, ni tampoco ha evaluado la posibilidad de derribar los metros excedentes de construcción.
La orden de inspección fue firmada el 22 de enero de este año por la exsecretaria de Desarrollo Sustentable de San Pedro, Cecilia Ortiz, para revisar el inmueble registrado a nombre de María Esthela Santos Elizondo.
Se detectaron trabajos ilegales de edificación de un sexto nivel, pero la dependencia no localizó en sus archivos la licencia de construcción para hacer las modificaciones.
De acuerdo con el reporte de la inspección, firmado por José Manuel Pérez Martínez, en la diligencia se observaron las obras del piso adicional.
“Dicha construcción hasta este momento se encuentra en etapa de acabados, en un área de 741.66 metros cuadrados (28.20 metros por 26.30 metros)”, detalló en su reporte el inspector.
San Pedro da marcha atrás a sanción
El Municipio también se ha retractado de sus procedimientos de demolición, como ocurrió con una barda que rodea un predio en la colonia Montebello Norte.
La exsecretaria de Desarrollo Sustentable, Cecilia Ortiz, suspendió el pasado 21 de marzo la orden de derribar esta estructura.
El proceso se inició por la denuncia que una ciudadana presentó desde noviembre de 2012 en contra de los ilegales trabajos de construcción y acciones urbanas que se realizaban en la calle Jacaranda, en ese fraccionamiento.
En un inicio el Municipio decretó la demolición de la obra, pero después fue la propia administración de Ugo Ruiz la que modificó su resolución.
La dependencia se retractó de demoler la pared, luego de que la desarrolladora presentó un recurso de reconsideración ante la dependencia municipal.
“Se concede la suspensión a la persona moral Inmobiliaria Laica, S.A. de C.V., de los actos impugnados, para el efecto que no se ejecute el cobro de la multa de mil 500 cuotas como sanción que se aplicó y que no materialice la orden de demolición de las obras realizadas sobre la vía pública”, resolvió Ortiz.