En los últimos nueve años, la entidad ha tenido una calificación aprobatoria en el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria; pero el año pasado presentó la más baja: 6.67
“La existencia (en Puente Grande) de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas, y de internos que ejercen la violencia o control sobre el resto de la población”
Autogobierno y sobrepoblación azotan principalmente al Centro de Reinserción Social del Estado de Jalisco (Puente Grande) y al Reclusorio de Prisión Preventiva de la entidad, según se desprende del Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria (DNSP) 2014, elaborado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH).
El penal estatal de Puente Grande que alberga a las personas sentenciadas se encuentra entre los 76 a escala nacional en los que los reos mandan, de acuerdo con el organismo que evaluó durante el año pasado a 130 penales distribuidos en las 32 entidades federativas.
Y el Reclusorio de Prisión Preventiva de Jalisco se ubica entre los 72 de su tipo que manifiestan una sobrepoblación.
En una entrevista que ofreció el 23 de septiembre pasado a una estación radiofónica local, el fiscal general del Estado, Eduardo Almaguer Ramírez, aseguró que durante el actual sexenio del gobernador Aristóteles Sandoval, la Fiscalía a su cargo “recuperará” Puente Grande.
Detalló en esa misma entrevista que desde 2010 fueron otorgadas varias concesiones a particulares dentro del centro penitenciario, el cual alberga hoy a más de 6 mil internos, cuando su capacidad no debe rebasar los 2 mil.
En marzo pasado, luego que un recluso mató a su esposa y sus dos hijos durante una visita, las autoridades estatales llevaron a cabo un operativo sorpresa en el que decomisaron 12 teléfonos celulares, 15 chips para teléfonos móviles, tres tabletas, 12 memorias USB y dos routers para WiFi.
Además, 50 litros de tequila, 22 gramos de mariguana, 76 paquetes de cocaína, casi 600 pastillas psicotrópicas, 30 “puntas” (objetos punzocortantes), más de 100 mil pesos en efectivo
“Tenemos algunos grupos que controlan, pero es un control que hemos ido recuperando poco a poco, recuperando, disminuyendo”, declaró en julio pasado la fiscal de Reinserción Social del Estado, Marisela Gómez Cobos, al diario El Informador.
Un Centro ingobernable
El Centro de Reinserción Social o la Comisaría de Sentenciados, mejor conocido como Puente Grande, es el penal estatal que representa un foco rojo para las autoridades estatales y nacionales, según el diagnóstico de la CNDH.
En la anterior evaluación, de 2013, el organismo ya preveía la “existencia de áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas y de internos que ejercen violencia o control sobre el resto de la población”.
En el promedio de los cinco rubros evaluados por la CNDH a este centro, la calificación es aprobatoria: 6.31. Pero destacan dos de esos cinco, que muestran un indicador negativo: en “Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno”, y en “Condiciones de gobernabilidad”.
Puente Grande, con una capacidad para alojar a 2 mil 78 internos, tiene una sobrepoblación tres veces mayor, de 6 mil 313 aproximadamente.
La sobrepoblación y el hacinamiento, son el principal problema dentro del rubro “Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno”, en el cual el centro penitenciario tiene una calificación de 4.18.
En este mismo aspecto, la CNDH documentó que en Puente Grande existen deficiencias en los servicios de salud para el interno y en la supervisión del funcionamiento del centro por parte de su titular.
Así como deficiencias en la remisión de quejas de violación a los derechos humanos, una inexistente prevención de incidentes violentos y una presencia de acoso sexual.
En cuanto a condiciones de gobernabilidad, el reclusorio presenta una calificación de 5.39.
La CNDH registró que en este aspecto, el penal carece de un manual de procedimientos para ingreso, traslado de internos y uso de la fuerza.
También tiene insuficiente personal de seguridad, y muestra deficiencias en el proceso de imposición de sanciones disciplinarias y en el ejercicio de las funciones de la autoridad por parte de sus servidores públicos.
De nueva cuenta, la Comisión documentó la “existencia de áreas de privilegios, de objetos y sustancias prohibidas, y de internos que ejercen la violencia o control sobre el resto de la población”.
Prisión Preventiva, la regla del interno
Con una calificación promedio de 5.93, el Reclusorio de Prisión Preventiva de Jalisco es el peor evaluado de la entidad por parte de la CNDH.
Muestra puntajes reprobatorios en “Aspectos que garantizan la integridad física y moral del interno” (5.03) y en “Condiciones de gobernabilidad” (5.63).
Su capacidad de alojamiento de internos es para 3 mil 482, pero en este penal hay aproximadamente 7 mil 823 reclusos.
Al igual que en el área de sentenciados, la prisión preventiva en Puente Grande presenta sobrepoblación y hacinamiento, deficiencias en servicios de salud y en la supervisión de su titular, carece de un método de prevención de incidentes violentos, y también tiene deficiencias en la atención a internos en condiciones de aislamiento.
En cuanto a condiciones de gobernabilidad, a este centro le falta un reglamento interno y un manual de procedimientos para presentar quejas, visita familiar e íntima, revisión de visitantes y del propio funcionamiento de su Consejo Técnico Interdisciplinario.
No cuenta con el suficiente personal de seguridad y custodia, ni con personal femenino para traslados, cubrir ausencias, vacaciones e incapacidades.
Entre sus deficiencias están las sanciones y la autoridad por parte de sus funcionarios públicos, y está presente el cobro por los custodios e internos.
También en éste existen áreas de privilegios, objetos y sustancias prohibidas, y grupos de internos que ejercen violencia y control sobre la demás población penitenciaria.
De igual forma carece de medidas para la atención de indígenas, para la prevención de adicciones, así como para el tratamiento de personas con VIH/Sida.
Calificación en detrimentoEl último Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2014 de la CNDH muestra que el año pasado ha sido el peor evaluado para Jalisco.
En los últimos nueve años, la entidad ha tenido una calificación aprobatoria; pero el año pasado presentó la más baja.
En 2006, la primera evaluación a la entidad le mereció un puntaje de 7.08. Su mejor año fue 2010, cuando obtuvo una calificación de 8.37.
Pero 2014 representó su caída más drástica, al lograr apenas un 6.67, apenas por encima del promedio nacional.
Sus demás Centros de Reinserción Social (Ceresos), como el de Reinserción Femenil, de Puerto Vallarta, y de Ciudad Guzmán, presentan mejores indicadores en comparación con las áreas Preventivas y de Sentenciados.
El primero mantiene una calificación de 6.54; el segundo de 7.14, y el tercero, de 7.43.
Sólo el femenil presenta una sobrepoblación al tener una capacidad de alojamiento para 400 internas, pero en realidad alberga a 579.
En tanto, el Centro Federal de Reinserción Social número 2 “Occidente”, en el municipio de El Salto, es el mejor Cefereso evaluado a escala nacional, con una calificación de 7.76, incluso por encima del penal del Altiplano.
Puente Grande, en el ojo de la CNDH
El último diagnóstico del sistema penitenciario nacional hecho por el organismo, subraya las deficiencias en el penal estatal de Puente Grande:
PRISIÓN PREVENTIVA
> Calificación promedio
5.93
> Aspectos que garantizan la seguridad del interno
5.03
> Condiciones de gobernabilidad
5.63
> Población
7,823 reclusos (su capacidad es para 3 mil 482)
SENTENCIADOS
> Calificación promedio
6.31
> Aspectos que garantizan la seguridad del interno
4.18
> Condiciones de gobernabilidad
5.39
> Población
6,313 internos (su capacidad es para 2 mil 78)
