La ‘NSA’ mexicana
Tal pareciera que el Gobierno federal quiere emular lo realizado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuyos programas de espionaje fueron revelados en 2013 por su excontratista Edward Snowden.
Y es que durante los próximos días, el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan ciertas dependencias de seguridad, informó Reforma ayer.
Bernhard BuntruTal pareciera que el Gobierno federal quiere emular lo realizado por la Agencia Nacional de Seguridad (NSA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos, cuyos programas de espionaje fueron revelados en 2013 por su excontratista Edward Snowden.
Y es que durante los próximos días, el Instituto Federal de Comunicaciones (IFT) fijará las reglas que deberán seguir los operadores del sector a fin de cumplir con las solicitudes de intervenciones que hagan ciertas dependencias de seguridad, informó Reforma ayer.
Los comisionados del IFT votarán la Propuesta de Lineamientos de Colaboración en Materia de Seguridad y Justicia, de la cual el diario afirma tener una copia.
En dicho documento se indica que, entre los datos de sus clientes que las empresas de telecomunicaciones deberán conservar, están las direcciones IP de sus usuarios, que permiten identificar la actividad en Internet de estos.
Estos lineamientos, señala Reforma, son para poner en práctica los artículos 189 y 190 de la nueva Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en los cuales se establece que las compañías del sector atenderán las solicitudes de información que realicen las “autoridades competentes”.
Sin embargo, no se especifica qué autoridades podrían solicitar el espionaje.
Viola derechos
En 2014, cuando se discutía la reforma de telecomunicaciones, expertos advirtieron que la censura, invasiones a la privacidad y medidas de colaboración con la justicia que establece la iniciativa de Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, propuesta por el Ejecutivo, viola los derechos humanos y pone a México al nivel de países como Venezuela, Turquía o Ucrania.