En el Congreso de la Ciudad de México hay siete funcionarios contratados por honorarios que tienen un sueldo superior al de los diputados locales o han sido señalados por actos de corrupción.
Desde el año pasado, las plazas por honorarios en el legislativo local han sido motivo de debate entre los representantes populares por las supuestas irregularidades que hay en sus contrataciones.
El 3 de octubre de 2019, el legislador local de Morena, Efraín Morales, denunció que por el régimen de honorarios habían mil trabajadores —allegados a los grupos parlamentarios— de los que se desconocía si solo cobraban sin trabajar o en realidad laboraban en el Congreso.
También, apenas el 13 de agosto pasado, Isabela Rosales Herrera, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, acusó que había representantes populares que tenían a familiares trabajando por honorarios.
“Estoy a favor del empleo y no quiero que compañeros pierdan su empleo, pero estamos quitando el derecho al trabajo contratando a nuestra familia directa, a alguien que lo necesita”, señaló Rosales Herrera, después de que se presentara un punto de acuerdo que llamaba a hacer una revisión y a conservar a los empleados bajo dicho régimen.
Además de estos señalamientos, en 2019 la Auditoría Superior de la Ciudad de México detectó en una investigación, con folio ASCM/136/18, que durante el 2018 el legislativo careció de mecanismos de control para verificar la contratación de personal por honorarios.
Los investigados por corrupción
Según la base de datos sobre el personal de honorarios disponible en el Portal de Obligaciones de Transparencia del Congreso, María del Carmen Segura Rangel fue contratada del 1 de enero al 30 de junio del 2020, por un sueldo mensual de 20 mil 940 pesos.
Segura Rangel fue inhabilitada 10 años por desvío de recursos por la Secretaría de la Función Pública (SFP) en el 2005, durante el sexenio de Vicente Fox, cuando se desempeñaba como coordinadora del Sistema Nacional de Protección Civil.
Cuatro años después, en el 2009 impugnó la resolución y un juez falló a su favor. A pesar de que se acreditó la irregularidad en compras de equipo, fue deslindada administrativamente de la falta.
También está Pilar Espino Ruiz, a quien en el 2016, la Contraloría General de la Ciudad de México amonestó por presentar de manera tardía su declaración de intereses patrimoniales cuando laboraba como líder coordinadora de Proyectos de la Procuraduría Social (Prosoc).
Sin embargo, Espino Ruiz también fue contratada por honorarios del 1 de enero al 31 de junio del 2020, con un sueldo mensual de 32 mil 550 pesos.
Mientras que David Antonio Covarrubias Aguilar mantuvo relación laboral en el mismo lapso con una percepción económica al mes de 32 mil 550 pesos.
De acuerdo con la queja RS-21-10 interpuesta ante el Instituto Electoral de la Ciudad de México (IECM) en el 2010, Covarrubias Aguilar, en su calidad de militante del PAN capitalino, fue denunciado por el PRD por desvío de recursos.
Según la querella, él y varios panistas se beneficiaron de apoyos económicos destinados a agricultores por parte de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), sin dedicarse a esta actividad.
No obstante, el IECM determinó que aunque pudieron haber recibido los recursos, no se comprobó que significaran un beneficio para Acción Nacional; por lo cual, no emitió sanción.
Ganan más que los diputados en honorarios
Tres empleados bajo el régimen de honorarios cuentan con un sueldo superior a los 60 mil pesos. Esta cifra es mayor a la dieta mensual que reciben los 66 diputados locales que asciende a 52 mil pesos.
Según la base de datos con los nombres de las personas contratadas por honorarios, del 1 de enero al 30 de junio del 2020, el funcionario Simón Bonlos Jabbour obtuvo al mes una remuneración de 65 mil 100 pesos.
Mientras que Juan Antonio Arévalo López, que prestó servicios del 1 de febrero al 30 de junio del 2020, percibió también 65 mil 100 pesos.
Arévalo López fue diputado de la extinta Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF) del 2003 al 2006.
Y Rodolfo Gamero Ríos percibió la misma remuneración de los dos casos anteriores del 1 de enero al 30 de junio pasado.
Según el Reglamento Interno del Congreso, los trabajadores por honorarios son asesores especializados que prestan servicios a los grupos parlamentarios.
“Los grupos o coaliciones podrán contratar asesoría especializada y personal de confianza, de conformidad con los criterios que para tal efecto aprueben, en su reglamento interno.
“Los pagos de honorarios, prestaciones y pasivo laboral de dicho personal se harán con cargo al Congreso a través de cada grupo, de acuerdo a lo que establece la ley”, estipula el artículo 21 del reglamento.
En el portal de transparencia del legislativo no aparecen los currículum de dichos funcionarios ni qué puesto o labor desempeñan.
Sueldos superiores a la jefa de Gobierno
Además de los tres prestadores de servicios que ganaron más que un diputado, otro obtuvo un sueldo superior al de la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum.
Mensualmente, la mandataria local tiene un salario de 78 mil pesos mensuales y, según la Ley de Austeridad y Transparencia en Remuneraciones, ningún servidor puede ganar más.
No obstante, Antonio Camacho Martínez, de quien el Congreso adquirió sus servicios del 1 de enero al 30 de junio de 2020, ganó mensualmente en ese periodo 94 mil 357 pesos.
