La sanción por emitir emisiones contaminantes para las empresas de extracción y trituración de piedra caliza, conocidas como pedreras, es mínima en comparación con el daño que producen a la salud de la ciudadanía de Nuevo León.
Manuel Vital, titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, simula que está castigando a estas compañías, en lugar de aplicar verdaderas multas acorde con el problema de contaminación en la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM).
Documentos a los que tuvo acceso Reporte Índigo revelan que por emitir partículas PM 10 y PM 2.5, consideradas las más dañinas, las pedreras tienen una multa de 160 mil 030 pesos.
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“Se impone a la persona moral, la sanción correspondiente a una multa de 2 mil 191 cuotas que, a razón de 73 pesos del valor de la Unidad de Medida y Actualización, al momento de la infracción es equivalente a 160 mil 030 pesos”, dice la notificación de la multa del expediente administrativo 038/2016.
Con base en la notificación de la multa, la empresa infractora tiene un capital de 25 millones de pesos, se ha mantenido con solidez por 30 años, por lo que la Secretaría de Desarrollo Sustentable considera que tiene solvencia económica para pagar la multa.
“Por lo anterior, se considera que la infractora es una empresa mediana, que cuenta con solidez económica suficiente para respaldar sus infracciones”, dice el documento.
El documento fue entregado a la empresa infractora el 10 de junio de este año. Fue firmado por Raúl Ricardo Pedraza Rodríguez, procurador de Desarrollo Sustentable, que depende de la secretaría a cargo de Vital.
En la notificación, Pedraza Rodríguez da cuenta de los elementos que encontró para proceder con la sanción en contra de la pedrera.
Las pedreras son una de las principales fuentes de contaminación atmosférica en la entidad. La supuesta cruzada en su contra por parte del gobernador Jaime Rodríguez Calderón, que inició en 2016 con su Primer Informe de Gobierno, fue sólo una simulación que se confirma con multas ligth contra estas empresas.
Esta simulación comenzó con un conflicto de interés, pues Roberto Russildi Montellano, quien fue titular de la Secretaría de Desarrollo Sustentable en los primeros dos años del sexenio de “El Bronco” y accionista de Casas Javer. Mientras que como representante de las pedreras se instaló José Luis Tamez, asesor de estas empresas y exfuncionario estatal.
Pasan años de contaminar para poder sancionar a pedreras
El camino para que se llegara a una multa leve contra las empresas de extracción y trituración de piedra caliza, conocidas como pedreras, fue largo. Tuvieron que pasar cinco años para que la Secretaría de Desarrollo Sustentable interpusiera una sanción.
Durante ese lustro, las pedreras siguieron operando, emitiendo partículas contaminantes como la PM 10 y PM 2.5 en la atmósfera. La contaminación continuó sin freno.
La notificación de la multa en poder de Reporte Índigo revela que el proceso comenzó en octubre de 2016. La Secretaría de Desarrollo Sustentable, a cargo de Manuel Vital, abrió el expediente SDS/471/2016 contra una pedrera, luego de que se verificaron las emisiones a la atmósfera.
Tuvieron que pasar cinco años para que la Secretaría de Desarrollo Sustentable interpusiera una sanción
Con la investigación se decretó una suspensión parcial temporal de actividades consistentes en la operación de la línea de arenas, por lo que esta dependencia levantó el acta correspondiente.
En 2017, la Secretaría de Desarrollo Sustentable abrió otro expediente, el SDS/573/2017, en contra de la misma empresa. La investigación arrojó otra suspensión temporal total, pero ahora en la operación de actividades de barrenación, molienda primaria y tránsito de vehículos en los caminos y áreas de proceso.
En 2018, la empresa presentó un plan de contingencia ambiental, que contempla el seguimiento, cumplimiento y propuestas, así como una calendarización de las acciones. En 2019 la Secretaría de Desarrollo Sustentable realizó otra inspección a la pedrera.
Fue hasta 2021 que la secretaría decretó que la pedrera estaba operando sin controlar las emisiones de polvo o cualquier otro contaminante e incurrió en una transgresión a lo dispuesto en la fracción II numeral 131 de la Ley Ambiental del Estado.
La dependencia tenía la facultad de clausurarla temporal o definitiva, parcial o totalmente. Y a pesar de que por dos años cometió la conducta infractora, según el documento, sólo se le puso una infracción por 160 mil pesos y el apercibimiento para que cumpla con la dispuesto en la ley, su reglamento y la Norma Ambiental Estatal NAESDS-001-2017.
