La zona turística de Costalegre está en peligro. La región, compuesta por los municipios de Cabo Corrientes, Tomatlán, La Huerta y Cihuatlán, tiene más de 197 mil hectáreas impactadas por la deforestación, revela un estudio elaborado por la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial del Estado (Semadet).
La sección del litoral jalisciense ha despertado un gran interés de inversionistas privados e incluso del fondo de Pensiones estatal por el alto potencial turístico que representa, pero ahora ha sido diagnosticada con múltiples padecimientos medioambientales que la han colocado en un estado de salud delicado.
El documento revela que tan solo la deforestación ha devorado el 27 por ciento del total de la región, es decir, 197 mil 241 hectáreas de superficie forestal en nueve años (del 2002 al 2011).
También fueron identificadas 264 mil 810 hectáreas que se encuentran en una condición de alta fragilidad ambiental, de acuerdo con la Semadet, lo que representa el 35.5 por ciento del total de la región.
Mientras que el 2 por ciento de la superficie, que asciende a 14 mil 205 hectáreas de la Costalegre, está tan impactado que su diagnóstico es de fragilidad medioambiental máxima, revela el documento.
Por las condiciones ambientales privilegiadas que presenta la Costalegre, actualmente es mayor la superficie que está bajo algún tipo de decreto de protección ecológica que la que es explotada con fines turísticos.
Pero es probable que esta correlación cambie drásticamente una vez que se detone esa vocación económica –en la cual ha insistido el Gobierno estatal durante al menos tres sexenios-.
De las 743 mil 300 hectáreas que conforman la región , las que tienen un “aprovechamiento turístico” son apenas 13 mil 150 hectáreas.
Mientras que las Áreas Naturales Protegidas ocupan una extensión de 15 mil 838 hectáreas, a lo cual deben sumarse otras 18 mil 406 hectáreas de humedales que también están protegidos bajo la categoría de Sitios Ramsar.
El resto del panorama de la región de Costalegre lo complementan sus zonas de bosques (147 mil 400 hectáreas), de selvas (392 mil 200 hectáreas), de actividades agropecuarias (164 mil 330 hectáreas) y las que son propiamente asentamientos humanos (2 mil 974 hectáreas).
Riqueza ambiental
Lograr un crecimiento turístico en la Costalegre de Jalisco que asegure la sustentabilidad de su riqueza natural representará un reto para las autoridades de los tres niveles de gobierno. El diagnóstico elaborado por el Gobierno estatal busca generar todo un Plan Maestro de Desarrollo para la zona.
En el compendio de recursos naturales que están en juego en la región de Costalegre deben considerarse seis Áreas Naturales Protegidas, que representan al menos 87.9 kilómetros de playas -con zonas de anidamiento de tortugas- y 15 mil 838 hectáreas.
Ahí se consideran Playa Mismaloya, las Islas de Chamela, la zona Chamela/Cuixmala, la Playa Teopa, la Playa Cuixmala y finalmente la Playa El Tecuán.
Existen además ocho Sitios Ramsar: El Ermitaño, Estero El Chorro, Estero Majahuas, Laguna de Xola, Laguna Chalacatepec, Chamela/Cuixmala, La Manzanilla y Barra de Navidad, los cuales se extienden sobre una superficie de 18 mil 406 hectáreas, todas protegidas bajo esa convención internacional.
La región de Costalegre es el hogar además de cuatro especies de mangle con estatus de protección, de tres de tortuga marina, de mil 300 de plantas, de 5 mil de invertebrados, de 270 de aves, de 73 de mamíferos, de 68 de reptiles y de 19 de anfibios, lo que confirma la biodiversidad del lugar.
El diagnóstico señala que los manglares representan menos del 10 por ciento de la reserva Chamela-Cuixmala, sin embargo mantienen alrededor del 45 por ciento de las especies, incluyendo aves migratorias acuáticas, endémicas, en peligro de extinción y de distribución marginal.
Plan Maestro en puerta para Costalegre
El Plan Maestro de Desarrollo de la región de Costalegre considerará la emisión de cuatro instrumentos o programas para atender distintas aristas que requieren de la intervención del estado: en materia de Ordenamiento Ecológico, para el Ordenamiento Rural Productivo de la zona, para el Ordenamiento Ecoturístico y finalmente uno en materia de Desarrollo Urbano.
Lo que se pretende es que con estos instrumentos normativos se pueda responder a las siguientes situaciones de riesgo o de conflicto, como son llamadas en el Diagnóstico Ambiental de la Semadet.
La deforestación y pérdida de biodiversidad y hábitats debido al aumento de la frontera agrícola y pecuaria; la pesca furtiva y de azolve en los humedales; el crecimiento urbano desorganizado que se está presentando en los municipios de la región; la contaminación de los cuerpos de agua presentes en la Costalegre, sus ríos y humedales; y la presencia de agroquímicos y de descargas de aguas residuales urbanas.
También se busca atender problemáticas presentes en la región de Costalegre como el crecimiento turístico desorganizado sobre la franja costera, la insuficiencia de infraestructura para el tratamiento de aguas residuales, así como el inadecuado manejo de residuos sólidos urbanos, de manejo especial y peligrosos (incluyendo agroquímicos y combustibles).
Otras dificultades que se buscan resolver son los conflictos sobre el uso del agua existentes en la región motivados en la baja disponibilidad de ese recurso hídrico (tanto para uso agrícola como urbano) y la vulnerabilidad al cambio climático de la Costalegre en general.
