“Hoy sigue siendo más barato contaminar y pagar que hacer correcciones en el sistema de emisiones de una empresa para contaminar menos”, menciona Gary González, economista de Fundación Terram, en un artículo de agosto de 2021, a cuatro años de que se implementaron los impuestos verdes en Chile.
Esta organización civil, nacida en 1997, está interesada en los problemas de contaminación en las ciudades de este país. Por ello ha mostrado preocupación por este gravamen, ya que no incentiva de manera eficiente a las empresas a contaminar menos.
Chile cobra impuestos verdes para fuentes fijas y móviles, es decir, la industria y los automóviles, pero esto no ha sido una solución para disminuir la contaminación.
Este gravamen tuvo su origen en 2014 como parte de la reforma tributaria de la entonces presidenta, Michelle Bachelet.
No obstante, estos impuestos entraron en vigor en 2017. Una de las críticas contra este impuesto es que no reduce la contaminación.
Otro punto que toca Gary González es que las empresas en Chile tienen la posibilidad de compensar sus emisiones mediante el desarrollo de proyectos en las zonas donde están emplazadas las fuentes contaminantes, y así no pagar el impuesto. El Centro de Estudios Mario Molina propone la reubicación de las empresas de la Zona Metropolitana de Monterrey (ZMM) pero no se ha ejecutado.
“Tendremos que esperar varios años más para conocer qué tanto aportará para una disminución real de las emisiones y contaminantes que hoy contribuyen al calentamiento global e impactan en la salud de la población y de los ecosistemas”, dice el especialista en su artículo.
En la opinión de González, esta cuota está muy por debajo del rango de 40 a 80 dólares por tonelada, cantidad que se recomendó en el Acuerdo de París en la Convención del Cambio Climático. Este rango de cobro de impuestos no se disminuyó en la reciente Conferencia de Cambio Climático (COP26), en Glasglow, Escocia.
El Gobierno de Samuel García busca replicar el esquema tributario de Chile, pues también pretende cobrar un impuesto verde por las emisiones PM 2.5, PM10, Óxido de Nitrógeno (NOx) y Dióxido de Azufre (SO2) por 2.79 UMAS por tonelada, aproximadamente 250 pesos.
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“El monto a pagar se determinará aplicando una tasa de 2.79 cuotas por cada tonelada o fracción de partículas emitidas”, de acuerdo con la presentación del mandatario pero esta cantidad está por debajo de los estándares internacionales.
Samuel García está tan convencido de que esto mitigará el grave problema de contaminación en la ZMM que adelantó que los impuestos verdes estarán incluidos en el presupuesto de ingreso del Paquete Fiscal 2022.
La clave es la infraestructura verde
La ciudad de Santiago, capital de Chile, tiene similitudes geográficas con la ZMM y el mismo problema de contaminación.
La capital chilena está en la cuenca del río Maipo que, encerrada por cadenas montañosas de altitud relevante, impide una circulación fluida de las partículas contaminantes.
En 2012, seis de cada 10 chilenos estuvieron expuestos a altos niveles de contaminación por partículas PM 2.5. Esta situación fue asociada a 4 mil muertes prematuras, principalmente, de personas de la tercera edad.
Esto fue lo que orilló a las autoridades chilenas a replantear las políticas públicas para combatir los efectos del cambio climático provocado por las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero a través de infraestructura verde.
El presidente del Comité Ecológico Pro-Bienestar, Guillermo Martínez Berlanga, asegura que, para descarbonizar la ZMM, tendrían que comenzar a crear bosques urbanos.
“Necesitamos más parques en Monterrey como el parque urbano, el Bosque de la Ciudadela en Barcelona, es inmenso, nada comparado con nuestro Parque Fundidora. Urgen pulmones urbanos”, dice Martínez Berlanga.
