De víctimas a acusadas

Todo pasó en un segundo. Ella le encajó el cuchillo en medio del forcejeo. Ni siquiera lo pensó, fue una decisión de vida o muerte: era su vida o la de él.

Él la violó. La embistió al menos 10 veces. Ella, de 15 años, peleó todo el tiempo por detenerlo, pero su cuerpo adolescente poco pudo hacer contra aquella humanidad masculina de 30 años de edad que, además, la amagaba con un cuchillo.

El final iba a ser el de casi siempre para ese tipo de ataques: él la comenzó a ahorcar y buscaba clavarle el cuchillo. Ella se defendía hasta con los dientes y, en un descuido de él, ella logró darle una puñalada con la misma arma con la que había sido amagada.

Herido, el hombre se levantó y huyó del lugar, en la desesperación de la vida que se le escapaba. Ella se vistió y buscó ayuda que tardó mucho en encontrar. Otro hombre se detuvo y llamó a la policía, que solo tuvo que cruzar la avenida para llegar porque justo enfrente hay una estación de vigilancia.

Eran pasadas de las 10 de la noche del 1 de junio cuando Itzel regresaba de la escuela y fue atacada no en un callejón o un terreno baldío, sino a un lado de la Calzada de Tlalpan, una de las avenidas más transitadas de la Ciudad de México, debajo del puente de Miguel Ángel de Quevedo.

La policía detuvo al atacante y lo llevó ante ella para asegurarse de que era el mismo sujeto. Ella asintió y fue trasladada a la agencia del Ministerio Público para comenzar la denuncia. En ese lugar comenzaría su calvario con la justicia.

Horas después, más de 30, mientras ella todavía se encontraba rindiendo declaración y siendo revisada por médicos y peritos, le informaron que su atacante, Miguel Ángel Pérez, había fallecido producto de la puñalada que ella le asestó en el cuerpo cuando se defendía.

Días después, su madre supo que en el caso no solo había una carpeta por la violación que había sufrido, sino que ya existía otra por el asesinato del atacante.

Cada fibra de su cuerpo se llenó entonces de terror: además de haber sido violada y casi víctima de un feminicidio, podía terminar en la cárcel. Ella, que tanto ama el arte y los colores, podía terminar convertida en una pintura lúgubre y sin color; si eso pasaba, moriría por dentro.

La pesadilla terminó ayer, cuando la Procuraduría General de Justicia (PGJ) de la Ciudad de México emitió un boletín en el que exime a Itzel de cualquier responsabilidad en la muerte de su agresor.

La PGJ llegó a esa conclusión horas después de que la familia de Itzel y grupos feministas convocaran a una conferencia de prensa para exponer el caso.

Y es que la historia de Itzel trajo a muchos la memoria del caso de Yakiri Rubio, la joven que fue encarcelada por haber matado a su violador y que obtuvo su libertad tras la defensa que realizó su abogada, Ana Katrina Suárez, que ahora ha lanzado luz sobre la forma en que se complica la justicia para las mujeres en la Ciudad de México.

El caso Yakiri

Otro caso que conmocionó a la opinión pública fue el de Yakiri Rubio, la joven que fue atacada por un hombre al que mató en defensa propia.

Los hechos ocurrieron en diciembre del 2013, cuando la joven fue forzada a subir a una motocicleta por dos hombres, quienes la llevaron a un hotel, donde uno de ellos la violó.

En el forcejeo por defenderse, Yakiri lastimó en el cuello a su agresor, Miguel Ángel Ramírez, quien todavía alcanzó a salir del lugar y falleció.

A partir de ese momento, Yakiri pasó de víctima a ser procesada por homicidio calificado.

En palabras de su abogada, Ana Katrina Suárez, las autoridades armaron el caso para hacer creer que Yakiri y Miguel Ángel tenían una relación sentimental, a pesar de que la joven es abiertamente lesbiana y tenía en ese momento una relación con otra mujer.

La abogada tuvo acceso a algunos mensajes enviados desde el celular de Miguel Ángel a otra persona, con quien hablaba de entregarle droga para dejarla a personal de la Procuraduría capitalina, por lo que sospecha que el caso se armó para proteger a quien les distribuía estupefacientes.

Después de un juicio plagado de irregularidades y violencia machista, que se trató y se negoció en las más altas esferas del Poder Judicial capitalino y del Poder Legislativo federal, según el relato de la propia abogada, Yakiri Rubio salió de prisión en marzo del 2014, pero no fue absuelta sino hasta mayo del 2015. Aun así, ninguna autoridad reconoció nunca que existió la violación sexual.

Sin atención, sin humanidad

María de la Luz Hernández Nava, madre de Itzel, confiesa que durante todo un mes ella y su familia han vivido un auténtico calvario.

No solo fue la violación, sino el trato en el Ministerio Público donde, acusa, no estaban preparados para atender una situación como la que acababa de vivir Itzel.

“Mi hija estaba muy lastimada. El simple abrazo le dolía. Mi hija estaba en shock, no me contestaba. Le pregunté si estaba herida, porque yo la vi bañada de sangre. Medio me volteó a ver y me dijo: ‘Estoy viva mamá, estoy viva. Me quería matar, me iba a matar’.

“Yo le pregunté a los oficiales si habían agarrado al tipo, me dijeron que sí. Me dicen que tenemos que irnos al Ministerio Público y ahí es donde empieza toda la pesadilla burocrática y las negligencias”, señala María de la Luz, en entrevista.

Llegaron al Ministerio Público y esperaron media hora a ser atendidos por alguien. Fue hasta que ella exigió a los agentes que atendieran a Itzel y ya entonces los recibió el médico en turno.

Sin embargo, al reclamo de la madre para que se le hiciera un chequeo ginecológico a la joven, el médico le dijo que él era el único que estaba en el lugar y no tenía los medios ni las herramientas para revisar propiamente a Itzel.

Ella y su madre fueron enviadas a otra oficina del Ministerio Público en Vallejo, al norte de la ciudad, donde una doctora la revisó y le realizó las pruebas. Sin embargo, la funcionaria le advirtió que ella no era responsable de las pruebas.

“Nos dijo que no podían mandar las pruebas con los policías (al ministerio público de Coyoacán, donde se tomaría la declaración a la joven), porque tenían que ser judiciales. Y, para esto, ya eran las 6 de la mañana y ella se iba a las 8, pero no se podía comprometer si las pruebas se perdían o se echaban a perder, que ella no se hacía responsable después de las 8”, relató María de la Luz.

A la joven nadie le proporcionó la pastilla del día siguiente o medicamentos antirretrovirales para prevenir que adquiriera alguna enfermedad. Su padre tuvo que ir a comprar el anticonceptivo para su hija. Le fue ofrecido por la PGJ hasta el sábado, más de 24 horas después del ataque.

Itzel y su familia fueron enviados después a la base de la PGJ, el llamado “bunker”, en la colonia Doctores, donde nuevamente la sometieron a exámenes y revisiones y le tomaron la declaración. El ataque había sido la noche del jueves; salieron de la PGJ hasta el sábado por la mañana.

A lo largo de todo el proceso, Itzel y su familia recibieron malos tratos y, una vez que se supo que el atacante había muerto, el trato empeoró: la hacían sentir que era una asesina.

Amenazados y vigilados

Días después, en una de las sesiones de seguimiento que se hicieron del caso, María de la Luz descubrió que a la par de la investigación por la violación, la PGJ abrió otra por el asesinato del agresor, Miguel Ángel Pérez.

Indignada al ver la carpeta en el escritorio de algún funcionario de la Procuraduría, pidió una copia para saber de qué se trataba la acusación. Nunca pudo ver su contenido.

El ataque del que fue víctima su hija le afectó no solo a Itzel, sino a toda su familia: ella y sus hermanos tuvieron que dejar de ir a la escuela, a la tienda o jugar en la calle, para evitar que hubiera una represalia en su contra, sea de las autoridades o de los conocidos del atacante.

Itzel ha recibido amenazas a través de su teléfono celular y en algunos lugares, como la casa de los abuelos o el trabajo de sus padres, han recibido visitas extrañas que los hacen sospechar que son vigilados.

“Para ella ahorita no hay futuro. Para ella ahorita su futuro, ella se ve en la cárcel. Estamos aterrados. Porque eso es lo que vemos, porque la Procuraduría en vez de ayudar, en vez de decir que la niña fue víctima, han hecho todo para culparla, para hacerla sentir y tratarla como culpable, cuando no es. Mi hija tenía sueños, tenía ilusiones; ahorita estamos en la zozobra.

“Ya no nos quedó de otra más que hacerlo público por tanta ineptitud, tanta saña, tanto daño emocional. Llega un momento en que uno como madre quiere proteger a su hija y no hacerlo público; pero cuando ya corre el riesgo su libertad y hasta la libertad física, no queda de otra: uno como madre debe salir y defenderla”, explicó María de la Luz sobre su decisión de hacer público el caso.

Ayer, en medio de la entrevista con Reporte Indigo, María de la Luz recibió la noticia de que la PGJ determinó que Itzel actuó en legítima defensa y no es responsable de la muerte de Miguel Ángel.

Aún así, para María de la Luz es una batalla ganada, pero no la guerra. La madre de familia llamó a Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de la Ciudad de México, para transformar la procuración de justicia y hacer que se proteja realmente a quienes son víctimas, sobre todo si son mujeres.

“Le diría (al jefe de Gobierno) que tratara de corregir todos estos errores. Que si bien estuvo mal desde un principio, tratar de corregirlos para tratar que ninguna otra chica, ninguna mujer, ninguna niña tenga que pasar por esto (…) que hiciera todo lo posible por cambiar esto desde la estructura, desde el bunker, desde las delegaciones, porque ahí empezó todo, un mal proceso, una mala atención.

“Le pediría que me ayudara a cambiar todo eso, porque ninguna mujer merece eso. Y con esto se demuestra que cualquier mujer tiene derecho a defender su vida y no por eso merece ser juzgada. Eso le pediría”, sentencia María de la Luz.

Con lágrimas en los ojos por la decisión de la PGJ, María de la Luz dice que ahora su empeño estará en que su hija recupere el amor por la vida y vuelva a ser una joven llena de sueños e ilusiones.

‘Nos prefieren muertas’

En la Ciudad de México la justicia parece ser inalcanzable para las mujeres, aunque existen protocolos en los que se establece que la atención para las víctimas de delitos sexuales debe ser de calidad y con calidez.

Karla Salas, abogada de Itzel, advierte sobre los múltiples casos de mujeres que han sido victimizadas no solo por su atacante, sino por las autoridades, como ocurrió en el caso de Yakiri Rubio, una joven que mató a su agresor también en defensa propia, cuando éste la había violado.

Todo indica, acusa la abogada, que en la PGJ prefieren investigar un feminicidio que una muerte por legítima defensa.

“No podemos permitir que continúen más Claras, más Yakiris, más Itzel. Es importante que se modifiquen esos procedimientos al interior de la Procuraduría. No puede ser posible que tengamos que salir a los medios de comunicación a denunciar para que la autoridad haga su trabajo. No es posible que Itzel y su familia tengan un mes viviendo en la zozobra, sin salir a la calle, porque mandan policías a investigarles.

“El mensaje es lamentable; o sea, es preferible para la autoridad que las asesinen, a que las niñas, a que las mujeres, nos defendamos y luchemos por nuestra vida. Este caso va a sentar un precedente para recordarnos la importancia de que la Procuraduría modifique sus procedimientos a nivel interno. Es urgente”, sentenció la abogada, en entrevista.

Salas, quien lleva el caso de Itzel y de otras mujeres víctimas de violencia sexual y feminicida, sostuvo que los altos índices de impunidad son el combustible que los atacantes necesitan para ejercer la violencia sin control en la Ciudad de México.

“En esta ciudad hemos denunciado que hay un incremento alarmante en los feminicidios, en los casos de violencia sexual, donde tenemos un 98 por ciento de impunidad.

“Es decir, en este país, las víctimas y las mujeres que se atreven a denunciar no solamente son victimizadas por las autoridades, sino los casos no están siendo resueltos, mandando un mensaje terrible donde prácticamente le están diciendo a los hombres: aquí se puede violar y se puede asesinar mujeres porque no pasa nada. Ese es el mensaje que se está mandando a las niñas y a las mujeres que vivimos en esta ciudad y es lamentable”, advirtió.

La abogada apuntó que el problema no está en las leyes, sino en que se ignoran completamente los protocolos de atención a víctimas, donde se establece que la atención debe ser de calidad y con calidez.

“La Procuraduría menciona que se está brindando atención a Itzel y su familia, atención médica y psicológica, y eso es absolutamente falso. Los protocolos establecen que esa atención debe darse inmediatamente (y no fue así). No había una médica que la revisara, no se le dio la pastilla del día siguiente, no se le dieron los antirretrovirales.

“Es decir, todo eso que lo dice con toda claridad el protocolo, no lo cumplieron. Han sido maltratadas (Itzel y su madre) de manera sistemática por el personal encargado de atención a víctimas. Les han cuestionado qué quieren; incluso les han insinuado que si quieren dinero. Estamos hablando de una victimización directa de la Procuraduría”, acusó Salas.

Uno de los principales obstáculos, comentó la litigante, es que la PGJ no cuenta con personal especializado para este tipo de tareas, lo que provoca que funcionarios que hayan estado en delitos financieros, por ejemplo, ahora estén en la atención a víctimas; o quien estaba en la fiscalía de protección al medio ambiente, ahora esté en la fiscalía de delitos sexuales.

PGJ: Itzel, sin culpa

Ayer, la PGJ emitió un comunicado de prensa para establecer que Itzel actuó el legítima defensa.

“La Procuraduría General de Justicia capitalina informa que la adolescente agredida sexualmente el pasado 1 de junio en calles de la colonia Atlántida, delegación Coyoacán, no tiene responsabilidad sobre la muerte del imputado toda vez que, bajo un mecanismo de defensa, logró librarse de su agresor, quien la sometió con un arma punzocortante (…).

“Se determinó que la víctima queda libre de toda responsabilidad debido a que actuó en legítima defensa, en virtud de que su integridad física y su vida estuvieron en riesgo. Por lo anterior, la representación social elaboró la propuesta de no ejercicio de la acción penal respecto al actuar de la menor”, estableció la PGJ.

En legítima defensa

> No te pierdas mañana en Reporte Indigo una entrevista con Ana Katrina Suárez, autora de un libro donde narra su defensa en el caso de Yakiri Rubio.