El futuro del desarrollo de la capital en los próximos 20 años está en duda. Desacuerdos entre los partidos que integran el Congreso de la Ciudad de México provocaron que la validez de la Ley de Planeación se tambalee.
Su importancia reside en que crea a un instituto supervisor para dar continuidad a los proyectos de la capital durante los próximos 20 años en materia de desarrollo urbano, movilidad y vivienda
El problema se originó por las presuntas irregularidades en el proceso de consulta de la ley que provocaron que ciudadanos inconformes interpusieran un amparo en su contra.
Mientras que las diferencias entre el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y el Partido Acción Nacional (PAN) hicieron que el Congreso se contradijera al defender judicialmente la ley.
Ambos factores tienen al marco legal contra las cuerdas y cabe la posibilidad de que sea anulado por un juez.
Esto obligaría a que se reponga el proceso y retrasaría la discusión de sus leyes secundarias.
Ley de planeación cuestionada
En diciembre de 2019, la Ley de Planeación Democrática se aprobó por el Poder Legislativo local en medio de cuestionamientos por no tomar en cuenta las observaciones de la ciudadanía y por presuntamente centralizar en el gobierno el futuro de la capital.
Más de dos meses después de su publicación en la Gaceta Oficial, el 4 de febrero de 2020, la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Originarias de Xochimilco presentó el amparo con número de folio 108/2020 ante el Juzgado Décimo Quinto de Distrito en Materia Administrativa por anomalías en los procesos de consulta.
Y el sábado 14 de marzo, la organización informó que el Congreso aceptó, a través de la contestación al recurso legal, las irregularidades.
Por lo que la coordinación considera que es prácticamente un hecho que la autoridad judicial falle a su favor.
Federico Döring, presidente de la Comisión de Planeación y legislador del PAN, elaboró el Informe de Justificación al amparo 108/2020 en el que acepta que el Congreso violó los derechos de los pueblos.
El legislador indicó en el documento, fechado el 11 de marzo de 2020, que a pesar de que se realizaron dos foros y una audiencia pública respecto a la Ley de Planeación, nunca se hizo una consulta específica para los pueblos.
Lo anterior, señala el informe, contraviene el artículo 59 de la Constitución de la Ciudad de México.
“Los pueblos y barrios originarios y comunidades indígenas residentes deberán ser consultados por las autoridades del Poder Ejecutivo, del Congreso de la Ciudad y de las alcaldías, antes de adoptar medidas administrativas o legislativas susceptibles de afectarles”, estipula dicho apartado.
Interés político detrás
Guadalupe Chavira, presidenta de la Comisión de Administración Pública Local que participó en la creación de la ley, considera que la respuesta de Döring es incongruente y responde a un interés partidista o político ajeno a la planeación de la capital.
La legisladora de Morena señala que si bien, Federico Döring no votó a favor de la ley, sí firmó los documentos relacionados con su elaboración y avaló cada uno de los procesos.
Por lo cual, le resulta incongruente que al momento de contestar el amparo, reconozca los errores.
“El diputado está faltando a un acuerdo que se hizo por las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación (…) Él es corresponsable al haber hecho el dictamen”, menciona.
Afirma que tampoco es cierto que no se haya consultado de manera correcta como aceptó el legislador panista.
Chavira refiere que se realizaron dos foros y una audiencia pública, esta última con aval de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCDMX) el 14 de agosto de 2019.
También señala que las Comisiones Unidas de Administración Pública Local y de Planeación solicitaron a la Comisión de Puntos Constitucionales una opinión respecto a si debían incluir a los pueblos en la consulta para la Ley de Planeación.
En consecuencia, Puntos Constitucionales informó el 5 de septiembre de 2019 que no era necesario tomar en cuenta la opinión de las comunidades originarias de la capital.
Chavira argumenta que la decisión de no consultarlos se debe a que la Ley de Planeación es un marco general y se pedirá a los pueblos que participen en las legislaciones derivadas como la de desarrollo urbano y en el programa general de desarrollo.
Se solicitó a Federico Döring una postura respecto a los señalamientos de Chavira; no obstante, hasta el cierre de esta edición no hubo respuesta.
Posible anulación, logro de los pueblos
Alejandro Velázquez, representante legal de la Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias Originarias de Xochimilco, afirma que una posible anulación de la Ley de Planeación y reposición del proceso, no se le puede adjudicar al PAN.
“No tienen mayoría ni para ingresar una acción de inconstitucionalidad, ni en conjunto con los demás partidos de oposición a Morena. La razón por la cual se podría discutir nuevamente la Ley de Planeación es por un amparo que fue interpuesto por los pueblos”, dice.
También, considera que si el panista aceptó las irregularidades, es porque adecuó sus razonamientos al orden constitucional.
Simplemente las leyes susceptibles de afectar a los pueblos y barrios deben ser consultadas. Frente a ello, el Congreso de la Ciudad decidió no consultar y tomar un camino que complica la eficacia de lo que aprobaron
Por último, menciona que en un mes el juzgado, ya con la respuesta del Congreso a favor de los pueblos, podría resolver la anulación del marco legal.
