Este miércoles, un juez federal determinó que la Ley Federal de Austeridad Republicana aprobada por el Congreso de la Unión es inconstitucional porque impone una carga injusta o excesiva a los ex servidores públicos federales.
De acuerdo con el juez, esto los obliga a permanecer 10 años fuera de la práctica laboral, únicamente por haber supervisado o regulado el sector privado.
Abel Méndez Corona, juez Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, otorgó un amparo a un ex funcionario federal, sentencia que impide que se aplique dicha ley.
“En efecto, el plazo de diez año es excesivo porque las y los servidores públicos que ocupan cargos de mando superior difícilmente podrán emplearse fuera del sector público en una actividad distinta a la que usualmente desempeñan”, indicó.
“Por el grado de especialización, la experiencia del personal de mando superior puede ser relevante para la iniciativa privada, pero el plazo de 10 años genera incentivos perversos que afectan sus posibilidades reales de contratación”, detalla la sentencia.
El juez señaló que ante los avances tecnológicos y el flujo de conocimiento, un plazo de 10 años es determinante para recibir un ofrecimiento de trabajo y puede modificar radicalmente los entornos laborales en ese lapso.
Indicó que la disposición es violatoria de los derechos a la libertad de trabajo, a un salario digno y a un plan de vida; afirmó que la legislatura optó por “la medida más deletérea en perjuicio de los derechos de la parte quejosa”.
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A su vez, el juez federal concedió el primer amparo contra la ley a un exfuncionario a quien la Sociedad Financiera de Objeto Múltiple (Sofom) Consupagola le negó un empleo porque no habían pasado 10 años desde que dejó de laboral en gobierno.
De acuerdo a Reforma, el gobierno impugnará la sentencia ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
El 9 octubre, la Cámara de Diputados avaló los ajustes que hizo el Senado a la Ley Federal de Austeridad Republicana, con lo que se duplicaba de 5 a 10 años el tiempo que un exfuncionario público podría trabajar en empresas privadas luego de dejar su cargo.
La medida afectaba a secretarios de Estado, subsecretarios, directores generales y jefes de unidad. La ley entró en vigor en noviembre de 2019.
