En legítima defensa

“Una mañana, Édgar Elías Azar (expresidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México, hoy embajador en Países Bajos) me recibió en su gigantesca y lujosa oficina, un penthouse ubicado justo enfrente del Hemiciclo a Juárez. Tenía una hermosa vista al centro, música clásica y olía a café (…) Cuando entré a la oficina, el magistrado estaba con otro hombre. Me presenté:

“—Siéntate, abogada— dijo solemne.

“Me senté.

“—Mira esta muñequita, para que no digas que no me visitan mujeres bellas— se dirigió Azar a su acompañante (…) (quien) se excusó torpemente y salió del lugar.

“—Pero antes dime— continuó, colocando una de sus manos sobre mis dos piernas—: ¿qué opinarías de ser la novia del presidente del Tribunal Superior de Justicia?

“Se me heló la sangre. Me dieron náuseas. Vengo por un tema de género, ¿y pasa esto, otra vez?”.

El episodio, narrado por la abogada Ana Katiria Suárez, refleja no solo la agresión hacia las mujeres en el sistema de justicia mexicano, sino la falta de conciencia de género de los servidores públicos de todos los niveles.

En su libro “En legítima defensa” (Grijalbo, 2017), Ana Katiria Suárez narra los obstáculos que tuvo que vencer en el caso de Yakiri Rubio, una joven acusada de homicidio tras matar a su violador, protegido por las autoridades capitalinas por ser no solo vecino de la Procuraduría capitalina, sino distribuidor de drogas del personal que ahí labora.

No solo fue el primer juez del caso, Santiago Ávila Negrón, quien primero miró lascivamente a la abogada y luego tuvo una actitud misógina contra Yakiri, sino que la negligencia llegó hasta Rodolfo Ríos Garza –quien hace unos días dejó la Procuraduría General de Justicia capitalina-, quien se empeñó en no corregir los errores evidentes en la investigación del caso.

Reporte Indigo publicó ayer el caso de Itzel, una joven de 15 años que temía ser ingresada a prisión por haberse defendido y, en el forcejeo, haber apuñalado a su atacante y violador.

Justicia ‘poquitera’

Ana Katiria Suárez decidió hacer un libro sobre lo que vivió como defensora de Yakiri Rubio como una muestra de la forma en que opera el sistema de justicia en México y las adversidades que enfrentan las mujeres en el acceso a la justicia.

“Yo te puedo decir que me ha tocado, en muchas ocasiones, llevar a chicas que están dispuestas a enfrentar a sus agresores, y en cuanto llegan con la autoridad, aun siendo mujeres, son revictimizadas, son cuestionadas, ponen en tela de juicio su dolor, incluso sus lesiones físicas, y subestiman muchas denuncias incluso por violencia familiar.

“No sabes el trabajo que es que se le trate bien a la víctima, que se le respete, que se cumplan los protocolos que la Procuraduría está obligada a ejecutar cuando se presenta una denuncia de carácter sexual, que las periciales estén bien efectuadas, que las periciales en psicología no agredan ni revictimicen tanto a las mujeres como a los menores, que el criterio de una ministerio público o un investigador no sea prejuicioso y cargado de misoginia”, reflexiona.

¿Confiar en la justicia mexicana? Ni en sueños. Más bien se trata, dice Ana Katiria, de una lucha constante para arrancar aunque sea algo al sistema y echar un poco de luz sobre la oscuridad que se cierne sobre el sistema de justicia en México.

“Creo que sí hay salida; si no hubiera salida, para qué hacemos todo esto. Pero la única forma que entiendo y que hoy percibo es que no nos callemos. Pero no solamente las mujeres. Cualquier ciudadano tiene la obligación de exigirle a las autoridades que cumplan con su deber, que cumplan con su trabajo por el que reciben un sueldo, no más. Simplemente que cumplan estrictamente lo que prometieron respetar: el servicio a la justicia. Nada más. ¿Es mucho pedir que cumplan con su deber? No creo”, sentencia.

En su libro, la abogada narra la forma en que la Procuraduría de Justicia fabricó el caso y que, aunque se tenían evidencias del abuso que había contra Yakiri, el entonces procurador, Rodolfo Ríos Garza, nunca rectificó el camino y más bien se empeñó en mantener sus argumentos.

Rodolfo Ríos, el exprocurador capitalino, renunció al cargo apenas el 24 de junio pasado. Lo hizo después de que sucedieran casos como el de Yakiri Rubio o el de Lesvy Berlín, una mujer que fue encontrada muerta en Ciudad Universitaria, amarrada a una caseta telefónica, y que la PGJ se empeñó en decir que se había suicidado.

Ana Karitia Suárez forma parte del Mecanismo para la Protección de Periodistas y Defensores de Derechos Humanos, por lo que tiene guardias asignados las 24 horas del día. Teme más, dice, a la violencia de un Estado “autoritario, castigador y represor” que, en cualquier momento, puede usar la delincuencia común para justificar cualquier tipo de ataque.

“Habemos muchos defensores de derechos humanos”, lamenta, “que todos los días ponemos nuestra vida en riesgo por enfrentar a la autoridad y visibilizar sus formas de operar”.

Como los casos de Yakiri e Itzel, podría haber miles en el sistema de justicia. Solo los reflectores pudieron hacer lo que la justicia no hizo: saber la verdadera historia y darles su lugar como víctimas y no como victimarias.

Víctimas y acusadas

Reporte Indigo publicó ayer el caso de Itzel, una joven de 15 años que temía ser ingresada a prisión por haberse defendido y, en el forcejeo, haber apuñalado a su atacante y violador.