Ligan a síndico con otro desarrollo

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Un nuevo vínculo surge entre el síndico primero de San Pedro, Guillermo Montemayor Cantú, y desarrolladores inmobiliarios.

El funcionario se autonombró como “custodio” de documentos del fraccionador Francisco Montemayor Aldape, en un juicio contencioso administrativo que se dirime en los tribunales por la viabilidad del Proyecto VW.

Al síndico Montemayor Cantú le fueron conferidas una serie de actas notariadas, presentadas ante la Comisión de Desarrollo Sustentable del Municipio, que él mismo preside, en las que el empresario inmobiliario manifiesta su desistimiento del litigio en curso.

Esto se suma al conflicto de intereses que el síndico tendría en el megaproyecto Arboleda, cuyo dictamen fue excluido esta semana de la sesión del Cabildo sampetrino, luego de darse a conocer que el funcionario sería uno de los promotores de la aprobación.

A pesar de que Montemayor Cantú tiene la obligación legal de notificar a las autoridades una causal de improcedencia, hasta ayer no había presentado al Poder Judicial de Nuevo León los documentos que le dio el desarrollador.

El juicio número 931/2012 se resuelve en la Segunda Sala Ordinaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, promovido por el empresario luego de que le negaron los permisos.

El abogado de los vecinos perjudicados por el Proyecto VW, Alberto Sada Robles, cuestiona la actuación del funcionario, porque legalmente no le corresponde ser el depositario de esa documentación.

El litigante de los colonos señala que sólo el síndico segundo es el que puede intervenir en los juicios contenciosos administrativos, ya que son los representantes legales del Municipio.

“El síndico primero en cuestiones legales no tiene por qué estar interviniendo, si acaso es el síndico segundo”, dice.

“No encuentro ninguna razón por la que un síndico primero esté actuando, ni como interventor, ni como mediador. No se actualiza ninguna figura jurídica”.

Copias de las actas de desistimiento fueron solicitadas vía transparencia por vecinos del sector, pero las peticiones les fueron negadas. 

Aún así, el abogado apunta a que si Montemayor Cantú tenía conocimiento de la improcedencia, debía informarlo al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado.

“La situación extraña es esa: ¿Por qué el síndico primero? ¿Por qué en ese carácter tiene el documento de un desarrollador? ¿Por qué un desarrollador se lo entrega a esta persona y no a las autoridades que son demandadas?”, cuestiona.

“Cualquier autoridad que tenga conocimiento de alguna causal de improcedencia y de sobreseimiento de los juicios, los tiene que hacer saber a los órganos jurisdiccionales. Es una obligación legal”.

Al negar reproducciones de las actas, el litigante solicitó a la autoridad una copia certificada de los documentos, donde Desarrolladora Osko, S.A. de C.V., y Scotiabank Inverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple, se desisten.

Sada Robles también pidió al Tribunal de Justicia Administrativa un interrogatorio, para que el síndico responda una serie de cuestionamientos que el abogado le plantea.

El pasado 25 de marzo, el funcionario fue notificado del acuerdo tomado por el magistrado de la Segunda Sala Ordinaria, Alberto Ortega Peza, quien le requiere esa información.

“Ese documento lo retiene o lo esconde, nunca lo ha mostrado. Es muy raro que siendo autoridad y teniendo conocimiento de que existe un juicio no lo presente al expediente”, continúa el litigante.

El juicio es relativo a las licencias de uso de suelo de construcción para 23 mil 199 metros cuadrados y de uso de edificación para locales comerciales, oficinas y restaurantes, del predio que se ubica entre la avenida Vasconcelos y la calle Río Suchiate, en la colonia del Valle.

Las autorizaciones le fueron negadas al desarrollador, porque el proyecto no cumple con las especificaciones sobre los cajones de estacionamiento.

Así, el Municipio fue demandado por Francisco Montemayor Aldape, quien se presenta como dueño de la polémica Torre Tanarah, la cual enfrenta problemas legales con la actual administración municipal.

Los vecinos inconformes con el Proyecto VW fueron informados del desistimiento en una reunión con el síndico primero, donde también asistieron el alcalde Ugo Ruiz, la secretaria de Desarrollo Sustentable, Cecilia Ortiz Rivera, y el director de Control Urbano, Horacio León Leetch.

Por su cuenta, Montemayor Cantú niega actuar como un intermediario del empresario, pero no precisó por qué no ha entregado el desistimiento.

“Se han hecho varios ofrecimientos por parte del desarrollador, en aras de que ya salga su proyecto”, se limita a decir.

El funcionario asegura que los colonos afectados han pedido que él actúe como un “mediador”, y que se encuentra en una “posición muy difícil”, debido a que también le ha negado al promotor hacer varias ampliaciones al desarrollo.

En cambio, representantes de la Junta de Residentes de la Colonia del Valle, desconocen si existe alguna vinculación entre el síndico primero y el desarrollador del Proyecto VW, pero sí cuestionan la legalidad de la obra.

Jesús Villarreal Tostado y Consuelo García de Craig, presidente y tesorera de la asociación, respectivamente, añaden que tampoco designaron de manera expresa al síndico como un “mediador”.

García de Craig sólo se dice sorprendida porque durante los encuentros con las autoridades municipales, se le dio un amplio espacio a un desarrollo con múltiples irregularidades.

“¿Por qué permiten que entre un proyecto con tan obvios defectos?”, pregunta.

“El señor Montemayor fue cuestionado por algunas de las personas que asistimos, como dice él: ‘¿De qué lado estás?’. Porque sí nos sorprendió el espacio que le dieron”.

Los ciudadanos dicen que desde 2011, cuando detectaron fallas al Proyecto VW, los vecinos han tenido alrededor de 20 reuniones con las autoridades del Municipio para solucionar este problema, que hasta el día de hoy continúa en litigio.

“En lo personal yo pienso que el desarrollador confía mucho en el síndico, porque nosotros sí solicitamos una copia de esos documentos, de perdido para conocerlos y se nos negó, porque están entregados en custodia”, concluye García de Craig.