Limitantes judiciales para el Caso Lozoya
El caso de Emilio Lozoya, uno de los más emblemáticos para el sistema de justicia del país, no sólo ha sido cuestionado por su probable utilización con fines políticos, también por su falta de publicidad, pues a pesar de lo que establece la Constitución, el Poder Judicial ha llenado de trabas el proceso para que la ciudadanía pueda acceder a información sobre su desarrollo
Julio RamírezEl Caso Lozoya se ofrece como un antes y un después para el Poder Judicial, sin embargo, también ha sido señalado de ser una simple simulación con fines políticos.
El “juicio del siglo” en México aparece y desaparece de la agenda pública nacional y se encuentra en una pausa, aunque los analistas consideran que está listo para reaparecer previo a las elecciones de 2021.
El Caso Lozoya es sui generis porque pese a que la ley establece la máxima publicidad de las audiencias, la autoridad pone excusas como el “exceso de carga de trabajo” y la falta de computadoras para entorpecer el paso a las personas que les interesa consultar el proceso jurídico que no fue abierto por la pandemia según las autoridades.
“Se agendarán las citas con la atenta petición que se consideren las limitaciones de personal y horarios que se han generado con motivo de la emergencia sanitaria, así como la excesiva carga de trabajo con la que cuenta esta autoridad y la limitación de recursos humanos, y materiales”, refiere una respuesta del Poder Judicial de la Federación ante la solicitud expresa para revisar la audiencia de Emilio Lozoya.
La autoridad judicial impide a los ciudadanos tomar grabaciones de video, audio o anotaciones en una libreta.
Pareciera que con este tipo de requisitos que se inventan nos hicieran un favor, cuando en realidad no se está haciendo ningún favor, es un derecho constitucional que debería de garantizarse por los mecanismos más amplios posibles
De acuerdo con el analista político José Manuel Urquijo, el Caso Lozoya está en una pausa a la espera de que entre el proceso electoral.
“Las campañas políticas que se vienen van a traer tiempos de desbandadas donde hay que acusar, hay que señalar, donde hay que descalificar al adversario, recordarle a la gente por qué no hay que votar por los opositores”, afirma el analista.
En tanto, existe un estricto manejo de la información sobre el caso por parte de las autoridades involucradas. El día en que aterrizó en la Ciudad de México Emilio Lozoya desde España, se utilizó una camioneta señuelo para que la prensa no tomara fotografías.
Lozoya fue dirigido a un hospital tras haber reportado en una revisión médica que tenía una anemia. En España no existe antecedente de haber padecido ninguna alteración de salud.
A Lozoya se le siguen dos procesos, uno por corrupción por el caso de la petrolera Odebrecht por haber otorgado presuntos sobornos a funcionarios mexicanos a cambio de contratos por obras públicas, y que en otros países han implicado hasta a expresidentes, y por la venta a bajo precio de la planta Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México (AHMSA).
Las trabas del Caso Lozoya
El Poder Judicial de la Federación (PJF) para dar paso a la revisión de la audiencia, que en principio tendría que ser pública, solicita a quien vaya a revisar la declaración de Emilio Lozoya que no puede tomar apuntes porque el caso fue considerado “confidencial”.
Además, implementó la difusión de la audiencia de Emilio Lozoya a través de mensajes de WhatsApp con las declaraciones en tiempo real del exfuncionario en la audiencia celebrada el 28 de julio de 2020, en la causa penal 211/2019 y destaca que no existe algún “hipervínculo disponible para consulta”.
La autoridad judicial descarta la entrega al solicitante de una versión escrita y solo hace posible la consulta pública “toda vez que la información solicitada es confidencial, además, que la misma consta en registros de audio y video (circunstancia que imposibilita materialmente su entrega por escrito en versión pública).
“La consulta de la grabación con las declaraciones se podrán realizarán en tres sesiones a partir de las 10:00 horas en el Reclusorio Norte de la CDMX, que pueden ser de manera consecutiva o alterna con la finalidad que se proporcione al solicitante el equipo de cómputo disponible para la visualización de esa audiencia, en el entendido que una vez que el promovente informe que sí es de su interés la modalidad de consulta, se agendarán las citas, con la atenta petición que se consideren las limitaciones de personal y horarios, que se han generado con motivo de la emergencia sanitaria, así como la excesiva carga de trabajo con la que cuenta esta autoridad”, explica la Unidad de Transparencia a través de la Secretaría para el Trámite de Solicitudes de Acceso a la Información del PJF.
El exdirector de Pemex fue sentenciado a proceso por corrupción en el caso Odebrecht y por la venta a bajo precio de la planta Agronitrogenados a la empresa Altos Hornos de México
El documento indica que existe una “limitación de recursos humanos, y materiales, toda vez que no se cuenta con equipos de cómputo para ese fin específico, por lo que deberá proporcionarse el de alguno de los servidores públicos”.
Además dice que la persona que tramite este ingreso deberá presentar una identificación oficial vigente y cumplir con los requerimientos de sanidad por la contingencia por COVID-19.
De igual forma, tras la revisión de la grabación requerida, se levantará un acta para acreditar el cumplimiento por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal que deberá firmar el ciudadano solicitante.
Normativas que contradicen el artículo 20 de la Constitución que indica que el proceso penal será acusatorio, oral y se regirá por los principios de máxima publicidad.
