Limpian terreno para la legalización

Han pasado más de 400 días durante dos gobiernos federales y la armonización a la Ley General de Salud, que permitiría la regularización y legalización de la mariguana con fines medicinales, sigue sin convertirse en una realidad.

Mientras tanto, pacientes que necesitan medicamentos y suplementos derivados de la cannabis deben de seguir pagando miles de pesos para importarlos o autocultivando la planta en la ilegalidad.

El pasado 30 de octubre, en la última acción para intentar regular el mercado de la mariguana, el Gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto vía la Secretaría de Salud y la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), anunciaron con bombo y platillo la publicación de los “Lineamientos en materia de control sanitario de la cannabis y derivados de la misma”; el miércoles fueron rechazados por la nueva administración. El motivo, fue “por haber excedido su propósito al autorizar la comercialización de diversos productos derivados de la cannabis en usos distintos a los médicos y científicos”.

Al respecto Julio Salazar, abogado senior del Programa de Política de Drogas en la asociación México Unido Contra la Delincuencia (MUCD) celebró la acción y urgió una nueva política en la que el beneficiado sea el paciente.

“Estos permisos otorgados más allá de proteger a los pacientes que necesitan un acceso a cannabis medicinal abrían la puerta no solo a una industria farmacéutica sino que permitía incluso la venta de bebidas azucaradas con cannabis, bebidas alcohólicas con cannabis y comida chatarra con cannabis.

“Esto se puso como un caballo de Troya dentro de una regulación que en teoría debía de proteger la salud de las personas pero lo cierto que se sigue violando el derecho de salud a las personas porque no pueden tener acceso a un tratamiento”, dijo el abogado en entrevista con Reporte Índigo.

Después de la revocación de los lineamientos y ante la falta de una regularización, los pacientes de mariguana medicinal son los más afectados ya que legalmente no hay una vía para tener acceso a estos medicamentos.

Salazar ve con buenos ojos la propuesta que hizo la exsenadora Olga Sánchez Cordero para regularizar la sustancia, ya que atiende a cuestiones como el autocultivo, la compra e importación de medicamentos y hasta la creación de clubes cannábicos.

“Se tiene que regular la forma en la que se va acceder a la sustancia, la forma en la que se van a mitigar los riesgos de salud pública que pueden generarse; se tiene que analizar y replantear cómo se entiende su uso problemático (…) Tiene que ir de la mano un tema de prevención, de regulación de maneras de acceso y de información clara de las sustancias e incluso sobre cómo lograr verificar que la planta no tenga pesticidas”, agregó el entrevistado.

Finalmente, el especialista señala que lo más importante para que se regularice la cannabis es la voluntad política y un cambio de pensamiento, lo cual parece que actualmente está ocurriendo en el nuevo gobierno.

“Tiene que ver mucho con voluntades, justo en el sexenio pasado se hicieron los cambios a la Ley General de Salud y se reconoció el uso medicinal de esta sustancia. En realidad pareciera que los intereses que están detrás, los farmacéuticos, incluso algunos moralinos que no terminan de entender los beneficios que puede tener esta sustancia han retrasado bastante. Me parece que Cofepris está superada, no estaban listos para hacer una regulación adecuada”, concluyó.

Contrarreloj

Después de limpiar el terreno y terminar con el legado del sexenio pasado, el nuevo gobierno trabaja contrarreloj para hacer los cambios constitucionales, a la Ley General de Salud y al Código Penal Federal para regular la producción, comercialización, distribución y consumo de cannabis con fines terapéuticos y lúdicos.

Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) emitiera jurisprudencia y considerara inconstitucional prohibir el consumo recreativo de la mariguana por atentar contra el libre desarrollo de la personalidad, dio un intervalo para que el Congreso de la Unión hiciera los cambios pertinentes. El plazo vence en septiembre

“Con la regulación se podrá establecer una política sensata, equilibrada y segura, que garantice el respeto y protección del derecho al libre desarrollo de la personalidad. Se trata de arrebatarle al narcotráfico el control de este proceso distributivo, que en la actualidad se realiza en una atmósfera irremediablemente violenta, corrupta, sin control de calidad, ni gravámenes fiscales y en una situación de riesgo para el consumidor”, opinó al respecto el presidente de la Junta de Coordinación Política en la Cámara alta, Ricardo Monreal.

El zacatecano vio con buenos ojos la propuesta de su compañera de partido, pero consideró que la iniciativa debe antes ser debatida en Parlamento Abierto con la participación de especialistas, asociaciones y hasta pacientes y usuarios.

Días después, el 25 de marzo, el Gobierno federal abrió la discusión de la legalización en redes sociales. En la cuenta de Twitter de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, encabezada por Alfonso Durazo, lanzó una encuesta preguntando a los usuarios qué se debería de hacer con el uso de la mariguana con fin recreativo.

Después de 24 horas y luego de 86 mil 996 votos, el 81 por ciento de los encuestados opinaron que debería de ser legal, mientras el 19 por ciento opinó que las cosas deberían de seguir como están.