Lo que no se vio en el video de ‘La Tuta’

La exhibición de un video en donde se observa a dos periodistas michoacanos reunidos con Servando Gómez Martínez, el jefe del cartel de Los Caballeros Templarios, ha sumido al periodismo local en una crisis de credibilidad. 

Nunca como ahora el ejercicio periodístico en esa entidad –en donde lo más grave eran las desapariciones y ejecuciones de algunos reporteros– había sido tan cuestionado.

El video que la periodista Carmen Aristegui puso a los ojos de México y el mundo, en donde aparecen José Luis Díaz Pérez, director de la agencia noticiosa Esquema, y Eliseo Caballero Ramírez, hasta hace unos días corresponsal de Televisa, coloca en tela de juicio el trabajo informativo de todo un gremio. 

No deja intacta la duda sobre la posibilidad de pacto entre reporteros y crimen organizado.

Sin embargo, Michoacán despunta a nivel nacional por ser una de las entidades que mayor cantidad de quejas de agravios a reporteros registra.

De acuerdo a datos de la asociación Artículo 19, en el primer semestre de este año se tenían registrados un total de 157 agresiones a medios de comunicación y periodistas en México, el doble a comparación de 2012.

En el estado solo en lo que va de este año, entre la Comisión Nacional de Derecho Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos contra Periodistas de la PGR, han acumulado un total de 28 reclamos de agravio a los trabajadores de la comunicación. 

La mayor parte de reclamos están dirigidos contra funcionarios del gobierno estatal. Ninguna instancia ha emitido recomendación a favor de alguno de los agraviados.

La mayor parte de los periodistas en la entidad trabajan sin ninguna garantía social, con salarios que van de los 300 a los 780 pesos por semana, sin viáticos ni apoyos para transporte o equipo de trabajo. Los periodistas son contratados por honorarios: el campo fértil de la corrupción.

Índice de impunidad

De acuerdo al organismo internacional denominado Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) México ocupa actualmente la posición número ocho, en el contador general de impunidad. Las principales víctimas de la impunidad en México, son los periodistas. 

“La red de narcotráfico, crimen y corrupción oficial que ha impulsado una ola de violencia en extensas regiones del país también ha producido un efecto devastador en la prensa”.

Datos oficiales de ese organismo indican que al menos 15 casos de periodistas asesinados permanecen sin resolverse en la última década. 

Ya son 11 los periodistas que han desaparecido durante este período, y una cantidad numerosa de asesinatos cometidos bajo circunstancias poco claras. 

El estado de Michoacán es una de las regiones de mayor riesgo para el ejercicio del periodismo, no solo por la violencia, sino por el abandono de los reporteros por parte de sus casas editoriales.

El pasado fin de semana, antes de que saliera a la luz pública el video que desacredita el profesionalismo de dos periodistas michoacanos, otro periodista perdió la vida en circunstancias poco claras. 

El fotorreportero del diario Cambio de Michoacán, Raúl López Melgoza fue encontrado sin vida a bordo de su camioneta en la zona urbana de Morelia, tras tres días desaparecido.

La forma en que perdió la vida el que fuera reconocido como uno de los mejores fotorreporteros de la entidad, no ha sido clara. 

Existe una versión de las autoridades ministeriales de la entidad, que indica que el periodista murió en su camioneta por bronco aspiración. Pero también existen versiones extra oficiales que indican que fue asesinado. Los familiares de la víctima han aceptado la versión de la Procuraduría de Justicia del estado.

Similar conducta del gobierno de Michoacán ha sido en torno a la desaparición de otros comunicadores, cuyos casos no han podido ser resueltos.

Entre los periodistas desaparecidos se encuentra José Antonio García Apac, desaparecido desde  20 de Noviembre del 2006. 

El “Chino Apac” –como era conocido en el gremio– dirigía un medio local llamado Ecos de la Cuenca, en la zona de Tepalcatepec, origen de los grupos de autodefensa.

También permanecen sin avance en su localización los periodistas Gerardo Paredes y Gamaliel López Candonosa, ambos trabajaban para Televisión Azteca, vistos por última vez el 10 de mayo del 2007. Juan Pablo Solís, un empresario michoacano de la radio, que desapareció el 7 de diciembre del 2007 tampoco ha sido localizado.

Se desprende de un informe de la organización Reporteros Sin Frontera que el caso de Mauricio Estrada Zamora no ha mostrado mayor avance. 

El periodista, corresponsal del periódico regional La Opinión de Apatzingán, se encuentra desaparecido desde el 12 de febrero de 2008. 

Al día siguiente de su desaparición se publicó un artículo firmado por él que relataba el arresto de una banda de narcotraficantes en la localidad de Aguililla. 

Un agente del grupo antisecuestros sugirió entonces a la familia un hecho causa-efecto. Según otra versión, el periodista tenía con  “El Diablo”, policía de la ex Agencia Federal de Investigación (el FBI mexicano)“El Diablo” fue transferido fuera de Michoacán el 11 de febrero de 2008, la víspera de la desaparición del periodista de La Opinión de Apatzingán.

María Esther Aguilar Cansimbe –sigue el informe de Reporteros Sin Frontera– no ha vuelto a dar señales de vida desde el 11 de noviembre de 2009. Sus allegados temen que la investigación se hunda. 

Aguilar Cansimbe trabajó durante 10 años como periodista, fue corresponsal de varios medios y cubríalos casos de droga, para el diario El Cambio de Michoacán. 

Poco antes de desaparecer, la periodista había relatado los abusos de poder y las brutalidades cometidas por el jefe de Seguridad Pública del municipio de Zamora, Jorge Arturo Cambroni Torre. 

El 30 de octubre de 2009 cubrió la captura por parte del ejército de Jorge García Garnica, alias “El Bofo”.Finalmente, Ramón Ángeles Zalpa, quien era corresponsal del periódico Cambio de Michoacán desde hacía 10 años, se encuentra desaparecido desde el 6 de abril de 2010. Entre la fecha de su desaparición y julio pasado, la Procuraduría Federal de Justicia llevó a cabo 18 diligencias. 

Ninguna de las líneas de investigación que se siguen se ha fortalecido y el móvil profesional sería en ellas incierto.

Denuncia irregularidades

Un hecho polémico fue la detención y apresamiento del periodista Juan Manuel Valenzuela Villegas, detenido el pasado 5 de septiembre por el presunto delito de extorsión en grado de tentativa. 

A la fecha el comunicador continúa sujeto a un proceso penal.

Juan Manuel Valenzuela Villegas en encuentra preso en el Centro de Readaptación Social (Cereso) de Zamora, junto con otros dos de sus compañeros, denunció la hermana del acusado, María Isabel Valenzuela Villegas, quien asegura que hubo varias irregularidades en la detención de su hermano por parte del Ministerio Público. 

“Es una cacería de brujas”, denunció. El periodista investigaba presuntos vínculos del crimen organizado con la administración del expresidente municipal de Zacapu, Arturo Asencio Rodríguez.

Juan Manuel Valenzuela Villegas director de un medio local denominado Radar, “fue detenido por un grupo de presuntos elementos policíacos encapuchados, a bordo de una camioneta blanca, con torretas, pero sin logotipo impreso, quienes además no se identificaron ni permitieron que él se identificara”, acusa la hermana del periodista preso. 

Junto con Juan Manuel fueron detenidos sus colaboradores Francisco Pérez Bautista y Luis Reyes Reyes.

La acusación de extorsión contra el periodista y sus colaboradores fue hecha por el exalcalde de Zacapu, Ascencio Rodríguez, quien al momento no ha acudido a ratificar sus señalamientos en contra del comunicador. 

El caso ha sido abandonado por la prensa local y solo lo acompaña la Asociación Nacional de Locutores, de la que Juan Manuel Villegas es miembro.

Periodista despedido

Recientemente, el periódico La Voz de Michoacán solicitó la renuncia “voluntaria” al fotoperiodista Armando Solís, quien el pasado 2 de septiembre fue agredido y amenazado por parte de un elemento de la recién creada Fuerza Ciudadana en la ciudad de Morelia.

La causa del despido del periodista fue por haber hecho pública la denuncia de agresión de la que fue objeto por parte de un elemento policiaco, justo cuando realizaba su trabajo en pleno centro de la capital del estado. 

Un reducido grupo de periodistas, cuestionó al diario local, donde el reportero gráfico laboró por espacio de dos años. 

Se le criticó desde las redes sociales no solo por no haber respaldado a su trabajador, sino por haber aceptado tácitamente la agresión como una falta de conducta del mismo reportero.

Un grupo de periodistas acudió a la CEDH para pedir asistencia contra el abuso de poder.Tras el despido, el periodista se considera doblemente víctima, pues también sufrió agresiones verbales y empujones por parte del policía con el que se confrontó, quien además lo fotografió y grabó, sin que estas prácticas estén fundamentadas en las actuaciones de los elementos de seguridad de Michoacán.

Otro periodista michoacano que también sufrió agresiones por el desempeño de su trabajo es director de la Agencia Informativa Noventa Grados, José Maldonado, golpeado de manera arbitraria por policías estatales cuando los fotografió mientras sustraían pertenencias de un vehículo. Ninguna autoridad estatal ha respondido por el hecho.