El Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso de la Ciudad de México tiene trabajando en la Contraloría Interna del órgano legislativo a seis de sus militantes que no tienen ningún grado académico superior concluido y algunos tampoco experiencia comprobable.
A pesar de que no tienen cédula profesional, ganan sueldos mensuales que van desde los 19 mil hasta los 50 mil pesos.
Los seis funcionarios referidos son Jessica Guadalupe Mercado Cortés, Miguel Alejandro Baz Baz, Diego Alejandro Espino Loya, Rodolfo Hurtado Salazar, Sandra Jenny Ramírez Elizalde —quienes tienen una plaza como investigador del órgano interno de control— y Aline Julieta Yepez Mandujano, quien es directora de Quejas Ciudadanas de la Contraloría.
Además de esto, de cinco de ellos se desconoce su trayectoria profesional, pues su información curricular no está publicada en los portales de transparencia aún cuando debería ser pública por mandato de ley.
El 14 de octubre de 2019, Reporte Índigo publicó que la Contraloría del Congreso está dominada por el PAN, pues su director Jorge Real Sánchez y sus subdirectores son militantes del partido aún cuando esto representa un conflicto de interés.
Incluso, en la alcaldía el PAN día Miguel Hidalgo y es cercano al coordinador de la bancada parlamentaria del blanquiazul en el Congreso, Mauricio Tabe Echartea.
La información sobre las remuneraciones mensuales de los trabajadores del Congreso revela que 21 panistas trabajan en la Contraloría del Congreso
Sin título pero con sueldazo en Congreso
Una revisión a la información sobre las remuneraciones mensuales de los trabajadores del Congreso — disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia y cuya última actualización es el 30 de septiembre pasado— revela que 21 panistas trabajan en la Contraloría del Congreso, unidad encargada de revisar el correcto ejercicio de recursos del legislativo.
Seis de esos 21 perfiles no tienen una cédula profesional de acuerdo con las consultas hechas en el Registro Nacional de Profesionistas de la Secretaría de Educación Pública.
De los seis que no tienen ningún certificado de estudios profesionales, de cinco se desconoce su trayectoria profesional; su currículum no está disponible en los mecanismos de consulta de información pública, lo que incumple con la Ley de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Rendición de Cuentas de la Ciudad de México.
Lo anterior no influye en sus percepciones salariales que van desde los 19 mil pesos hasta los 50 mil, cifra similar a la que perciben de dieta los diputados locales.
En el primer caso, la información revisada señala que Jessica Guadalupe Mercado Cortés labora como investigadora, gana un sueldo de 25 mil 161 pesos al mes netos y es militante del PAN en la alcaldía Tláhuac desde el 24 de octubre del 2000.
Después está Miguel Alejandro Baz Baz que milita en el PAN en la alcaldía Venustiano Carranza desde el 18 de julio de 2000; pese a no tener ningún grado académico superior, percibe 30 mil 857 pesos de salario mensual.
Mientras que Diego Alejandro Espino Loya por las mismas funciones que en los dos casos anteriores gana 25 mil 161 pesos y milita en el PAN de Álvaro Obregón desde el 3 de enero de 2020.
A su vez, Rodolfo Hurtado Salazar obtiene 36 mil 857 pesos netos mensuales como trabajador del órgano interno de control del Congreso; él forma parte de las filas del PAN desde agosto de 2007.
Por otra parte, Sandra Jenny Ramírez Elizalde gana 19 mil 395 pesos y es parte del PAN de Álvaro Obregón desde el 6 de junio de 2011.
Por último está Aline Julieta Yepez Mandujano, que desde el 29 de julio de 2018 milita en Acción Nacional y está adscrita a la alcaldía Benito Juárez
Yepez Mandujano es la única cuyo currículum está disponible, no obstante, solo tiene concluido el bachillerato y pese a ello, ocupa la dirección de Quejas Ciudadanas de la Contraloría y gana 51 mil 822 pesos al mes netos. Cifra similar a la dieta de un diputado local que es de 52 mil pesos.
El conflicto de interés del PAN
Que el PAN tenga a dichos funcionarios trabajando en la Contraloría representa un conflicto de interés porque ellos son los que revisan cómo gastan sus recursos las fracciones parlamentarias de los partidos políticos.
La normatividad interna de la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México indica que el conflicto de interés es cuando el interés laboral, personal, profesional, familiar o de negocios de una persona servidora pública puede afectar el desempeño imparcial de sus funciones.
Lo anterior podría implicar un sesgo al momento de fiscalizar los recursos porque el blanquiazul podría aprovechar su condición para presionar a sus rivales políticos.
Cabe destacar que la contraloría también es la encargada de realizar todas las investigaciones respecto a posibles irregularidades en las contrataciones.
