Órdenes de aprehensión pendientes y rendición de cuentas ante las autoridades mexicanas por desvío de recursos y lavado de dinero son algunos de los asuntos que deberán resolver políticos y empresarios para 2021.
En julio de 2019, el entonces delegado de Programas para el Desarrollo del gobierno federal en Jalisco, Carlos Lomelí, renunció a su cargo tras ser señalado como el eje central de una red de empresas farmacéuticas que buscaba ser contratista de la administración de Andrés Manuel López Obrador en la megalicitación de medicinas.
De acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI), Lomelí Bolaños encabezó una red farmacéutica conformada por nueve empresas dedicadas a la venta de medicamentos con los mismos socios, apoderados legales, representantes e incluso domicilio en Zapopan, Jalisco, a pesar de que el funcionario sólo reconocía como propias cuatro de esas compañías.
Ante las acusaciones, la Secretaría de la Función Pública (SFP) abrió siete investigaciones por conflicto de interés contra el exdelegado, sin embargo, Lomelí Bolaños informó que fue exonerado por el Tribunal Federal de Justicia Administrativa y aseguró que buscará contender por la alcaldía de Zapopan o Guadalajara en 2021
Orden de aprehensión pendiente por desvío
Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), durante el sexenio de Vicente Fox, acumula cuatro órdenes de captura en su contra por el delito de desvío de recursos.
Los primeros días de diciembre, un Juez de Control de la Ciudad de México libró una nueva orden de aprehensión contra Gil White, quien permanece prófugo desde julio de 2019, pues se le acusa de haber hecho uso de empresas factureras con el objetivo de desviar 100 millones de pesos de la empresa Oro Negro.
La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México acreditó que el empresario ordenó que se enviara el dinero a Elementos Visionarios, una empresa que fue incluida como facturera en la lista que publica la Secretaría de Hacienda a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT). Tan sólo las tres órdenes de aprehensión en su contra alcanzan un monto de mil 270 millones de pesos.
A Gil White también se le acusa de administración fraudulenta y abuso de confianza por el mal uso de 750 millones de pesos provenientes del fideicomiso de inversión de Axis Capital Management con fondos de Desarrollo suscrito por AFORES, lo que hizo que se vieran comprometidos los fondos para el retiro de los trabajadores suscritos a Sura y Citibanamex.
Otro de los delitos que se le imputan es el abuso de confianza por el desvío de más de 160 millones de pesos provenientes de cinco transferencias bancarias por 251 millones de pesos el 26 de septiembre de 2018 acreditadas a la empresa Perforadora Oro Negro para el pago del IVA. De dicho monto, Gil sólo habría hecho el pago por 91 millones de pesos, lo que comprometió a la empresa que en ese momento se encontraba en concurso mercantil.
Las autoridades no sólo buscan a Gil sino también a sus socios y cómplices, Carlos Enrique Willamson Nasi, Miguel Ángel Villegas Vargas y Cynthia Ann Delong.
Huir de la justicia
A la lista de empresarios que tienen pendiente una cita con las autoridades se suma Guillermo “Billy” Álvarez, presidente de la Cooperativa La Cruz Azul. En julio, un juez liberó una orden de aprehensión en su contra y otras cinco personas, entre ellas el exdirectivo Víctor Garcés, por los delitos de delincuencia organizada y lavado de dinero.
Para agosto de este año, un Juez de Control de la Ciudad de México libró una segunda orden de aprehensión contra “Billy”, su hijo Robin Álvarez, y otros siete socios de la Cooperativa, por el delito de administración fraudulenta.
En dicha denuncia, se acusó a Guillermo y al resto de los señalados de crear un fideicomiso ilegal sin la autorización de la Asamblea, mediante el cual desviaron recursos y causaron un daño al patrimonio de la Cooperativa por más de 2 mil 257 millones de pesos.
En junio, luego de revelarse las primeras acusaciones en su contra, la defensa de “Billy” Álvarez aseguró que los documentos filtrados sobre las investigaciones contenían errores, como gastos y propiedades de homónimos, sin embargo, ninguno de los acusados se habría presentado ante las autoridades, por ello, la Interpol emitió una ficha roja para buscarlo en 192 países y a las personas involucradas.
Gonzalo Gil White, hijo de Francisco Gil Díaz, extitular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público durante el sexenio de Vicente Fox, acumula cuatro órdenes de captura en su contra por el delito de desvío de recursos
Proveedor en la mira
En 1994 el empresario Carlos Cabal Peniche fue acusado por la Procuraduría General de la República por el delito de fraude cuando estaba al frente del banco Cremi Unión, el cual adquirió durante la reprivatización bancaria en el gobierno del expresidente Carlos Salinas de Gortari.
A pesar de que a Cabal Peniche se le vincula con contratos para la infraestructura del Banco del Bienestar en el país, Reporte Índigo mostró que tampoco existen registros de su participación.
Al cuestionarle al presidente sobre la participación de Peniche en su administración, López Obrador aseguró durante una de sus conferencias matutinas que “no está cercano al proyecto nuestro. Él tiene actividades empresariales, pero no existe ninguna relación con nosotros, al menos yo no lo veo pues desde hace como 30 años, o sea, por si falta aclararlo, o sea, no lo he visto”.
