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Muy temprano en su sexenio al frente del Gobierno de Jalisco, Emilio González Márquez decidió contar con lo servicios privados de una firma especializada en sistemas aéreos no tripulados.
El aparato, mejor conocido como dron, realizaba la recolección de información desde el cielo a través de una vigilancia encubierta.
Sin saberlo, los habitantes de Jalisco, y particularmente del Área Metropolitana de Guadalajara, estuvieron siendo observados por los ojos electrónicos de una pequeña aeronave de sólo 3.7 metros de envergadura, capaz de tomar imágenes con su tecnología infrarroja tanto en sobrevuelos diurnos como nocturnos.
En los archivos del Gobierno de Jalisco, y en concreto de la oficina del Despacho del gobernador, hay constancia documental de la contratación de un sistema de drones y de los pagos efectuados para ello, pero ni luces de los objetivos de su uso, ni de las actividades específicas realizadas con él.
De acuerdo con información obtenida tanto de la oficina del Despacho del gobernador como de la Secretaría de Planeación, Administración y Finanzas (Sepaf), el Gobierno estatal estableció el contrato 234/07 con la firma Hydra Technologies de México, el 24 de octubre del 2007.
Esa firma cobró notoriedad tras desarrollar el dron S4 Ehécatl con tecnología mexicana, en una alianza de instancias públicas y privadas, que la llevó a destacar en el mundo de la robótica militar.
El S4 fue adoptado por instituciones como la Policía Federal y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
Observación por 180 horas
La empresa Hydra Technologies de México se volvió proveedor del Gobierno estatal con la adjudicación directa en su favor con clave AD39/2007, para que hicieran uso de sus drones por un costo total de 3 millones 554 mil 187 pesos.
En dicho contrato, sin embargo, se omite cualquier detalle con respecto a los fines o alcances que tendría la explotación de esta tecnología por parte del gobierno de González Márquez, así como de los proyectos o ámbitos en los que serían utilizadas las aeronaves no tripuladas.
Lo que sí se especifica es que la solicitud de su contratación surgió de la Dirección de Área Administrativa de Dependencias Auxiliares, una instancia que depende directamente del Despacho del gobernador en la estructura estatal.
En la factura que la empresa expidió con el número 0101, del 28 de diciembre de 2007, luego de que se le pagara un anticipo del 50 por ciento, se señala esta descripción del servicio pactado:
“Anticipo del 50 por ciento del arrendamiento de equipo aéreo; contratación de servicio de vigilancia aérea mediante aeronave S4 Ehécatl, cubriendo un total de 180 horas de vuelo dentro y fuera de la Zona Metropolitana de Guadalajara”.
El Gobierno estatal, de esta manera, no adquirió los equipos de forma definitiva sino que los utilizó en un esquema de arrendamiento, donde la operación de los drones corrió a cargo de la propia empresa y sus técnicos, pues la cláusula sexta del contrato dice:
“El prestador de servicios se obliga a proporcionar el servicio de operación de las aeronaves por personal especializado, por lo que no es necesaria la capacitación de personal del Gobierno de Jalisco”.
Ni rastro de su vuelo
La gestión de González Márquez no dejó ningún registro entre los archivos del Despacho del Ejecutivo, sobre las actividades desarrolladas con este sistema de drones, mucho menos una bitácora de sus vuelos para saber las áreas de la ciudad y el estado que fueron vigiladas y cuándo.
Tanto la Sepaf como la oficina del Despacho confirmaron en sus respuestas por transparencia, la inexistencia de algún documento que precisara el origen y destino de los vuelos realizados dentro del contrato, pese a que la requisición del servicio salió del segundo.
En una consulta directa a la documentación en los archivos de la Coordinación Jurídica del Despacho del gobernador, autorizada el 9 de diciembre de 2015, su personal confirmó que todo lo que había en el expediente era el soporte de la asignación y sus pagos, no más.
Una ausencia documental que llama la atención, en especial porque los sistemas de drones dejan registro de todas sus actividades y de la transmisión en tiempo real de la información que recolectan.
Como la Sedena
El servicio que obtuvo el Gobierno de Jalisco en el 2007, según el contrato, le dotó de 180 horas de vuelo, esto es cerca de una quinta parte del uso que le da la Sedena a sus aeronaves no tripuladas en todo un año.
En respuesta a la solicitud 0000700052414, la Sedena detalló que en el 2013 sus sistemas aéreos no tripulados registraron un mil 02 horas con 4 minutos de vuelo sobre el territorio nacional, que era más del doble de lo realizado en el año 2012, con 450 horas con 25 minutos.
En el año 2011 fueron 863 horas con 50 minutos; en 2010, 508 horas con 56 minutos; y en 2009, 518 horas con 48 minutos.
En 2013 la Sedena informó que había invertido 25 millones de dólares en la adquisición de drones, y aunque reserva la cantidad, sí precisa que utiliza los modelos Hermes 450, G1 Guerrero, y el que usó el Gobierno de Jalisco, el S4 Ehécatl.
Acudieron al mismo proveedor del Gobierno estatal, al desarrollador de esas naves.
La Sedena ha reconocido el uso de drones en operaciones de protección civil, de vigilancia en zonas fronterizas e instalaciones estratégicas, y contra el crimen organizado.
En el tercer informe de gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, se indica que de septiembre de 2014 a julio de 2015 la Sedena emprendió 416 misiones de vigilancia y reconocimiento con aviones no tripulados.
“Para localizar aeronaves ilícitas, pistas o áreas susceptibles de aterrizaje clandestinas, resguardar instalaciones estratégicas y coadyuvar en operaciones en contra de la delincuencia organizada (…) con un total de mil 335:38 horas de vuelo”.
Antes de ‘Galileo’
La contratación de un sistema de vigilancia con drones que hizo el exgobernador González Márquez guarda similitudes con el caso del software “Galileo”, un programa intrusivo adquirido por la actual administración estatal, diseñado para vulnerar computadoras, teléfonos, correos electrónicos y redes sociales.
Con “Galileo”, si bien fue solicitado por la Fiscalía General en 2014 para su Unidad Especializada contra el Secuestro, terminó involucrándose un área que debía ser ajena a su explotación: la Secretaría General de Gobierno, incluso con capacitación a su personal sobre el software.
En el reportaje “El intruso sigue presente”, del 27 agosto del 2015, Reporte Indigo mostró comunicaciones internas de la firma que proveyó el software de espionaje, Hacking Team, donde se señala que éste tendría dos usuarios: la Fiscalía y la propia Secretaría de Gobierno.
Algo similar pasó con los drones, pues aunque existen versiones de que parte de su uso se dio en los ámbitos de infraestructura, ecología y protección civil, en realidad fueron contratados directamente por la oficina del gobernador, y no por alguna de las áreas afines a esos campos.
El 14 de agosto de 2008, en una nota del diario local El Informador, el proveedor de los drones aseguraría que el Gobierno estatal usaba su tecnología para monitorear obras, ríos, incendios y en acciones de protección civil.