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La imagen del magistrado Ricardo Suro Esteves como presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco se ha visto seriamente afectada luego de las acusaciones de abuso de poder que hizo en su contra el Arzobispado de Guadalajara.
Suro Esteves pretendía que su presidencia en el Supremo Tribunal jalisciense se caracterizara por recuperar la credibilidad del Poder Judicial del Estado ante la ola de señalamientos de corrupción de su antecesor, Carlos Vega Pámanes, quien terminó destituido e incluso inhabilitado de la función pública en el 2018 por el Congreso local.
Sin embargo, días después de que Suro Esteves fuera reelegido para un segundo periodo como cabeza del Poder Judicial de Jalisco este 14 de diciembre de 2018, la Arquidiócesis de Guadalajara afirmó de manera pública que el magistrado y su padre, Ricardo Suro Campos, estaban utilizando su influencia política en un conflicto legal con la asociación Cáritas, de la Iglesia Católica.
Según la narración de lo acontecido que hace el Arzobispado, el problema comenzó con la donación a Cáritas en 2016 de cuatro inmuebles que estaban inmersos en una pugna legal previa que desconocía esa asociación católica, pues dichos bienes eran reclamados por el padre del actual magistrado presidente del Poder Judicial local
La Arquidiócesis que encabeza el arzobispo de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega, así lo indicó este 28 de diciembre: “en 2016, Cáritas recibió cuatro propiedades. El propietario original era Luis Jaime Fernández López, quien había sido demandado en 2008, por no haber pagado los servicios legales que le brindó Ricardo Suro (Campos), por 3.6 millones de dólares”.
Y detalló: “antes de ser condenado a cubrir los daños y perjuicios, Luis Jaime vendió los inmuebles a su hermano Ernesto, y éste, con la finalidad de que no fueran embargados los bienes en disputa, y evitar el pago de la sentencia civil, los entregó a Cáritas, ignorando ésta el antecedente. Sin embargo, por desgracia e injusticia, se pudo configurar un acto de simulación en contra de Cáritas”.
A decir de la Arquidiócesis de Robles Ortega, se trató de un traspaso irregular de inmuebles, porque las fincas eran materia de un proceso judicial, pero que Cáritas ignoraba, y que el donante, Ernesto Fernández, no le informó.
Arrecia el conflicto
La Arquidiócesis del arzobispo tapatío, Robles Ortega, aseveró que el magistrado presidente y su familia están actuando al margen de la ley, aunque el juzgador es cabeza de todo el Poder Judicial.
“Cáritas está en la disposición de entregar los terrenos, pero de acuerdo a como marcan los procedimientos jurídicos, no como lo pide la familia Suro, por encima de la ley”
“Por el poder que maneja esta familia, se le facilitaron las cosas para que obrara y se le sometieran los otros poderes en juego. Por el cargo que ostenta, por supuesto que su influencia abarca muchos estratos, incluyendo mediáticos. Es falso que Cáritas se ha negado a devolver los bienes”, dijo.
“Lo que queremos es que resplandezca la verdad, la justicia y la caridad, no el abuso de quien se aprovecha de su poder y realiza abominaciones, incluso detrás de una acomedida amabilidad, escondiendo, sin vergüenza, a un lobo atroz. Tergiversar la verdad puede provocar escándalos y temores, pero es todavía más escandaloso y vergonzoso cubrir la verdad. Apelamos a la sensatez, a la cordura y a la legalidad de quienes depende aplicar la justicia como es debido”.
El conflicto entre la familia Suro y la Arquidiócesis escaló el 24 de diciembre pasado cuando la Fiscalía aprehendió al sacerdote Francisco de Asís, asesor diocesano de Cáritas, ante lo que la institución religiosa manifestó: “el Arzobispado de Guadalajara exige que el proceso que se sigue en contra del sacerdote se lleve con total transparencia y apego a la ley, dejando a un lado abusos de poder y arbitrariedades”.
De hecho, la orden de aprehensión que obtuvo la Fiscalía fue contra cuatro integrantes de Cáritas por el supuesto delito de fraude específico, por lo que el Arzobispado dijo que la credibilidad de la institución de caridad de la Iglesia católica de Guadalajara estaba en juego.
El mismo día que la Arquidiócesis hizo públicos la problemática y los señalamientos contra la familia Suro (28 de diciembre), se anunció la liberación del sacerdote detenido: “La liberación se dio gracias a la gestión de diferentes actores, y con el diálogo y la buena voluntad que ofreció el señor Ricardo Suro Campos, quien se desistió de los cargos levantados para llegar a un arreglo satisfactorio para todos”, dijo el Arzobispado.
La sombra de Vega
En febrero de 2018 el Congreso local inhabilitó por nueve años para ocupar cualquier cargo del servicio público a Luis Carlos Vega Pámanes, expresidente del Supremo Tribunal de Justicia, tras haber sido hallado culpable de ocultar sus antecedentes penales para así hacerse ilegalmente de su magistratura en el estado.
Luego de esa profunda crisis institucional en el Poder Judicial estatal asumió su liderazgo el actual presidente de la institución, Ricardo Suro Esteves, quien está en el ojo del huracán por las acusaciones en su contra del Arzobispado tapatío.
El 7 de diciembre pasado, en su segundo informe de actividades, Suro declaró que para ganar credibilidad se puso en marcha un proyecto encaminado a hacer que las cosas sucedan, hacerlas bien, aceptar lo que está mal y corregirlo.
Ante el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, agregó el magistrado: “hoy, a dos años de este camino iniciado, con orgullo y compromiso les comparto que somos un Poder Judicial más autocrítico, justo y sensible, y esto es gracias al trabajo que hemos realizado todos y cada uno de los que integramos el Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura”.
El exmagistrado presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, Luis Carlos Vega Pámanes, fue destituido e inhabilitado de la función pública en 2018 por el Congreso local para ocupar cargos públicos por 9 años, por ocultar sus antecedentes penales
