Los siete focos rojos para candidatos y elecciones

El informe “Riesgos para la Seguridad en México” elaborado por DataInt.MX identifica los focos rojos en materia de violencia para estas elecciones. Se trata de siete estados en los que ha incrementado el crimen en la pandemia.

Estas regiones son Tamaulipas, Guanajuato, Oaxaca y Morelos, donde no se renuevan gubernaturas; Zacatecas, Michoacán y Sonora, donde sí habrá cambio de poder a nivel gobernador, además de algunas ciudades fronterizas. El documento no habla de Guerrero, donde se mantiene también la presencia de crimen organizado.

En 2021, año en que se realizarán elecciones intermedias el 6 de junio, se prevé que persistan los conflictos entre organizaciones criminales en entidades como Tamaulipas en donde se vive un proceso de desafuero contra el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. Si bien en ese estado norteño de la República no habrá renovación de la gubernatura, sí se renovará el Congreso, 43 presidencias municipales y otros cargos públicos.

Otro punto de alarma es Guanajuato, que ha presentado 31 mil 684 delitos, lo que representa que en este 2021 es solo rebasado por Estado de México (91 mil 302) y la Ciudad de México (51 mil 197), de acuerdo con el compendio de delitos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública hasta marzo pasado.

En estas elecciones Guanajuato no renovará su gubernatura, lo mismo que Morelos, entidad que presenta 10 mil 052 denuncias por diferentes delitos hasta marzo.

“Desafortunadamente, el clúster de violencia en Guanajuato ha permanecido vigente durante los tres últimos años. Pese al arresto de José A. Yépez, “El Marro”, principal opositor regional del Cártel Jalisco Nueva Generación, esta última organización aún mantiene disputas armadas con grupos locales por establecer su hegemonía y por el control del robo de combustibles. En 2021, esta tendencia sigue”, explica la información.

En el caso de Oaxaca, que elegirá 125 presidencias municipales y el Congreso local, entre otros cargos, el documento indica que no existe un clúster de violencia, pero sí se registran brotes en pequeños municipios.

“La mayoría de los asesinatos que se han suscitado ahí están vinculados a conflictos étnicos y políticos. Esta situación se puede agravar durante el proceso electoral”, refiere.

Además, otros estados que sí renuevan y son focos rojos son Sonora, Zacatecas y Michoacán.

“La seguridad en Sonora se deterioró gravemente en 2020 debido a los conflictos entre los brazos armados de Caro Quintero y de los hijos de su antiguo aliado Joaquín Guzmán Loera. El gobierno de Estados Unidos ha presionado por la captura de Quintero, pero, por lo pronto, hay un importante número de organizaciones combatiendo en dos frentes: en el norte con epicentro en Caborca, y en el sur, con epicentro en Guaymas, afectando incluso a municipios de Chihuahua”, refiere el informe sobre Sonora.

Acerca de Zacatecas, dice que fue la entidad en donde más crecieron los asesinatos en 2020 y esa tendencia se trasladó también a los municipios colindantes de San Luis Potosí. Se espera que las disputas entre los cárteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación por el control de las rutas hacia EU, así como la debilidad institucional de ambas entidades, seguirán impactando en este año.

Sobre el caso michoacano, indica que continúan los enfrentamientos entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y organizaciones armadas que se identifican como autodefensas, pero que en algunos casos también están vinculadas con grupos armados como Los Viagras. Estos conflictos tienen más de una década.

En 2021, se prevé que persistan los conflictos entre organizaciones criminales en entidades como Guanajuato, Sonora, Zacatecas, Tamaulipas, Michoacán y Morelos, así como en algunas ciudades fronterizas, de acuerdo con el informe de la empresa DataInt.

Peligros a la vista en elecciones

“Durante los comicios electorales de 2021 existe el riesgo de incremento de la violencia. Hasta el momento, se reportan 22 asesinatos relacionados con el proceso”, explica el informe.

La capacidad del Estado mexicano en el combate a los delitos está en duda debido al contexto de debilitamiento institucional para afrontarlos.

“La debilidad institucional se sigue agravando en el sector de seguridad en México debido al frágil control civil sobre las fuerzas armadas, al deterioro de la relación con agencias estadounidenses y a los recortes presupuestales dirigidos a las corporaciones locales”, detalla el documento.

Además, el control del Ejército sobre el aparato de seguridad se ha consolidado y las instituciones locales no logran integrarse en la estrategia.

“El excesivo enfoque militarista de este gobierno, que va más allá del ámbito de la seguridad, puede ser contraproducente ya que la carga de atribuciones sea incompatible con la capacidad de las fuerzas armadas. Por otro lado, el debilitamiento de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSPC) ha inhibido su capacidad de impulsar políticas de seguridad integrales que vayan más allá del uso de la fuerza militar y de coordinar esfuerzos con autoridades locales”, explica el documento de DataInt.

La disminución de fondos federales para el fortalecimiento de las policías locales podría incidir en el incremento de los hechos delictivos.

“Se ha debilitado la capacidad presupuestal de las corporaciones policiales a nivel local con importantes recortes apegados a la política de austeridad del presidente. Con la desaparición del subsidio Fortaseg, un fondo de cuatro mil millones de pesos del cual dependían las policías de 280 municipios, así como con la reducción de Fortamun, del cual los municipios toman recursos para seguridad, queda claro que la implementación del Nuevo Modelo Policial no es una prioridad para este gobierno”, explica el informe.

“La transformación de las policías podrá ser realidad en entidades y municipios con voluntad y, sobre todo, con capacidad presupuestal propia, dejando así a la deriva una política que debería apostar a la homologación nacional”, añade el documento.

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