Para los familiares de las víctimas de desaparición, las autoridades estatales les quedarán todo a deber.
La oleada de secuestros, extorsiones y desapariciones que se han dado desde el inicio de la llamada guerra contra el narco, ha llenado a muchas familias de Nuevo León de incertidumbre y sufrimiento
Aseguran que las autoridades no se toman la molestia de buscarlos y archivan los casos para olvidarlos por años.
Desde enero de 2012, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (FUNDENL) ha tratado de seguirle los pasos de cada uno de los que un día salieron de casa y aún no han regresado.
Con el lema “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”, FUNDENL asesora jurídica y psicológicamente a quienes tienen un familiar en situación de desaparición.
Han integrado mesas de evaluación y análisis del trabajo de las investigaciones, a las que asisten representantes de dependencias de todos los niveles de gobierno.
En éstas hicieron las exigencias pertinentes al anterior procurador, Adrián de la Garza, pero afirman que nunca mostró interés en encontrarlos.
Consideran que las autoridades han sido indolentes.
“El Gobierno del estado no ha cumplido con su labor de proteger a la población. Durante la mayor parte de la gestión de Rodrigo Medina de la Cruz, la Procuraduría General de Justicia del Estado de Nuevo León fue responsabilidad del Lic. Adrián de la Garza Santos.
“Los resultados que pueden ver en los anexos son consecuencia de la decisión del procurador de no atender a las víctimas del delito. Esa decisión se vio reflejada en la actuación de ministerios públicos, policías ministeriales, servicios periciales y el servicio médico forense”, afirma FUNDENL en un comunicado.
Desde marzo del 2012 en que se integró, FUNDENL registra más de cien casos. Muy pocos que se han denunciado.
Son 23 los casos que están en supuesta investigación y 8 los que se han integrado a las mesas de trabajo, porque tienen un expediente completo ante las autoridades.
El reporte de FUNDENL detalla que el 83 por ciento de la investigación y búsqueda no se ha realizado y después de diez meses de reuniones, aún hay 56 por ciento de los casos en calidad de “trámite”.
En un 27 por ciento de los casos, ya no pueden hacerse indagatorias, por ejemplo en registros de llamadas, porque por omisión de las autoridades no se realizaron de manera expedita y las compañías telefónicas ya no conservan la información.
“También en muchas comparecencias las respuestas que tenemos de los interrogatorios son: ‘no se acordaba’, ‘no quiso declarar’, ‘no sabía nada’, y seguimos sin avanzar”, difunde el organismo.
Aseguran que no se ha detenido a nadie, ni un solo responsable de alguno delos casos registrados, y le dan un mes al actual Procurador, Javier Flores Saldívar, para que todos los rubros que están en “trámites” se resuelvan.
Campaña para invitar a denunciar
Jesús González Ramírez, miembro de la agrupación, informó a Reporte Indigo el lanzamiento de una campaña para apoyar a más víctimas de la delincuencia, acordada por las mesas de trabajo y el Centro de Orientación Protección y Apoyo a Víctimas de Delitos (Copavide).
Dijo que la intención es que los familiares de las víctimas de desaparición, que no saben que ya existe una Ley que los protege, se acerquen, denuncien y sean apoyados legalmente.
“Hay hijos de las víctimas que no van a la escuela porque no tienen con qué pagar, deben saber que la Ley contempla el apoyarlos en los trámites de Infonavit para la esposa o el esposo. En ésas y muchas cuestiones pueden ser apoyados si denuncian”.
