Mario Anguiano, acusado en Colima

En Colima, donde hace muchos años no pasaba nada, se comienza a asomar la sombra del narco y la corrupción. Ante la presunción de la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Gobierno estatal de la administración pasada, el Congreso local -de mayoría panista- decidió interponer una denuncia penal ante la Procuraduría de Justicia local, en contra del ex gobernador priista, Mario Anguiano Moreno.

La causa de la denuncia, asentada en la instrucción SJP/CI/II/475/2016, es por la probable relación del exgobernador y al menos cinco de sus principales allegados, en los ilícitos de peculado, ejercicio indebido de funciones, coalición de los servidores públicos y falsedad ante autoridades no judiciales.

Los colaboradores de Mario Anguiano que son señalados de haber participado en actos de corrupción son el exsecretario general de Gobierno, Rafael Gutiérrez Villalobos; la exsecretaria de Finanzas y Administración, Blanca Isabel Ávalos Fernández; así como Adriana Elizabeth Vargas Valle, Ricardo Miguel Arteaga González y Jorge Anguiano Olmos, directores de área de la Secretaría de Finanzas.

La principal imputación que se le hace al exgobernador Mario Anguiano Moreno, es el desvío de recursos federales por el orden de los 638 millones de pesos, de un crédito que no fue aplicado en programas de infraestructura educativa, como venía etiquetado. El desvío de esos fondos fue documentado por el Órgano Superior de Auditoría y Fiscalización Gubernamental (OSAFIG) del Congreso local.

Dicha acusación hizo que el mismo exgobernador solicitara el amparo de la justicia federal para evitar su detención y la incautación de bienes, como resultado de los señalamientos. El amparo le fue concedido por parte de un juez de distrito en la capital de Colima, bajo el expediente 1824/2015, del cual fue notificado apenas el pasado 16 de mayo.

El amparo concedido a Mario Anguiano no solo evita la prisión y la incautación de bienes, sino que también prohíbe a los diputados locales “revelar cualquier información sobre el procedimiento que el Congreso local tiene abierto” en contra del ex mandatario de Colima.

Sin embargo, pese al amparo de la justicia federal sobre Mario Anguiano, la Procuraduría de Justicia del Estado sigue con las investigaciones derivadas de la instrucción del Congreso local a fin de ubicar el paradero de los 638 millones de pesos, de los que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) no pudo ubicar en las arcas oficiales.

Una línea de investigación que se sigue entorno a dicho desvío de fondos, según lo pudo corroborar una fuente del interior de la Procuraduría de Justicia del Estado de Colima, apunta a la posibilidad de que una parte de esos fondos se hayan destinado “al pago de cuotas” para el crimen organizado.

Y es que en Colima, como en la mayor parte de los estados en donde la presencia del crimen fue en ascenso en los últimos dos años, las células de los cárteles también fijaron su ambición en una parte de las participaciones federales destinadas a obras de infraestructura y programas de asistencia social, principalmente las que tienen que ver con el combate a la pobreza.

Entidad infiltrada

El Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que incrementó notablemente su presencia en la entidad, en los dos últimos años de gobierno de Anguiano Moreno.

Tal fue la presencia del crimen organizado en el estado de Colima, principalmente en la zona del Puerto de Manzanillo, que esa entidad, de acuerdo a los datos de la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), se colocó “de la noche a la mañana” entre los estados más violentos de todo el país, aun por encima de Guerrero, Chihuahua y Sinaloa.

Las secuelas de la permisión del crimen organizado en Colima aún se observan: con corte al mes de mayo, la CNS estableció que por cuarto mes consecutivo esta entidad se ubicó en el primer lugar de conteo nacional sobre homicidios, con una taza de 6.5 homicidios por cada 100 mil habitantes, durante un mes.

Esa cifra es notablemente superior frente al índice de homicidios por mes que se registró en Guerrero, donde se cuantificaron 4.7 asesinatos dolosos por cada 100 mil habitantes; en Sinaloa fueron 3.4 homicidios y en Guerrero 4.7 asesinatos sobre el mismo número de habitantes, solo en el mes de mayo.

Las estadísticas de la CNS indican que en lo que va del año, en el estado de Colima, como resultado de la creciente presencia del crimen organizado y la disputa por el control de la plaza que representa el Puerto de Manzanillo, se han registrado un total de 245 asesinatos, que equivalen a 33.3 homicidios por cada 100 mil habitantes en lo que va del año.

La cifra de Colima salta si se considera que uno de los estados más violentos, como Guerrero, lleva un acumulado en lo que va del año de 23.9 asesinatos por cada 100 mil habitantes. El promedio nacional de homicidios dolosos, según la Comisión Nacional de Seguridad, es de 6.3 por cada 100 mil personas.

Estado de dudas

El caso de desvío de fondos, que ha puesto al Congreso local de Colima contra el exgobernador, brilla no solo por los montos de recursos atribuidos a malos manejos administrativos, sino porque de acuerdo a la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental, realizada por el Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI), el estado de Colima es el menos corrupto de todo el país.

De acuerdo al INEGI, en Colima, durante el 2015, solo se registraron 9 mil 230 actos de corrupción, cuantificados en base a las denuncias ciudadanas sobre el desempeño gubernamental. El promedio nacional de actos de corrupción registrados por entidad durante el 2015 fue de 30 mil 97 actos, reportados por cada 100 mil habitantes.

Pero las cifras de la encuesta que colocan a Colima como el estado menos corrupto del país, no cuadran con la realidad encontrada por la Auditoría Superior de la Federación durante la revisión de la cuenta pública del 2014; allí se encontró que una parte de los fondos destinados a la seguridad pública y a la infraestructura urbana no fueron aplicados.

Uno de los renglones que más irregularidades administrativas presentó al momento de comprobar el manejo de los fondos federales destinados al pasado Gobierno estatal, fue el del fondo de Infraestructura Social, donde el 99.6 por ciento de los fondos manejados presenta algún tipo de inconsistencias.

Tomando como base los señalamientos de la ASF, y aun cuando el ex gobernador Mario Anguiano Moreno cuenta con un amparo que le impide ser detenido y que sus bienes sean incautados, este miércoles, una comisión del Congreso local hizo formal denuncia de hechos por el delito de peculado ante la Procuraduría de Justicia del Estado.

“Ahora el balón está en la cancha del gobernador Ignacio Peralta Sánchez”, dijo el diputado Nicolás Contreras Cortes, presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados del estado, al momento de presentar la denuncia de hechos ante la Procuraduría local. “Al gobernador es al que le toca ahora hacer cumplir la ley”.Al gobernador (Ignacio Peralta Sánchez) es al que le toca ahora hacer cumplir la ley”