Medina: la cita con su destino

La Subprocuraduría Anticorrupción estatal alista solicitar la primera cita de audiencia para la formulación de cargos contra el exgobernador Rodrigo Medina y 11 exfuncionarios por el desvío de 3 mil 600 millones de pesos.

Esto sería por los delitos de peculado, delitos patrimoniales, ejercicio indebido de funciones equiparable y ejercicio abusivo de funciones, que podrían alcanzar sentencias de 2 a 12 años de prisión.

La unidad anticorrupción que lleva la investigación, encabezada por el fiscal Jorge Emilio Iruegas, reveló que dentro del expediente 2894/2016 se presentó dos carpetas de investigación.

“Una sería por contratos irregulares sobre ocho órdenes de compras y un arrendamiento del Sistema Estatal de Caminos, y otra por la simulación de una obra de este mismo ente público”, dijo el fiscal.

Se informó que en esta investigación se realizaron entrevistas, comparecencias, informes de autoridades, peritajes especializados, establecimiento de redes de vínculos y análisis de información.

El fiscal explicó que en esta primera audiencia el agente del Ministerio Público también podría solicitar al juez Pedro Cisneros Santillán la vinculación a proceso de Rodrigo Medina y sus exfuncionarios.

“Ahí mismo, se podría solicitar una medida cautelar que corresponda, que en este caso es la necesidad de cautela respecto a las circunstancias particulares de cada una de las personas que se les estará formulando la imputación”, dijo Iruegas.

Además, el agente del Ministerio Público podría solicitar la ampliación de la investigación por seis meses, y al término de esto ya se podría acusar formalmente al exgobernador Medina y a sus exfuncionarios.

“Para (con esto) llegar a la audiencia intermedia poniendo cuáles son los medios de prueba que se desahogarían en la audiencia de juicio oral”, explicó el fiscal.

Cabe recordar que el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio establece que el presunto inculpado tendría que presentarse de manera física en esta cita, de lo contrario se ejecutaría la orden de aprehensión.

Los testigos protegidos

El fiscal Jorge Emilio Iruegas abrió la puerta a las personas involucradas para que puedan tomar salidas alternas, y brindar información eficaz, como lo establece el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.   

“Pero anteponiendo los intereses del propio Estado a la información y a los fines que podremos conseguir, así como una sanción de daño reparatorio, pero bajo los mismos requisitos que hablamos anteriormente”, aseguró Iruegas.

Reporte Indigo adelantó que la Fiscalía Anticorrupción puso sobre la mesa la figura del testigo protegido para que faciliten información contra el exgobernador Rodrigo Medina.

Todos los involucrados, como exfuncionarios, empresarios y prestanombres, que hubieran estado implicados en un acto de corrupción en la administración pasada, podrían participar para atenuar una posible sanción.

Aldo Fasci Zuazua, asesor jurídico del Gobierno del Estado, reveló que dentro de las denuncias derivadas de la “Operación Tornado”, los involucrados tienen la posibilidad de participar.

“Yo doy información y entonces él no es testigo, es alguien que está diciendo: ‘sí, soy culpable, pero te voy a ayudar’”, dijo Fasci.

Analizan medida cautelar

El fiscal Jorge Emilio Iruegas, de la Subprocuraduría Anticorrupción estatal, explicó que se está analizando toda la gama de medidas cautelares que ofrece el nuevo Sistema de Justicia Penal Acusatorio.

“El código penal establece desde la prisión preventiva hasta la solicitud de firma, comparecencia periódica y la prohibición de salir de una suscripción (de Nuevo León), pero te digo, estamos analizando la información a la necesidad de cautela.

“En especial a lo relativo del riesgo de fuga y nosotros tendríamos esa gama de posibilidades para poderla solicitar al juez y, en el caso que el juez considerara que la información acredita a eso, se impondría la correspondiente”, dijo el fiscal.

Aclaró que el embargo de bienes del exgobernador Rodrigo Medina y los 11 exfuncionarios, solo sería por la reparación del daño al Gobierno del Estado.

“El embargo precautorio tiene que ver solo para garantizar el daño”, enfatizó.

Son al menos 30 implicados que tendrán que rendir declaraciones ante un juez por la investigación que lleva el Estado por el mal manejo de recursos en la pasada administración.

Así como la compra de terrenos para la armadora coreana Kia Motors México por medio del Sistema de Caminos, y no por Obras Públicas estatal.

En caso de que ningún implicado acuda a la cita con el juez, podrían girárseles orden de arresto.