El paso por México de la Caravana Migrante una vez más abre el debate sobre los abusos y el trato indigno de las autoridades migratorias mexicanas hacia las personas en tránsito que buscan llegar a Estados Unidos.
En México las quejas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por parte de personas migrantes dejan al descubierto una paradoja, y es que las autoridades que deben respetar sus derechos en todo momento son las mismas que pasan por encima de su integridad.
A través de una solicitud de información vía Ley de Transparencia, Reporte Indigo constató que entre enero del 2006 y febrero del 2018 la CNDH acumuló 7 mil 258 expedientes por quejas de migrantes por violación a sus derechos humanos por parte de autoridades mexicanas
El Instituto Nacional de Migración (INM) es el ente gubernamental que más involucrado está con quejas de violaciones a derechos de la comunidad migrante.
Entre 2006 y febrero de 2018 el INM estuvo presente en 5 mil 587 quejas; le siguió la Policía Federal con 529, la Secretaría de Relaciones Exteriores con 491, la Procuraduría General de la República (PGR) con 411 y la Secretaría de la Defensa Nacional con 196 expedientes por presuntas violaciones a derechos humanos de personas migrantes.
El activista y defensor de migrantes Ramón Verdugo de la organización Todo Por Ellos, ubicada en Tapachula, Chiapas, explica que aún cuando los migrantes tienen la oportunidad de solicitar visas humanitarias para permanecer en el país, la autoridad busca desmotivarlos para retornarlos a sus lugares de origen.
“Son instituciones agresoras y que igualmente limitan a las personas a poder disfrutar de sus derechos. Tenemos testimonios de adolescentes que nos dicen que luego de ser detenidos por agentes migratorios se les dice que por no tener pruebas no podrán solicitar visas humanitarias o les comentan ‘vas a pasar todo el procedimiento encerrado, mejor vete’. Tenemos un sistemático método de limitarlos en sus derechos”, señala Ramón Verdugo.
Además de las posibles violaciones a sus derechos que los migrantes podrían encontrar en su transcurso por México, también está la posibilidad de ser devueltos a sus países, pues entre septiembre del 2017 y junio de 2018 fueron devueltos por agentes de migración 268 personas cada día en promedio, según cifras oficiales.
De acuerdo con el Sexto Informe de Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, entre septiembre de 2017 y junio de este año 81 mil 231 personas extranjeras fueron retornadas a sus países de origen, de las cuales el 96.5 por ciento, es decir 78 mil 355, se “beneficiaron con el retorno asistido”.
“Los principales países de origen fueron El Salvador, Guatemala, Honduras y Nicaragua, que representaron el 99.0 por ciento de los retornos”, se lee en el Informe.
Para los activistas en pro de los derechos migrantes, Ramón Verdugo y Leticia Gutiérrez, retorno asistido es igual que deportación; con ese término consideran que las autoridades mexicanas intentan minimizar la connotación que tiene el acto de deportar a migrantes.
“El retorno asistido es una deportación en lenguajes elegantes, pero es una deportación a sus lugares de origen y no en las mejores condiciones. Por testimonios de colegas que están en Guatemala o en Honduras sabemos que son deportaciones donde el autobús en los que los trasladan se convierte propiamente en una prisión de carretera hasta que son entregados en las fronteras”, refiere Leticia Gutiérrez, fundadora de Scalabrinianas Misión para Migrantes y Refugiados (SMR).
“Lo que nosotros entendemos por un retorno asistido realmente es cuando una persona busca regresar a su lugar de origen y que por esa razón se le facilitan y brindan los medios para que lo haga de manera segura al destino que él desea”
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