La Comisión Nacional de Derechos Humanos de México (CNDH) y los organismos de derechos humanos solicitaron a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) el otorgamiento de medidas cautelares para prevenir que niñas, niños y adolescentes migrantes sean separados de sus familias en la frontera sur de Estados Unidos.
Junto a la CNDH, el recurso fue presentado por la Defensora del Pueblo de Colombia; la Defensora del Pueblo de Ecuador; la Procuraduría de Derechos Humanos de Guatemala; y el Comisionado Nacional de Derechos Humanos de Honduras.
En su escrito, estos organismos de derechos humanos piden a la CIDH que exija a los Estados Unidos de América interrumpir la práctica de separar a los niños, niñas y adolescentes migrantes de sus familias; y que adopte las medidas necesarias para proteger sus derechos a la integridad personal, la salud, la familia y la libertad personal.
“En los últimos meses las autoridades de Estados Unidos han sostenido la práctica de separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus padres y madres, alejándoles y tomándoles bajo custodia del Estado, mientras sigue procesos penales en contra de los adultos.
“Al respecto, las Instituciones Nacionales de Derechos Humanos resaltamos que anteriormente estas medidas no eran aplicadas y se intentaba proteger la unidad familiar, manteniendo a las niñas, niños y adolescentes migrantes junto con sus familiares”, señalan los organismos de derechos humanos.
En su argumentación, estos organismos señalan que la medida tomada por el gobierno del presidente Donald Trump es inhumana y representa un total desprecio por los derechos de las niñas, niños y adolescentes migrantes.
“La aplicación de esta política obedece a una intención de disuadir a las personas migrantes de ir a Estados Unidos, en una completa desatención del interés superior de la niñez, utilizando el miedo de las familias de perder a sus hijos e hijas como mecanismo de contención de la migración”, exponen.
La CNDH y los demás organismos defensores de derechos humanos citan el caso de Marco Antonio Muñoz, un migrante que había viajado desde Honduras hacia los Estados Unidos en busca de asilo.
Junto a él viajaron su esposa y su hijo de tres años. La familia fue separada luego de ser detenidos. El caso tuvo un final trágico: Marco se suicidó en una cárcel de Texas.
“El separar a las niñas, niños y adolescentes migrantes de sus familias, y posteriormente detenerlos o entregarlos a hogares determinados por el gobierno de Estados Unidos, con la posibilidad de que desaparezcan y no se tenga control de su paradero o situación personal, vulnera la obligación de garantía de respetar y proteger los derechos a la vida y la integridad física y psicológica, así como el derecho a la familia y el interés superior del niño”, argumentan en su escrito.
Los organismos de derechos humanos de estos países apelaron a la urgencia de la situación para que la CIDH se pronuncie al respecto.
