Michoacán ¿en venta?

El estado de Michoacán no solo es una de las entidades federativas que mayor oscurantismo registra en el manejo de los fondos públicos que recibe de la Federación, ahora se apunta como el primer estado que comenzará a rematar sus bienes públicos para saldar la pesada deuda económica generada en las tres últimas administraciones estatales.

A la fecha, el estado mantiene una deuda pública de 27 mil millones de pesos, pero también debe reintegrar a la Federación fondos por 3 mil 897 millones de pesos, que son los recursos federales que le fueron otorgados y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) calificó como no aplicados no comprobados o desviados.

Es decir, el dinero no se utilizó en la forma debida. Son esos fondos de los que algunos funcionarios estatales se beneficiaron.

Esta no sería la primera ocasión en que el gobierno de Michoacán tenga que devolver dinero. En la cuenta del 2012, el estado tuvo que reponer 4 mil 900 millones de pesos.

Sin embargo, para atender los compromisos de pago de deuda y reposición de fondos federales ilegalmente manejados por funcionarios estatales, el gobierno de Michoacán no cuenta con dinero suficiente. Por eso, el gobernador Salvador Jara tomó la decisión de comenzar a vender todos los bienes “improductivos” que se encuentren en la propiedad del gobierno estatal.

Para tal efecto se ha ordenado la formación de una comisión que habrá de someter a revisión toda la hacienda pública estatal, a fin de observar cuáles son los bienes que ya no representan ningún provecho a la administración a fin de rematarlos al mejor postor y obtener fondos que permitan sanear las finanzas.

La versión del gobierno indica que la comisión que busca hacer un catálogo de bienes con posibilidad de venta, se habrá a de abocar a “sacar equipo de cómputo inservible, maquinara obsoleta y muebles inservibles”.

Lo que no han dicho los integrantes de la comisión anunciada, es que también se está revisando el padrón de propiedades inmuebles que tiene el estado de Michoacán en todo el territorio, el que por cierto es un documento al que no se tiene acceso públicamente.

Solamente los mandos de la Secretaría de Finanzas conocen cuáles son las propiedades inmuebles del estado.

Trascendió el pasado fin de semana que todas las oficinas regionales de catastro recibieron la instrucción de hacer una valuación a los predios estatales, a fin de ubicarlos en la lista de enajenación que se pretende anunciar en los próximos días.

Sobre la forma en que se hará la venta de los bienes del estado aún no se sabe nada. La comisión se ha reservado el mecanismo a utilizar para vender predios y chatarra, donde no se descarta una subasta reducida a la que solo se tendrá acceso por invitación, o en su defecto solo entre empresas a las que el gobierno estatal les adeuda.

‘Una ocurrencia del gobernador’

Para el diputado del PT, Reginaldo Sandoval Flores, la intención de vender parte de la hacienda estatal para pagar la deuda que mantiene el estado, es una ocurrencia del gobernador Salvador Jara, que sigue dando tumbos con la administración del estado.

El diputado de izquierda aseguró que la propuesta de vender los bienes del estado no es otra cosa que “un río revuelto” en el que unos pocos ganarían.

Sandoval Flores recordó que a la fecha no existe un padrón actualizado que especifique claramente los predios propiedad del estado, con avalúos recientes y acordes a la realidad.

“Ni siquiera en la dirección de patrimonio estatal tienen esa información, la que es necesaria antes de asumir una empresa como esa”, dijo.

Una solución viable para sacar al estado de la crisis en la que se encuentra, producto de la deuda pública, dijo el diputado Sandoval Flores, sería que el gobernador Jara solicite un apoyo extraordinario a la Federación, de al menos 6 mil millones de pesos, para pagar los empréstitos más urgentes.

Perdón y olvido

Pese a que la Auditoria Superior de la Federación ha dotado de información precisa al gobierno estatal sobre los funcionarios responsables en los últimos 6 años de los malos manejos de los fondos federales destinados a Michoacán, el gobierno de Salvador Jara ha optado por el perdón.

A la fecha no hay averiguación previa alguna contra funcionarios públicos que incurrieron en el delito de malversación de fondos, pese a que se ha señalado malversación en las áreas de salud, seguridad pública, educación básica, obras convenidas y programas de combate a la pobreza.

Antes de que terminara su función, el comisionado Alfredo Castillo había anunciado acciones penales contra 22 funcionarios públicos, de los que nunca se dijo sus nombres, a los que se les ubicó algún tipo de responsabilidad en el manejo turbio de las finanzas estatales.

A la fecha, por decisión del gobernador se ha cancelado todo proceso de investigación contra funcionarios del orden estatal.

Deuda por chatarra

Tras el anuncio de la conformación de una comisión para comenzar a “desincorporar” de la hacienda pública los bienes que se consideren susceptibles de enajenación, el tesorero del estado Miguel López Miranda aseguró que la intención es vender lo que ya no le sirva a la administración estatal, principalmente equipo de cómputo.

El tesorero estatal asegura que puede haber empresarios interesados en que se les pague los adeudos del estado con mobiliario que se pudiera vender por kilos, en donde se incluyen unidades vehiculares que prácticamente ya no son comerciales en el mercado.

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