Modelo de plataforma contra la corrupción inviable
Los datos de la herramienta de denuncia de la Función Pública revelan que hay pocos casos en los que realmente se presenta información de relevancia para iniciar un proceso de investigación
Julio RamírezLa propuesta de denuncia de actos de corrupción a través de la plataforma por parte de los propios funcionarios y personas externas es inviable, considera el académico Edgar Ortiz Arellano.
“En realidad, las denuncias que proceden son muy pocas, esto nos dice que esta propuesta del presidente López Obrador de que los ciudadanos se acusen unos a otros, en términos jurídicos no es viable y en términos de mejora del combate a la corrupción tampoco ayuda”, considera el especialista.
“Lo que se tiene que hacer es que los órganos de carácter administrativo y jurisdiccional encargados de combatir la corrupción en la administración pública federal se mejoren, se reestructuren y no estén supeditados al poder político. Creo que hacia allá es hacia donde debe de ir la construcción de un sistema efectivo anticorrupción”, expone.
Considera que este método de denuncia puede levantar suspicacias acerca de que se use con fines políticos cuando, a decir del experto, lo que se debería de mejorar es el sistema judicial.
“Los ciudadanos que realmente tienen pruebas de actos de corrupción que hagan la denuncia pertinente ante las autoridades jurisdiccionales o las que correspondan para que se actúe conforme a derecho, nuestra obligación es exigirle a las autoridades que cumplan con su función de impartición de justicia y que los funcionarios y los servidores públicos actúen con responsabilidad ante posibles actos de corrupción”, explica Edgar Ortiz Arellano.
Dice que la administración pública federal es un aparato administrativo tan grande que resulta difícil que un área persiga todos los presuntos delitos o faltas administrativas que cometan los servidores públicos.
“En el caso de que realmente hubiera voluntad para darle seguimiento e investigación, tendría que crearse una estructura mucho más amplia, mucho más grande, incluso ajena a la Secretaría de la Función Pública para que pudiese atender todas las solicitudes de investigación o todas las denuncias que hay con respecto a posibles actos delictivos de los servidores públicos”, explica.
