El presidente de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ignacio Mier Velasco, informó que se recurrirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para interponer una controversia constitucional contra el Congreso de Tamaulipas e invalidar el “blindaje” al gobernador Francisco Javier García Cabeza de Vaca, quien enfrenta demanda de desafuero.
Morena, la fracción mayoritaria en San Lázaro, considera que la declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados y que los congresistas estatales no se pueden atribuir esas funciones, por lo que determinó presentar este recurso ante el Alto tribunal.
Mier Velasco, en entrevista, consideró que el Congreso de Tamaulipas está violentando la división de poderes.
Seguramente vamos a presentar una controversia constitucional donde estamos solicitando el pleno respeto al trabajo del Poder Legislativo y a lo que aprueban las y los diputados, porque nosotros consideramos que se está violentando la división de poderes.
Dijo que argumentarán que al declararse la procedencia del desafuero de un gobernador, las legislaturas de los estados son notificadas del hecho, para que el señalado quede a disposición del Ministerio Público, no para que los parlamentarios estatales emitan un nuevo pronunciamiento.
Insistió en que la declaración de procedencia es facultad exclusiva de la Cámara de Diputados, por lo que los congresistas estatales no se pueden atribuir esas funciones.
El documento de la controversia sería firmado por la presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara, Dulce Sauri, y va dirigido al presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el ministro Arturo Zaldívar Lelo de Larrea.
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De acuerdo con el proyecto de la controversia que se interpondría ante la SCJN, se demandará que la controversia constitucional referida sea resuelta de manera prioritaria.
Los diputados federales pedirán la invalidez legal de la norma aprobada por el
Congreso tamaulipeco a favor del gobernador por considerar que viola el ámbito de competencia de la Cámara de Diputados.
“Las reglas del Procedimiento de Homologación que se impugnan buscan desarrollar y reglamentar una supuesta ‘homologación’, prevista por el segundo párrafo del artículo 44 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Tamaulipas, que no tiene fundamento constitucional en la Constitución Federal ni en la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos”, se establece en el documento.
“Por lo anterior, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación debe declarar la invalidez del acuerdo (…) por el que se establecen las Reglas del Procedimiento de Homologación para el Ejercicio de las Atribuciones que confiere al Congreso del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas el párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos”, agrega.
Destaca que la declaración de procedencia tiene como fin conocer y resolver sobre la acusación que realice cualquier ciudadano o el Ministerio Público, a través de la presentación de pruebas contra diversos servidores públicos, por su probable responsabilidad penal.
Asimismo, señala que la facultad en esa materia, compete a la Cámara de Diputados, como lo marcan los artículos 74, fracción V; 108 y 111 de la Constitución; diversas disposiciones de la Ley Federal de Responsabilidad de los Servidores Públicos; así como otras previsiones establecidas en la Ley Orgánica del Congreso General.
